Magistrados de la Corte Suprema debaten solicitar una auditoría sobre nombramientos judiciales en Honduras

Los magistrados de la Corte Suprema evalúan la posibilidad de pedir una auditoría a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, debido a denuncias sobre múltiples movimientos administrativos recientes. Según advertencias del gremio de jueces, estas acciones habrían superado los 70 u 80 casos en los últimos días.

Durante las últimas semanas, representantes judiciales han advertido sobre un patrón de traslados y designaciones que, de acuerdo con denuncias públicas, no cumplirían con los requisitos legales para ocupar cargos en distintas instancias. Según informó Diario La Tribuna, Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces, calificó la posible auditoría como “una buena medida”, y sostuvo que debe terminar la práctica de “poner gente en el Poder Judicial por asuntos políticos o compadrazgos, violando la carrera judicial y nombrando jueces y magistrados que no tienen los requisitos mínimos para ostentar esos cargos”.

La Asociación de Jueces, encabezada por Ana Cardona, ha señalado que los recientes movimientos administrativos se concretaron de forma acelerada después de que el Congreso Nacional aprobara limitaciones a ciertas facultades administrativas del Poder Judicial. Según la asociación, esa premura ha generado dudas sobre la legalidad y la oportunidad de los nombramientos, en especial aquellos en las Cortes de Apelaciones del área civil, donde se denuncian designaciones de personas sin carrera judicial ni cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Cardona sostuvo que “ha habido una piñata de nombramientos ilegales” y solicitó que se reviertan los actos administrativos que no se ajusten a la ley.

El caso reanima el debate sobre la independencia judicial y el respeto a la carrera judicial como medio para garantizar idoneidad y transparencia en el acceso a cargos clave del sistema. Abogados litigantes han manifestado, de forma reiterada, su preocupación por resoluciones emitidas por jueces que, según sostienen, desconocen principios básicos del derecho. En ese sentido, se señaló que “es una queja constante de quienes acuden a los tribunales”, ya que la falta de preparación técnica y la politización afectan la credibilidad institucional.

Diversos sectores insisten en la necesidad de instalar un Consejo de la Judicatura que ejerza mayores controles administrativos, aunque recuerdan que el último órgano de este tipo también fue fuertemente cuestionado en su momento.

El pleno de magistrados y la posible auditoría

La eventual petición de auditoría por parte del pleno de magistrados implicaría revisar y evaluar los actos administrativos recientes y determinar si corresponde anular o revisar los nombramientos señalados. Esta iniciativa añade tensión a la relación interna dentro del Poder Judicial, en un contexto donde la demanda por mayor transparencia, meritocracia y cumplimiento de la ley gana fuerza entre los propios operadores judiciales y la sociedad civil.

El desenlace de este episodio podría sentar un precedente en la gestión de nombramientos judiciales y el control sobre la administración de justicia, en momentos en que la confianza pública en el sistema se encuentra bajo escrutinio.

Honduras: Congreso limitó atribuciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia

El Parlamento de Honduras aprobó una reforma que retira a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, la facultad administrativa para nombrar y destituir personal, atribución que ahora corresponderá al pleno de los quince magistrados. La medida fue respaldada por más de 90 de los 128 diputados y presentada por el diputado Francis Cabrera del Partido Liberal, quien argumentó que los decretos anteriores otorgaban “poderes extraordinarios” a la titular del Poder Judicial.

La selección y ascenso de jueces, magistrados y personal administrativo será ejercida de forma conjunta por el pleno de la Corte mientras no se elija a los miembros del nuevo Consejo de la Judicatura. Para que una decisión sea válida, será necesario el voto favorable de al menos ocho magistrados. Además, el Supremo deberá establecer un mecanismo para que tres magistrados propietarios conozcan los procedimientos de despido.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, precisó que la facultad de la presidencia del Supremo era “transitoria” desde 2011, tras la inconstitucionalidad del anterior Consejo de la Judicatura. Aclaró que la reforma es ordinaria y no constitucional, y que busca regular una situación provisional.