Honduras: Congreso propone limitar las atribuciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia

La discusión sobre la distribución del poder administrativo en la Corte Suprema de Justicia de Honduras se ha vuelto a encender en el Congreso Nacional, tras la presentación de una iniciativa que apunta a modificar el modelo de gobernanza judicial.

El proyecto, que ya está en análisis en el seno legislativo, plantea retirar a la presidenta Rebeca Lizette Raquel Obando el control exclusivo sobre nombramientos, remociones, traslados y cancelaciones de personal, obligando a que esos actos sean aprobados por votación mayoritaria del pleno de magistrados.

Este movimiento ocurre en un contexto de críticas históricas al manejo discrecional de las atribuciones administrativas y de llamados a aumentar la transparencia y la legitimidad en el Poder Judicial.

Entre las alternativas en debate, una de las soluciones propuestas consiste en que la propia Corte Suprema conforme una comisión especial encargada de los procesos de personal jurisdiccional y administrativo, lo que diluiría la concentración de autoridad sin depender de una reforma legal inmediata.

El diputado y penalista Marlon Duarte ha argumentado que este camino interno permitiría repartir responsabilidades, aunque remarcó que “el Congreso Nacional tiene plena facultad para emitir un decreto legislativo que redefina las atribuciones administrativas dentro del Poder Judicial”.

Sostuvo además: “Si el Congreso emite un decreto, lo publica y establece su entrada en vigencia, le puede quitar atribuciones no solo a un director o ministro, sino a cualquier funcionario público, y eso se tiene que cumplir”. Estas declaraciones reflejan el reconocimiento de que existen múltiples vías para abordar la concentración de atribuciones, siendo el Congreso y el propio pleno de magistrados agentes clave en la transformación institucional.

En las últimas semanas, la propuesta legislativa ha ganado relevancia, pues junto con la revisión del esquema de atribuciones, se propone investigar las actuaciones administrativas de la presidencia de la Corte en los 90 días previos, en respuesta a señalamientos sobre nombramientos realizados sin procesos de concurso ni consenso del pleno.

Diputados y analistas argumentan que la situación actual otorga a la presidencia de la CSJ poderes poco controlados. Duarte ha sido enfático: “Las decisiones de remoción, nombramiento y cancelación de personal jurisdiccional y administrativo deberían ser tomadas por el pleno de la Corte Suprema de Justicia”, convencido de que ello fortalecería la legitimidad del órgano y limitaría posibles arbitrariedades.

Desde sectores jurídicos, la propuesta ha reavivado discusiones sobre la independencia judicial y la adecuada separación de poderes. Si bien el respaldo al esquema colegiado es significativo, varias voces han advertido que cualquier reforma debe proteger la autonomía del Poder Judicial frente al Legislativo.

Exigen reglas claras y procedimientos estandarizados para evitar que la nueva colegiatura se transforme en un espacio de negociaciones políticas, en detrimento de los méritos y la transparencia.

Algunos expertos han señalado que la solución no puede limitarse a una alteración puntual sino apostar por una reforma integral, incorporando criterios de mérito y mecanismos de control interno que fortalezcan la confianza ciudadana.

El diputado Marlon Duarte también aludió al precedente del desmantelado Consejo de la Judicatura, recordando que la experiencia con ese órgano, instaurado para administrar el Poder Judicial pero desarticulado tras denuncias de corrupción, produjo un vacío que llevó otra vez a la centralización del poder administrativo en la presidencia de la Corte Suprema.

“Creamos una institución que a pocos meses de haber sido nombrada ya estaba envuelta en grabaciones buscando favores, incluso favores sexuales. Siempre he dicho que si a un tonto le dan poder, más tonto se va a volver; el dinero y el poder no son para cualquiera”, expresó el parlamentario, al advertir sobre los riesgos de repetir errores del pasado.

Mientras el Congreso Nacional evalúa la propuesta y dentro de la comunidad jurídica se mantienen posturas divergentes, el debate institucional continúa abierto en Honduras. El desenlace servirá para definir el modelo de gobernanza de la Corte Suprema de Justicia y marcará cómo se estructurará la administración judicial en los próximos años, bajo la atención de una ciudadanía que demanda mayor transparencia y control sobre uno de los poderes del Estado más cuestionados del país.