Más de L1.837 millones (unos 69,3 millones de dólares) fueron canalizados entre 2023 y 2025 mediante un fondo de administración solidaria cuya ejecución fue cuestionada según denuncia realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización civil, donde señala presuntas deficiencias en los mecanismos de transparencia, liquidación y control de los recursos públicos.
La denuncia puso bajo la lupa un mecanismo presupuestario con el que se financiaron beneficios sociales como becas estudiantiles, cupones alimenticios, ayudas para vivienda, kits escolares y otros programas dirigidos a sectores vulnerables.
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Carlos Hernández director de la organización dijo “que si esos fondos no se liquidaron, existe algo irregular o hay que saber que paso con esos fondos es algo inaceptable”
Así mismo, Hernández afirmó que entre los parlamentarios que figuran están “el exdiputado Rasel Tomé y el actual diputado Hugo Noe Pino”.
Según el análisis de ASJ, aunque varias instituciones del Estado figuraban formalmente como ejecutoras, algunos diputados propietarios y suplentes habrían tenido participación directa en la gestión de los recursos, desde la presentación de proyectos y la solicitud de beneficios hasta la coordinación de entregas en comunidades.
Entre las instituciones que aparecen como ejecutoras figuran la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).
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Los recursos estaban destinados inicialmente a programas relacionados con becas, obras sociales e infraestructura menor.
Procesos de auditorias
Sin embargo, ASJ sostuvo que el funcionamiento práctico del mecanismo permitió que los propios legisladores tuvieran un papel determinante en la identificación de proyectos y beneficiarios.
La organización consideró que esta dinámica dificultó establecer una separación clara entre la función legislativa de los diputados y la gestión directa de beneficios financiados con recursos del Estado.
El principal cuestionamiento no se relacionó solo con el monto, sino con la posibilidad de rastrear qué ocurrió con cada partida una vez que los recursos fueron asignados y entregados.
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Para la organización, la liquidación de los fondos constituye una herramienta para comprobar que el dinero fue utilizado para los fines establecidos y que los beneficiarios efectivamente recibieron las ayudas correspondientes.
En su informe la organización de sociedad civil detalla que, durante el período analizado fueron canjeados más de L187 millones, unos 7,1 millones de dólares, mediante esta modalidad. Sin embargo, solamente alrededor del 37% habría sido liquidado.
Esto significa que la mayor parte del monto permanece, según la investigación, sin una trazabilidad completa que permita establecer con claridad su destino.
ASJ identificó a 50 diputados, que pertenecían al partido Libertad y Refundación (Libre), entre propietarios y suplentes, que gestionaron recursos para becas estudiantiles mediante SEDESOL.
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En total, se contabilizaron cerca de 22.000 becas gestionadas entre 2023 y 2025, por un monto superior a L110 millones, aproximadamente 4,2 millones de dólares
ASJ cuestionó que este argumento pueda utilizarse para impedir el acceso a información relacionada con recursos públicos y recordó que la legislación hondureña establece condiciones específicas para declarar información como reservada.
Reconocen dificultades para liquidar
Según la denuncia, esa disposición habría sido utilizada para negar información relacionada con la liquidación de los fondos.
Para la organización, los datos sobre la ejecución y liquidación de fondos estatales deben estar sujetos a mecanismos que permitan la fiscalización ciudadana.
ASJ afirmó que ninguna de las entidades involucradas habría remitido a los organismos de control la totalidad de los informes de liquidación requeridos por la legislación. En el caso de SEDESOL, la organización aseguró que la institución reconoció que existen fondos correspondientes al período analizado que todavía no han sido liquidados.
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La situación dificulta determinar cuánto dinero fue utilizado, quiénes fueron los beneficiarios y si todos los recursos fueron destinados a los objetivos establecidos.
ASJ sostuvo que, pese a que las instituciones estatales eran las responsables formales de ejecutar los fondos, diputados propietarios y suplentes intervenían en diferentes etapas del proceso.
Entre esas actuaciones estaban la presentación de proyectos, la solicitud de beneficios y la coordinación de entregas en comunidades.
La investigación de ASJ volvió a colocar en el centro del debate la necesidad de contar con controles efectivos para los fondos destinados a programas sociales.
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