La cuenta regresiva al 24 de marzo: el lento devenir hacia un golpe anunciado y el ocaso de un país al borde del abismo

Aquel país se derrumbaba por horas. Y con él caía también el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la heredera en el poder del general Juan Perón, que había muerto el 1 de julio de 1974. En febrero de 1976, seiscientos días después de la muerte de Perón y un mes antes del golpe de Estado que instauró la más sangrienta dictadura militar en la Argentina, la suerte estaba echada. Para la presidente y para los golpistas que ya habían echado a andar la infernal maquinaria que se abatiría sobre el país para dar origen al terrorismo de Estado.

Era un golpe anunciado. En la Nochebuena del año anterior, en Tucumán, donde las fuerzas armadas enfrentaban a la guerrilla trotskista del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) a la que se le había unido algunas fracciones de la guerrilla peronista Montoneros, el entonces comandante en jefe del Ejército, general Jorge Videla, futura cabeza de la dictadura, había dado en Famaillá, escenario de crueles combates entre el ejército y la guerrilla, un durísimo discurso a sus tropas. Videla no era un maestro de la metáfora, ni de la sutileza. Si bien no existe una versión oficial de su discurso completo, en realidad fue una arenga, fijó un plazo de noventa días para que el gobierno “terminara con la subversión” y reafirmó la orden y la decisión de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, una frase que figuraba en el decreto presidencial que había puesto en marcha el Operativo Independencia en Tucumán. El plazo simbólico fijado por Videla vencía el 24 de marzo de 1976.

Entre otras cosas, dijo Videla aquel día: “La inmoralidad y la corrupción deben ser inmediatamente sancionadas. La especulación política, económica e ideológica, deben de dejar de ser los medios utilizados por grupos de aventureros para lograr sus fines (…) El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer al desorden y la inseguridad. (…) Así no cejaremos hasta el triunfo final y absoluto que será, a despecho de injustificadas impaciencias o intolerables resignaciones, el triunfo del país”. Era una advertencia. Videla habló en Tucumán cuando, a pocos kilómetros del centro porteño y a un millar de kilómetros de Famaillá, ardían todavía los restos del combate de Monte Chingolo, en el que el ERP había intentado copar el Batallón de Arsenales 601 Domingo Viejobueno: un desastre que selló la suerte de la guerrilla trotskista.

Aquel país también se desangraba.

El poder militar no se quedó con las advertencias públicas de Videla. En enero, los tres comandantes, Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, habían ido a Olivos la víspera de Reyes: Isabel Perón los había invitado para conversar sobre algo de lo que nunca se habló. Frente a la presidente, los tres jefes militares pasaron por alto los motivos que hubieran existido para convocarlos, y le exigieron de inmediato su renuncia. Empezó entonces una batalla verbal en la que los comandantes hablaron con feroz franqueza y actuaron con cierta brutalidad, en especial Massera, según confiaría luego la presidente.

Tres días después, la tarde del 8, Isabel visitó por sorpresa al entonces nuncio apostólico, monseñor Pío Laghi, para relatarle el cruel diálogo con los comandantes. Cinco días más tarde, el viernes 13 de enero, el entonces embajador de Estados Unidos, Robert Hill, junto al consejero político de la embajada, Wayne Smith, visitaron en la nunciatura a Pío Laghi, que les reveló su diálogo con la presidente. Al día siguiente, sábado 14, Hill informó de todo al secretario de Estado, Henry Kissinger, en un documento, Priority 4122, del que se reproducen aquí algunos fragmentos.

Los comandantes le exigieron a la presidente que renunciara “por el bien del país”. Admitieron que ninguno de los tres tenía intención de violar la Constitución, pero que estaban bajo presión de la oficialidad que “ya no aceptaban a la Sra. Perón como presidente y querían poner fin a la corrupción de su gobierno”. La presidente “se negó rotundamente a renunciar”. Dijo que era la única peronista con respaldo para controlar la crisis del país y que si renunciaba, en dos meses habría “una crisis de desintegración total del gobierno y que los militares se verían forzados a asumir el control directo. Y esto –dice el documento del embajador Hill que dijo la presidente– sería desastroso para el país ya que favorecería a los terroristas y volcaría el movimiento peronista hacia la izquierda. (…) La Sra. Perón dijo (a Pío Laghi) que el almirante Massera usó especialmente un lenguaje muy duro. Le contó que Massera dijo que los militares no temían una lucha si esa era una de las consecuencias. La Sra. Perón contó entonces que había dicho a los comandantes que tendrían que sacarla arrastrando de la Casa Rosada usando la fuerza física. Admitió entonces haberse puesto muy emotiva y estallar en llanto (lo que hace a uno suponer que debe haber sido muy perturbador para Videla, altamente disciplinado y nada sensible).” Hill no desdeñaba el sarcasmo en sus informes a Kissinger.

