En declaraciones públicas, José Antonio Barahona afirmó que el juicio político al fiscal general debe convertirse en un proceso penal, expresando: “No es suficiente, necesitamos requerimientos fiscales que conduzcan a sanciones judiciales contra quienes son responsables”.
Este reclamo se realiza mientras Zelaya Álvarez continúa suspendido y bajo revisión del Congreso Nacional, incrementando la atención sobre las posibles consecuencias institucionales del caso. Barahona también señaló al magistrado Mario Morazán, del Tribunal de Justicia Electoral, como uno de quienes habrían ejercido presión y hostigamiento contra la magistrada.
José Antonio Barahona explicó que el fallecimiento de su hija no fue únicamente consecuencia de su enfermedad oncológica, sino resultado de un “proceso de hostigamiento y persecución” dentro del propio Tribunal de Justicia Electoral. Relató que Miriam Barahona convivió con cáncer durante casi tres años y enfrentó constantes presiones, insultos y conflictos internos que, según su testimonio, agravaron su condición física y emocional.
Agregó que la situación empeoró tras intervenciones de la Fiscalía, motivo por el cual la familia optó por trasladar a la magistrada fuera del país discretamente. El traslado comenzó en Guatemala, donde intentaron retomar el tratamiento médico pese a complicaciones graves, antes de buscar opciones en Colombia. Durante estos desplazamientos, Barahona sufrió la ruptura de una arteria, hecho que su padre señaló como determinante en su fallecimiento, dato que expuso durante su comparecencia.
La secuencia, marcada por el paso entre ambos países, incluyó la búsqueda infructuosa de un trasplante que, por complicaciones y restricciones, nunca llegó a realizarse.
La presencia de diputados y dirigentes del Partido Liberal de Honduras en la recepción de los restos evidenció la dimensión política que adquirió el caso. El acto estuvo acompañado de muestras de solidaridad nacional e internacional, incluyendo el apoyo de un grupo de magistradas de América Latina, según el abogado Barahona, lo que reflejó el alcance del nombre de Miriam Barahona.
Barahona destacó en su intervención que su hija nunca contempló renunciar a su puesto, pese al avance de la enfermedad, y remarcó que su “compromiso con la democracia” la acompañó hasta el final de su vida profesional. Subrayó además la formación, la responsabilidad y la dedicación profesional de la magistrada, lo que contrasta con las denuncias de persecución y abuso de poder que, según el entorno familiar, caracterizaron la dinámica institucional.
El testimonio familiar describió un entorno marcado por presiones e inseguridad jurídica, provocando interrogantes sobre la independencia de las instituciones y la protección a los servidores públicos en espacios críticos del sistema democrático.
La familia Barahona insiste en que el proceso contra el fiscal general —actualmente suspendido y bajo investigación parlamentaria— vaya más allá de lo administrativo y derive en sanciones penales concretas contra los responsables.
El fallecimiento de Miriam Barahona produjo una reacción institucional inmediata y, según versiones de los asistentes a la ceremonia, ha impulsado un examen sobre la gestión de cargos en el sistema judicial y electoral. Este hecho, además de acentuar la presión sobre las investigaciones políticas, ha abierto nuevas preguntas sobre transparencia y protección a funcionarios públicos.
La familia sostiene que el proceso no culminará hasta alcanzar justicia plena. Lo sucedido desde el punto de vista de los familiares representa un duelo personal, pero también una oportunidad para exigir reformas en las garantías democráticas, declaraciones reiteradas por José Antonio Barahona.
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