El desalojo masivo ocurrido este martes en la colonia El Palmar, ubicada en Cofradía, departamento de Cortés, al norte de Honduras, reavivó la controversia por el acceso a la tierra en el país y dejó en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades históricamente asentadas en zonas en disputa.
Más de dos décadas después de que decenas de familias se establecieran en ese lugar, una orden judicial ejecutada bajo fuerte despliegue policial las obligó a dejar sus viviendas, en medio de enfrentamientos, gas lacrimógeno y denuncias de excesos.
Hasta el cierre de la jornada, No se había informado sobre planes de reubicación ni de ayuda humanitaria inmediata para los afectados, quienes seguían en las inmediaciones de la colonia observando la demolición de sus casas y resguardando parte de sus pertenencias.
La defensora de los pobladores, Elda Hernández, declaró que sus representados presentaron documentación ante el ICF con la finalidad de obtener autorización legal para permanecer en el predio y solicitó la suspensión del desalojo hasta que concluyan los trámites administrativos pendientes.
Advirtió que el área corresponde a una reserva estatal y no a quienes aseguran ser propietarios privados. Abogó también por una delimitación precisa para clarificar qué sectores ocupan las viviendas y cuáles serían reclamados por terceros, lo que –a su juicio– permitiría disminuir el impacto sobre las familias establecidas desde hace años sin opciones de vivienda formal.
<b>Resolución judicial</b>
De acuerdo con la narrativa oficial difundida por el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, los agentes actuaron conforme a una resolución aprobada por el Poder Judicial: “Existe una orden de desalojo que debe ejecutarse. La causa es conocida por los tribunales y este procedimiento se está realizando con la presencia de un juez ejecutor y representantes de derechos humanos”.
Barahona precisó que el proceso legal para desalojar la zona inició en 2017 y que se concedieron plazos para abandonar el predio de manera voluntaria. Como no se cumplió, las autoridades intervinieron de manera forzosa, informó el portavoz policial a medios presentes en El Palmar.
El operativo, que comenzó en la madrugada, incluyó el despliegue de tanquetas, maquinaria pesada y personal antimotines. Las edificaciones, en su mayoría de materiales livianos, terminaron demolidas mientras los habitantes intentaban salvar lo que podían. La intervención se desarrolló bajo la supervisión de un juez ejecutor y la presencia de organizaciones de derechos humanos.
El procedimiento derivó en numerosos momentos de tensión y desorden. Varios residentes intentaron bloquear el paso de la maquinaria, mientras que otros denunciaron agresiones físicas y el uso indiscriminado de gas lacrimógeno.
Una de las vecinas afectadas relató a Noticieros Hoy Mismo: “A mi hija la agarraron a toletazos y casi la matan. ¿Cómo nos pueden hacer esto? Somos pueblo, no tenemos dónde vivir”. Otro testimonio, cuyo autor pidió no revelar su identidad, afirmó que un bebé perdió la conciencia al inhalar gas lacrimógeno: “Había niños, mujeres embarazadas y personas mayores. Tiraron gas sin importar quién estuviera ahí”.
Las autoridades señalaron que varias personas fueron requeridas por la Policía al enfrentarse con los uniformados, aunque negaron, hasta esa hora, haber registrado heridos de gravedad.
Precisaron también que el operativo se condujo bajo la normativa vigente y supervisión judicial. No obstante, informaron que cualquier denuncia por uso excesivo de la fuerza deberá tramitarse ante las instancias competentes.
La raíz del conflicto se encuentra en la disputa por la titularidad de los terrenos de El Palmar. Terceros aseguran ser propietarios legales, mientras que los asesores de las familias desalojadas afirman que el área es una zona de reserva natural propiedad del Estado.
Este tipo de controversias resulta habitual en el norte de Honduras, según organizaciones sociales consultadas por Noticieros Hoy Mismo, donde la expansión urbana y la falta de acceso a vivienda formal generan que cientos de familias ocupen terrenos en condición irregular.
A la fecha del operativo, el Poder Judicial no se había pronunciado sobre la solicitud de usufructo presentada por los pobladores ante el ICF ni sobre la posibilidad de conceder medidas cautelares.
El episodio de El Palmar profundiza la brecha entre las comunidades desplazadas y las autoridades estatales en un entorno marcado por la incertidumbre jurídica, los enfrentamientos frecuentes y la persistente ausencia de soluciones habitacionales a largo plazo.
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