La Contraloría General de la República de Panamá ordenó iniciar auditorías forenses a contratos ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas relacionadas con proyectos de infraestructura deportiva.
Las primeras revisiones se concentrarán en nueve instalaciones ubicadas en la provincia de Coclé, aunque el organismo fiscalizador advirtió que el escrutinio alcanzará los contratos vinculados con los señalamientos recibidos.
Las investigaciones buscan establecer si las actuaciones administrativas, contractuales y financieras se desarrollaron conforme a la legislación vigente, así como determinar si existió una correcta administración de los recursos públicos.
La Contraloría explicó que, por la naturaleza y alcance de los hechos denunciados, consideró indispensable realizar una investigación especializada para determinar posibles lesiones administrativas, contractuales y financieras al Estado.
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La primera auditoría estará dirigida al contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, en Coclé.
El proyecto fue ejecutado por el Consorcio Nueve Canchas Coclé, integrado por Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A.
Los auditores examinarán la ejecución integral del contrato, las modificaciones aprobadas, adendas, ampliaciones de plazo, pagos realizados y liquidaciones, además de otras actuaciones administrativas relacionadas con el proyecto.
La revisión pretende reconstruir cómo se desarrolló financiera y contractualmente la obra y determinar si cada actuación contó con el debido sustento.
Para ello, los equipos especializados tendrán acceso a expedientes administrativos, documentación financiera, registros contables, informes técnicos, órdenes de cambio y estados de pago.
También podrán revisar cualquier otra evidencia necesaria para establecer técnicamente cómo fueron ejecutados los proyectos y si los procedimientos utilizados se ajustaron al marco legal vigente.
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La Contraloría fue enfática al señalar que “ningún contrato quedará fuera del escrutinio” y que cada adenda, pago y liquidación será examinada. No obstante, aclaró que la apertura de las auditorías no constituye un señalamiento anticipado contra ninguna persona natural o jurídica, sino el comienzo de un proceso técnico e independiente.
Si las investigaciones encuentran posibles lesiones patrimoniales al Estado o hechos que puedan tener relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para establecer responsabilidades.
La Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense tiene precisamente entre sus funciones detectar e investigar conductas potencialmente lesivas al patrimonio público y suministrar informes técnicos a las autoridades correspondientes.
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La revisión de los contratos deportivos no fue la primera actuación de la Contraloría relacionada con Pandeportes durante 2026. Documentos oficiales del organismo fiscalizador muestran que desde marzo se habían realizado trabajos de inspección vinculados con contratos e infraestructura deportiva administrada por la institución.
Uno de esos registros correspondió a una inspección relacionada con el contrato 04-2022 INV y tres campos deportivos, lo que mostró que la Contraloría ya había realizado verificaciones sobre proyectos de Pandeportes antes del anuncio de las nuevas auditorías forenses derivadas de denuncias ciudadanas.
Las nuevas revisiones se sumaron a una agenda de fiscalización que durante el último año alcanzó diferentes áreas del gasto público. Entre ellas estuvieron las auditorías sobre recursos transferidos a municipios y juntas comunales, después de que las autoridades anunciaran revisiones sobre el manejo de fondos de descentralización.
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La Contraloría también había informado que culminó la revisión de más de 4.000 expedientes correspondientes a auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
De ese universo, identificó 2.860 casos con posibles perjuicios superiores a $52 millones, cuyos resultados serían remitidos al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
En ese mismo proceso de fiscalización, el organismo anunció la entrega de 18 auditorías relacionadas con juntas comunales que administraron recursos de descentralización durante el gobierno anterior.
Estas revisiones estuvieron entre los principales frentes de control sobre el uso de fondos públicos, debido al volumen de recursos transferidos y a los cuestionamientos surgidos sobre su administración.
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En el caso de Pandeportes, la apertura de las auditorías forenses no significó que se hubiera determinado previamente una lesión patrimonial ni responsabilidad penal alguna. Esa conclusión dependerá del análisis de contratos, adendas, pagos, liquidaciones y demás documentación relacionada con los proyectos.
La Contraloría indicó que el procedimiento se desarrollará respetando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas. Si los equipos especializados encuentran posibles afectaciones al patrimonio estatal o hechos con relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.
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