El fiscal Johel Zelaya, quien ha sido oficialmente separado de su cargo de forma momentanea a través de su cuenta de x, posteo: “Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional les informo que recibo el inicio del juicio político en mi contra con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley“.
Zelaya en su mensaje ademas agrego: "En apego a la Constitución de la República, compareceré ante el Congreso Nacional de frente cuando el pleno me convoque, para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos que se han realizado, siempre con objetividad y respeto al marco legal”.
Para culminar el fiscal tambien aclaró que: “No deja de llamarme la atención que, en medio de tantas diferencias, hoy exista un acuerdo tan amplio. Quizá eso refleja que cuando se actúa con firmeza, se incomoda más de lo esperado.No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño”.
De su lado, una de las mayores voces que presionó por el proceso contra Zelaya fue la desiganda presidencial Maria Antonieta Mejia, quien en un mensaje defendió la legitimidad del proceso y cuestionó la interpretación de algunos sectores del Partido Libertad y Refundación, quienes lo calificaron como persecución política: “Cuando la ley finalmente se aplica, ahora sí incomoda. 93 votos para el juicio político al Fiscal General. No es persecución, es justicia”.
La funcionaria calificó el episodio como un hito institucional y remarcó que “el país está observando… y la historia también”, recalcando que ningún funcionario debe estar por encima de la democracia o del marco legal y que el proceso proyecta un efecto disciplinario en la función pública.
A esta serie de reacciones se sumaron dirigentes oficialistas, quienes advirtieron que el juicio político podría representar una “etapa peligrosa” en la democracia hondureña, apuntando a una concentración de poder fuera de lo común y a sectores opositores.
Otras voces, como la de la exdirectora del Servicio de Administración de Rentas Mariana Rios, criticaron la activación del juicio político. Rios, sostiene que el proceso busca debilitar a ciertos sectores y que puede estar dirigido a excluir figuras como Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral, con vista a la futura presidencia del organismo. Advierte además que tales maniobras pueden restringir el acceso del oficialismo al poder en próximas elecciones.
La exfuncionaria enfatizó que la medida desvía la atención de problemas estructurales y perpetúa prácticas institucionales negativas para la sociedad. También destacó la ausencia de precedentes similares en situaciones históricas de gravedad, insinuando así una aplicación selectiva del mecanismo.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, introdujo un nuevo elemento al responsabilizar al Ministerio Público en la muerte de la magistrada Miriam Barahona. Contreras afirmó que la falta de atención médica oportuna, que habría impedido tratar a la funcionaria en el extranjero, fue determinante en el desenlace: “Esta muerte tiene culpables”. Se refirió de forma directa a la Fiscalía. Sin embargo, también reconoció la legitimidad del juicio político dentro del marco constitucional, demostrando la complejidad del debate incluso en opiniones críticas.
El comisionado de política limpia, Eduardo Fuentes, ofreció un análisis sobre la legitimidad del proceso y la elección de Johel Zelaya. Fuentes, afirmó que el fiscal general fue designado de manera inconstitucional por una Comisión Permanente mientras aún ejercía un cargo de elección popular, lo que pondría en entredicho la validez del nombramiento.
Además, acusó a Zelaya de un uso indebido del Ministerio Público contra personas inocentes, argumento que, en su visión, justifica la apertura del juicio político. El comisionado remarcó que “hoy es un día histórico que debe servir como garantía de no repetición” y señaló que el acontecimiento plantea la necesidad de fortalecer los límites al poder y colocar la rendición de cuentas como eje esencial de la vida democrática.
El proceso de juicio político contra el fiscal general prosigue en un ambiente de palpable tensión política y disputa por el control institucional. La evolución de la investigación y la eventual comparecencia de Johel Zelaya ante el pleno legislativo serán decisivas tanto para su defensa como para el equilibrio entre los actores políticos en el Congreso Nacional.
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