
Honduras se prepara para un nuevo examen de su desempeño económico ante la comunidad internacional. El país centroamericano será sometido a la quinta revisión del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de una misión técnica que visitará el territorio nacional del 27 de abril al 8 de mayo de 2026, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de metas fiscales, monetarias y estructurales establecidas en el programa suscrito desde septiembre de 2023.
El anuncio fue confirmado por el titular de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Emilio Hernández Hércules, quien reconoció que el proceso llega en un momento complejo, marcado por retrasos en la ejecución de compromisos previamente adquiridos con el organismo internacional.
Según explicó el funcionario, la misión del FMI no solo realizará la quinta revisión, sino que también abordará aspectos pendientes de la cuarta evaluación, la cual debió concretarse en noviembre del año anterior, pero fue postergada debido a incumplimientos en la entrega de información y en la ejecución de metas cuantificadas.
“A finales de este mes viene el FMI a hacer la cuarta y la quinta revisión que estaban pendientes del programa que teníamos con ellos. Esta cuarta revisión debió haberse llevado a cabo en noviembre del año pasado, pero no se cumplió con varios requerimientos”, indicó el ministro.
El reconocimiento de estos atrasos pone en evidencia los desafíos que enfrenta la administración económica del país. Hernández Hércules admitió que hubo fallas tanto en la presentación de documentos como en el cumplimiento de indicadores clave, lo que obligó a replantear estrategias para retomar el rumbo del acuerdo.
“Hubo incumplimientos porque no se presentaron algunos documentos ni la información requerida, y mucho menos se alcanzaron las metas que ya estaban cuantificadas. Estamos levantando algo que estaba prácticamente en el suelo, viendo de qué manera lo rescatamos por el bien del país”, expresó.
El acuerdo con el FMI representa un componente fundamental en la estrategia macroeconómica de Honduras, ya que no solo implica el acceso a financiamiento internacional en condiciones favorables, sino que también funciona como una señal de confianza para otros organismos multilaterales, inversionistas y mercados financieros.
En ese contexto, la próxima revisión cobra especial relevancia. Durante las dos semanas de la misión técnica, se analizarán variables como el déficit fiscal, la sostenibilidad de la deuda pública, la estabilidad del tipo de cambio, la inflación y el avance en reformas estructurales, incluyendo aquellas relacionadas con la transparencia, la gobernanza y el marco legal.
El ministro de Finanzas aseguró que el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para cumplir con los requerimientos del organismo.
“Hemos tenido reuniones con el Fondo Monetario aquí en Honduras y también en la ciudad de Washington. Esperamos que en estas dos semanas podamos estar preparados al cien por ciento para hacer frente a los diferentes medidores que vamos a tener, no solo en materia económica, sino también en el ámbito legal”, afirmó.
Estas declaraciones reflejan una intención clara de corregir las deficiencias señaladas en evaluaciones anteriores y avanzar en la consolidación del programa económico.
Sin embargo, expertos advierten que el éxito de la revisión dependerá de la capacidad del gobierno para demostrar avances concretos y sostenibles.
Cabe recordar que el acuerdo vigente fue suscrito en septiembre de 2023, en un contexto de necesidad de estabilización macroeconómica tras los efectos acumulados de la pandemia, el aumento de los precios internacionales y las presiones fiscales internas.
Desde entonces, el país ha estado sujeto a evaluaciones periódicas que condicionan el acceso a desembolsos financieros.
En septiembre de 2025, se llevó a cabo una revisión clave del programa, que permitió a Honduras acceder a aproximadamente 120 millones de dólares en concepto de apoyo presupuestario y balanza de pagos.
Estos recursos fueron fundamentales para fortalecer las reservas internacionales y respaldar el gasto público en áreas prioritarias.
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