El reciente ataque armado contra la Cooperativa Campesina “9 de agosto” en el Bajo Aguán, que dejó un fallecido, consolidó la advertencia de organismos internacionales sobre la continuidad de la violencia agraria sostenida en una de las regiones más conflictivas de Honduras.
La OACNUDH resaltó que la persistencia de la violencia en el Bajo Aguán —a pesar de la intervención policial tras el hecho— responde a dinámicas arraigadas desde hace más de una década. El organismo instó a las autoridades hondureñas a fortalecer la seguridad y la justicia, y subrayó: “OACNUDH reitera la urgencia de fortalecer la presencia efectiva de las instituciones de seguridad y justicia, así como la necesidad de impulsar una respuesta integral, sostenida y duradera por parte del Estado para abordar los desafíos estructurales vinculados al acceso a la tierra en el Bajo Aguán”.
Actualmente, ningún reporte oficial ha informado sobre detenciones o avances en la investigación del ataque. Tampoco se ha confirmado la identificación de los responsables ni de líneas específicas de investigación abiertas respecto del grupo armado ilegal señalado por la OACNUDH. La falta de esclarecimiento alimenta la percepción de impunidad y la tensión entre los actores locales.
El Bajo Aguán arrastra una larga historia de conflictos agrarios. Desde 2010, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al menos 200 personas han muerto de forma violenta en contextos de disputa por tierras. Entre las víctimas se cuentan campesinos, guardias de seguridad privada y policías, lo que refleja la amplia variedad de actores implicados.
La región está marcada por enfrentamientos continuos entre comunidades campesinas, empresas agroindustriales y fuerzas estatales, en un contexto donde la inseguridad jurídica y el control parcial del territorio por el crimen organizado agravan la vulnerabilidad de la población. El Conadeh identificó entre las causas del conflicto la falta de seguridad sobre la propiedad de la tierra, la escasa capacidad estatal para garantizar la seguridad ciudadana y la injerencia de grupos criminales.
Los intentos gubernamentales para resolver la crisis, como la creación de una comisión especial en 2022 encargada de mediar entre las partes, han resultado infructuosos según la OACNUDH y otros organismos de derechos humanos. Para ellos, la ausencia de soluciones concretas ha provocado un clima de desconfianza sostenida y la repetición de hechos violentos, sin una vía clara hacia la pacificación.
La OACNUDH mantiene presencia en el país y ha documentado de manera recurrente la vulnerabilidad de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, subrayando la necesidad de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso equitativo a la tierra y la protección de la vida. El organismo reitera que toda solución debe incorporar investigaciones imparciales y exhaustivas, que permitan determinar responsabilidades y asegurar justicia para las víctimas.
La problemática agraria de la región es observada de cerca por la comunidad internacional. Tanto organismos nacionales como internacionales de derechos humanos han pedido al Estado hondureño reforzar su presencia y dotar de condiciones de seguridad efectivas a las poblaciones afectadas.
La reiteración de ataques armados, como el ocurrido en la Cooperativa Campesina “9 de agosto”, y la falta de avances sustantivos en las investigaciones reflejan una crisis estructural que excede las capacidades reactivas del Estado hondureño. La disputa por la tierra, los intereses contrapuestos y la proliferación de grupos ilegales mantienen viva una amenaza que ha cobrado numerosas vidas desde 2010, sin indicios de resolución definitiva.
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