La posibilidad de que Honduras adopte una segunda vuelta electoral para elegir presidente volvió al centro del debate político.
El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, fue directo: “Si hay 86 votos, va a haber segunda vuelta; si no hay 86 votos, no hay segunda vuelta”.
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La frase resume el principal desafío inmediato, pero no todo el proceso. La segunda vuelta requeriría reformar la Constitución, porque el sistema actual define la elección presidencial bajo una lógica de mayoría simple.
Y el artículo 373 establece que cualquier reforma constitucional necesita el voto favorable de dos tercios de la totalidad de los diputados, es decir, 86 votos, y posteriormente debe ser ratificada por la siguiente legislatura ordinaria con la misma mayoría.
No basta con ganar una votación
Ese detalle cambia por completo la dimensión política del debate.
Incluso si 86 diputados aprobaran la segunda vuelta este año, la reforma no entraría automáticamente en vigencia.
Tendría que sobrevivir también a la siguiente legislatura.
En otras palabras, no se necesita únicamente un acuerdo coyuntural entre bancadas: se requiere un consenso suficientemente amplio como para mantenerse en el tiempo.
Esa exigencia explica por qué distintos actores han advertido que el balotaje enfrenta un camino mucho más difícil que otras reformas electorales ordinarias.
La tercera fuerza podría convertirse en árbitro
Rivera ha planteado además una reserva política sobre el modelo.
Su argumento es que Honduras tiene tres fuerzas con capacidad real de competir por la Presidencia, por lo que en una eventual segunda vuelta el partido que termine tercero podría adquirir un peso decisivo.
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El escenario sería sencillo: si ningún candidato alcanza el umbral que establezca la reforma, los dos primeros pasarían a una segunda ronda y el tercero podría terminar convirtiéndose en pieza clave para inclinar la elección mediante alianzas o apoyos.
Eso cambiaría profundamente la dinámica electoral.
Hoy un candidato puede convertirse en presidente aunque obtenga menos de la mitad de los votos válidos, siempre que tenga más que sus adversarios.
Con una segunda vuelta, ganar la primera ronda podría dejar de ser suficiente.
El Congreso también discute cambios que podrían tener un impacto más inmediato sobre la forma en que se administran las elecciones.
Uno de los temas considerados prioritarios es la “ciudadanización” de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
La propuesta busca sustituir a secretarios y escrutadores vinculados a partidos políticos por ciudadanos independientes escogidos mediante sorteo, mientras los representantes partidarios conservarían otros espacios dentro de las mesas.
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Rivera ha planteado reemplazar alrededor de 18.000 secretarios partidarios por ciudadanos provenientes de la sociedad civil, bajo el argumento de que quien representa a un partido no debería ser al mismo tiempo responsable de completar o transmitir el acta electoral.
Un solo dictamen para varias propuestas
La Comisión de Asuntos Electorales pretende reunir las distintas iniciativas en un único documento.
El PNUD y organizaciones de sociedad civil entregarán su propuesta el 21 de septiembre, y posteriormente comenzarán reuniones con las fuerzas políticas. La expectativa es tener un dictamen consolidado durante octubre.
Entre las propuestas también aparecen cambios al funcionamiento del CNE, transmisión de resultados, escrutinios especiales e incluso ideas sobre elecciones de medio término.
La segunda vuelta podría modificar quién gana una elección.
Pero otras reformas pueden definir algo igualmente importante: quién controla las mesas, quién llena las actas y cómo llegan los resultados al centro de cómputo.
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Por eso, el debate electoral de Honduras no se reduce al balotaje.
La discusión de fondo es cómo construir un sistema en el que el resultado presidencial tenga mayor legitimidad, pero también en el que los partidos dejen de ser juez y parte en algunos de los momentos más sensibles del conteo electoral.
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