
Un nuevo video atribuido a Dereck Isaac McNeil, testigo vinculado a investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Peña y asesinado posteriormente en Roatán, volvió a colocar bajo escrutinio la actuación de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).
La grabación, que McNeil fecha verbalmente el 28 de octubre de 2025, comienza con una advertencia que hoy adquiere un peso particular: “Por si me matan”.
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En el video, el fallecido menciona a varios agentes y funcionarios, a quienes atribuye supuestas irregularidades en investigaciones relacionadas con Angie Peña, los llamados Delta Teams y otros procesos criminales.
Pero existe una diferencia fundamental entre una acusación grabada y una prueba judicial.
Hasta ahora, las afirmaciones difundidas corresponden a la versión de McNeil y no demuestran por sí solas que los agentes señalados hayan manipulado evidencia, protegido estructuras criminales o cometido otros delitos.

Los nombres aparecen, pero falta saber qué fue investigado
McNeil menciona a Fernando Miguel Carvajal Nolasco, Rafael Enrique Ardón Rodríguez, Hansel Armando Castellón Irías, Edgar Andrés Jiménez Flores y Arturo Josué Claros Cortés.
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Sobre algunos formula acusaciones directas, incluida una supuesta manipulación de información obtenida de teléfonos.
Esas declaraciones son graves precisamente porque afectan a funcionarios vinculados con tareas de investigación criminal.
La pregunta central ahora no es únicamente qué dijo McNeil frente a una cámara, sino si hizo esos mismos señalamientos formalmente ante fiscales o jueces, qué evidencia presentó y si las instituciones abrieron alguna investigación para comprobarlos o descartarlos.
El video no sustituye el testimonio judicial
McNeil aseguró también que personas vinculadas con los Delta Teams le habían ofrecido dinero para que no declarara y sostuvo que su intención era que “las cosas se esclarezcan”.
Ese señalamiento deberá diferenciarse de cualquier declaración anticipada que haya quedado incorporada formalmente dentro de una causa.
Si McNeil rindió testimonio anticipado ante autoridad competente, ese acto puede conservar valor procesal después de su muerte.
El video difundido públicamente es otra cosa.
Su existencia puede aportar una línea de investigación o revelar preocupaciones que tenía el testigo, pero su contenido no se transforma automáticamente en evidencia probada por haber sido grabado antes de su asesinato.
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Dereck McNeil dejó nombres antes de morir: qué puede probar realmente su video sobre el caso Angie Peña
Angie Peña y los Delta Teams no son el mismo proceso
Otro punto importante es evitar mezclar expedientes.
La desaparición de Angie Peña, ocurrida el 1 de enero de 2022 en Roatán, continúa sin una respuesta definitiva sobre su paradero.
Los procesos contra personas vinculadas con los denominados Delta Teams involucran investigaciones por otros delitos y no equivalen, por sí solos, a un juicio que determine directamente qué ocurrió con Angie.
McNeil relacionó ambos asuntos dentro de sus declaraciones, pero esa conexión también necesita respaldo probatorio.

El hecho de que McNeil fuera asesinado después de dejar grabaciones aumenta inevitablemente el interés sobre sus advertencias.
Sin embargo, la secuencia temporal tampoco demuestra que lo hayan matado por lo que sabía del caso Angie Peña.
Ese vínculo debe ser establecido por una investigación criminal independiente.
Lo mismo ocurre con sus afirmaciones sobre otros testigos muertos o desaparecidos: señalar una posible conexión no equivale a demostrarla.
La pregunta que queda para el Estado
El video deja ahora varias interrogantes difíciles de ignorar.
¿Las autoridades conocían estas acusaciones antes de la muerte de McNeil? ¿Fueron investigadas? ¿Existía evidencia que respaldara alguno de sus señalamientos? ¿Qué parte de la información que entregó quedó preservada dentro de expedientes judiciales?
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Después de su asesinato, McNeil ya no puede ser interrogado sobre esas afirmaciones.
Por eso, el verdadero peso de sus grabaciones dependerá menos de lo impactante de sus palabras y más de cuánto de lo que dijo pueda ser corroborado con documentos, testimonios, peritajes y evidencia independiente.
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