El nombramiento de Gerson Onan Velásquez como titular de la Secretaría de Seguridad bajo el gobierno de Nasry Asfura inaugura una nueva etapa en la lucha de Honduras contra su persistente crisis de violencia y criminalidad.
El reto, según los propios informes de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, es monumental: aunque las cifras oficiales han evidenciado una reducción sostenida de homicidios, con 2,330 homicidios en 2025, lo que constituye una baja de 10.32% respecto a 2024 y un descenso en el promedio diario de homicidios de poco más de siete a alrededor de seis, la percepción de inseguridad y la exigencia ciudadana por mejores resultados siguen siendo predominantes.
El último año ha sido testigo de una disminución significativa en los crímenes violentos. Según reportes policiales y oficiales, Honduras acumuló 1.641 homicidios en 2025, una reducción de alrededor del 14% en comparación con el año anterior.
Sin embargo, analistas y activistas de derechos humanos advierten que la aplicación reiterada de estados de excepción y el enfoque en operativos represivos han despertado inquietudes sobre posibles excesos y la falta de políticas integrales de prevención.
Gerson Onan Velásquez, general en condición de retiro y egresado de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), trae consigo una carrera consolidada en la Policía Nacional de Honduras, con experiencia directa en planificación, modernización y liderazgo operativo.
Durante su gestión al frente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en 2021, promovió la implementación de una nueva Ley de Tránsito y coordinó la respuesta a emergencias por fenómenos naturales, destacando su multifacético perfil de gestión.
A lo largo de su carrera, Velásquez ha recibido formación internacional, incluido entrenamiento con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos y cursos en el Reino Unido para altos mandos policiales. Esta trayectoria lo posiciona como un funcionario de perfil técnico con capacidad para abordar la crisis permanente de la cartera.
La violencia en Honduras, históricamente una de las más elevadas en América Latina y el Caribe, muestra retrocesos estadísticos en homicidios y en muertes violentas de mujeres.
De acuerdo con datos de organismos internacionales, el país mantenía tasas de femicidio cercanas a 7 casos por cada 100.000 mujeres, cifra que, pese a su reducción reciente, permanece entre las más altas de la región y exige respuestas estatales sostenidas.
Más allá de las estadísticas optimistas, la realidad diaria revela contrastes. La inseguridad persiste para buena parte de la población, con fenómenos como extorsiones, presencia de maras y pandillas, asaltos y conflictos violentos en entornos urbanos y rurales. Las acciones policiales, aunque efectivas en algunos indicadores, no logran disipar el sentimiento general de amenaza y falta de confianza en las instituciones.
La Secretaría de Seguridad, bajo la conducción de Velásquez, asume una estructura marcada por carencias históricas: limitaciones en equipamiento, altos índices de impunidad —que en ciertos reportes supera el 90%—, percepción de corrupción y una débil sincronización con el sistema judicial.
Esta combinación hace que la captura de sospechosos no siempre redondee en condenas, perpetuando la frustración de víctimas y familiares.
El desafío para Velásquez también reside en combatir la corrupción endémica, cuyas raíces obstaculizan no solo la operatividad policial sino la credibilidad estatal. Reformas en el ámbito del reclutamiento, la transparencia y la fiscalización interna se presentan como condiciones necesarias para lograr un cambio estructural.
El propio ministro ha planteado un enfoque basado en austeridad y eficacia, articulando acciones inmediatas en la administración de recursos y operatividad con la meta de “garantizar resultados tangibles en la seguridad ciudadana”.
Sin embargo, la expectativa social va más allá de los ajustes administrativos. La situación demanda la colaboración con otras instituciones, la ejecución de políticas preventivas, la inversión en educación y oportunidades para jóvenes, así como estrategias que integren inteligencia policial y fortalecimiento comunitario.
La Secretaría de Seguridad enfrenta el desafío de restaurar la confianza social y construir un sistema que trascienda la mera reducción de cifras, rescatando la función de proteger vidas y dotar de justicia a una ciudadanía erosionada por décadas de violencia.
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