
Honduras enfrenta un nuevo paro docente desde el 1 de junio, luego de que la Federación de Organizaciones Magisteriales (FOM) anunciara un “paro nacional de brazos caídos” por el retraso en la aplicación del reajuste salarial prometido. El dirigente Yuri Hernández dijo que el aumento no se reflejó en las planillas y advirtió que podrían escalar a protestas y tomas si no hay respuesta oficial.
El reclamo apunta a que el ajuste acordado meses atrás en negociaciones con el Gobierno todavía no impactó en los pagos, pese a los anuncios públicos de las autoridades. La FOM sostiene que la falta de cumplimiento generó malestar en miles de docentes del sistema educativo público.
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La medida anunciada afectaría el normal desarrollo del calendario académico y reavivó la tensión entre el Gobierno y el gremio magisterial, en un contexto de dificultades económicas y demandas pendientes en el sector educativo.
Yuri Hernández, dirigente magisterial, sostuvo que el gremio se siente “engañado” porque el reajuste salarial no apareció en las planillas. “Primero vamos de brazos caídos el primero de junio y posteriormente iremos tomando medidas más fuertes”, dijo en declaraciones públicas.
Médidas de Presión
Hernández afirmó que, si el 1 de junio no hay una respuesta concreta ni ven aplicado el reajuste, avanzarán con medidas de presión que podrían incluir tomas de carreteras y movilizaciones en distintas zonas del país. “Vamos a hacer medidas de presión y tomas en toda Honduras”, sostuvo.
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El dirigente pidió una definición al ministro de Finanzas, Emilio Hércules; a la ministra de Educación, Arely Argueta; y al Poder Ejecutivo sobre la fecha en que se hará efectivo el pago comprometido para el magisterio nacional. También reclamó retomar conversaciones: “Tenemos que ponernos de acuerdo, sentarnos en mesas de diálogo y entendernos ambas partes”.
Reajuste prometido
El conflicto se produjo semanas después de que el Gobierno anunciara un reajuste salarial para el sector docente, como parte de un plan para mejorar las condiciones laborales en el sistema educativo, según comunicaron autoridades gubernamentales.
De acuerdo con esa información oficial, el incremento contemplaba aumentos base de hasta 1.500 lempiras y la incorporación de incentivos adicionales por calificación académica para docentes con formación universitaria.
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El Ejecutivo también informó que el beneficio alcanzaría a más de 60 mil docentes del sistema público, incluidos maestros del programa PROHECO, educadores comunitarios y docentes de zonas rurales y urbanas.
Aplicación de pagos
Hernández atribuyó el principal cuello de botella a la Secretaría de Finanzas, encargada de autorizar y desembolsar los recursos, y no a la Secretaría de Educación. Según su planteo, el atraso impidió que el reajuste se cargara en las planillas.

Desde el Gobierno, el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, había confirmado en abril que el Presupuesto General de la República 2026 incluía 3.700 millones de lempiras adicionales para la Secretaría de Educación, fondos destinados a cubrir el reajuste salarial y otros beneficios del sector magisterial.
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En paralelo, dirigentes magisteriales denunciaron que el aumento no se aplicó en las planillas de mayo por retrasos administrativos y por dictámenes pendientes entre Educación y Finanzas, según señalaron en pronunciamientos recientes.
La ministra de Educación, Arely Argueta, reconoció días atrás que el ajuste se aplicará de forma gradual y pidió paciencia mientras se reorganizan las finanzas del sistema educativo. “Las arcas del Estado han quedado bastante golpeadas; sin embargo, se están haciendo esfuerzos para cumplir con todas las obligaciones pendientes”, declaró.

El anuncio del paro generó preocupación en sectores educativos y entre padres de familia por el impacto de una nueva suspensión de actividades en el calendario académico, en un sistema que ya arrastra problemas de infraestructura, falta de recursos y rezago educativo.
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Hernández afirmó que el magisterio buscó sostener las clases pese a las dificultades, pero advirtió que saldrán a las calles si el Gobierno no cumple. “Hacemos el esfuerzo los maestros de todo Honduras para que el niño vaya a clases todos los días, pero una vez que el Gobierno incumpla, nos veremos en la necesidad de irnos a las calles”, dijo.
El dirigente también vinculó el escenario con la inseguridad: sostuvo que hay familias que temen enviar a sus hijos a los centros educativos por hechos criminales registrados en distintas regiones.
Especialistas en educación advirtieron que la interrupción recurrente de clases afecta el rendimiento académico, sobre todo en zonas vulnerables con mayores limitaciones de acceso, mientras el gremio docente mantiene la medida de presión hasta que el reajuste salarial figure oficialmente en los pagos.
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