Gobierno de Honduras y transportistas frenan crisis nacional tras acuerdo por etiquetado del cemento

El Gobierno de Honduras acordó en las últimas horas con transportistas de carga pesada suspender los bloqueos de carreteras y prorrogó hasta el 6 de octubre de 2026 la aplicación obligatoria del reglamento de etiquetado del cemento hidráulico.

El pacto se firmó con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Trabajo, tras protestas concentradas en la zona sur del país.

El entendimiento quedó plasmado en un acta de compromiso suscripta por autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), la Secretaría de Trabajo y dirigentes del transporte, luego de varios días de tensión y amenazas de nuevas paralizaciones en distintos puntos del país.

La SDE explicó que la extensión del plazo busca evitar problemas de abastecimiento y dar tiempo a las empresas para adecuar su operación a las nuevas exigencias del Reglamento Técnico Hondureño, publicado el 6 de mayo en el diario oficial La Gaceta.

Prórroga acordada

Como resultado central de la negociación, el Ejecutivo fijó en el 6 de octubre de 2026 la nueva fecha para que el etiquetado del cemento hidráulico sea de aplicación obligatoria, según el acta firmada entre el Gobierno y los transportistas.

De acuerdo con las autoridades, la prórroga permitirá que las compañías agoten inventarios, ajusten procesos de producción y reordenen importaciones sin generar faltantes en el mercado nacional, en un insumo de alta demanda para la construcción.

El acuerdo incluye la suspensión de las tomas de carreteras y de cualquier medida de presión que limite la circulación vehicular. El Gobierno señaló en el acta que el objetivo es restablecer la normalidad del tránsito y reducir el impacto económico derivado de los cierres registrados en los últimos días.

Las protestas generaron congestionamientos en la carretera hacia el sur del país y afectaron el traslado de mercancías, el turismo, la movilidad y actividades comerciales. Sectores empresariales y usuarios reportaron pérdidas por la interrupción del tránsito, según registros difundidos durante la crisis.

Sin represalias

Otro punto del documento establece que no habrá represalias contra los transportistas que participaron en las manifestaciones vinculadas a este conflicto, según lo consignado en el acta de compromiso.

Durante la firma, la Secretaría de Trabajo atribuyó el resultado al diálogo entre las partes. En esa línea, el ministro Fernando Puerto afirmó: “El país necesita acuerdos” que garanticen la libre circulación y protejan la economía nacional.

Los dirigentes del transporte pesado advirtieron que persisten reclamos, entre ellos la revisión de la tarifa por kilómetro, que consideran clave para la sostenibilidad del sector.

Para continuar la discusión, las partes acordaron instalar una mesa técnica el 2 de junio, con participación de representantes del Gobierno, del transporte y de la industria cementera, según el cronograma incorporado en el acuerdo. El acta entró en vigencia de manera inmediata y regirá durante el período de adecuación establecido.

Sectores empresariales y de la construcción reaccionaron con alivio al anuncio del acuerdo, señalando que una paralización prolongada habría generado retrasos en proyectos de infraestructura, incremento en costos operativos y posibles problemas de abastecimiento de materiales a nivel nacional. No obstante los acuerdos serán revisados para su cumplimiento.