El embajador estadounidense no desdeñaba nada. Envió al Departamento de Estado su diálogo completo con el nuncio; el nombre de Pío Laghi está tachado en el documento de la Embajada, aunque deja en claro su identidad, lo que permite el acceso a otro dato vital: “Según (Pío Laghi), que confirma una información suministrada por una fuente peronista cercana a Raúl Lastiri, Pedro Eladio Vázquez la había tenido a tanto nivel de drogas durante tanto tiempo que ella se estaba desintegrando mentalmente. Ella finalmente se habría dado cuenta de esto sola, cortó las relaciones con Vázquez e ingresó a la clínica el 3/11 (de 1975) a fin de desintoxicarse”. El doctor Vázquez, que había sido el médico personal de Isabel y uno de los firmantes del acta de defunción de Juan Perón, siempre se negó a hablar de su paciente, amparado en el secreto profesional.

El país se debatía además en una gigantesca crisis económica y de desabastecimiento de productos esenciales. El entonces ministro de Economía, Emilio Mondelli, que había jurado el 4 de febrero en reemplazo de Antonio Cafiero, esbozó un plan económico que fue rechazado por parte del sindicalismo aliado al dirigente textil Casildo Herreras, aunque recibió el apoyo acaso tácito de otro líder gremial, el metalúrgico Lorenzo Miguel. En un acto en la CGT, la presidente pidió: “Muchachos, no me lo silben mucho al pobre Mondelli”, ante una mueca resignada del ministro.

La sindical no era la única división que existía en el peronismo. Las máximas autoridades del justicialismo exigían a la presidente que hiciera urgentes y decisivos cambios en su “entorno”, palabra que se puso de moda por esos días: lo que reclamaba en suma el PJ era que Isabel Perón se desprendiera de la rémora del lopezreguismo, que todavía lastraba su accionar.

El otrora poderoso ministro de Acción Social, José López Rega, encumbrado por Perón, confidente de Isabel y cabeza de la banda terrorista de ultraderecha “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina), había dejado el país en julio de 1975, después de que uno de sus protegidos, Celestino Rodrigo, liderara desde el ministerio de Economía el primer gran plan de ajuste del siglo XX en el país: devaluación del cien por ciento, congelación de salarios y aumentos de tarifas de más de ciento ochenta por ciento que derivó en una inflación descontrolada y una enorme crisis social. Mondelli también era un allegado a López Rega. Por el lado de la presidente, exigían al resto del justicialismo obediencia plena, verticalismo, hacia las decisiones de la viuda de Perón.

Guerrilla, sangre, fuego, crisis económica, desabastecimiento, inflación descontrolada, divisiones en el peronismo, amenazas militares, conflictos gremiales, como la huelga de panaderos de febrero de 1976, tomas de fábricas y hasta un frente abierto en el peronismo de la provincia de Buenos Aires entre quienes apoyaban a Isabel y el gobernador bonaerense Victorio Calabró, un dirigente de la UOM, antiverticalista enfrentado a la presidente, de quien se sospechaba incluso que estaba en contacto con los militares que planeaban el golpe. En medio de ese tembladeral llegó el 24 de febrero, cuando faltaba un mes para el golpe y nadie lo sabía. O casi nadie.

El poder militar tenía decidido derrocar al gobierno de Isabel Perón. Para entonces, aunque tal vez la fecha no estuviese fijada, ya trabajaba en las sombras el equipo económico que iba a liderar José Alfredo Martínez de Hoz y, en los comandos militares, se diseñaban los métodos a seguir para combatir a la guerrilla que se extendieron después en todo el país a delegados gremiales, militantes políticos, estudiantes, sacerdotes, médicos, maestros, profesores, militares, abogados, periodistas, diplomáticos, intelectuales, deportistas y campesinos, y que consistió en el secuestro, la tortura, el asesinato y la “desaparición” de miles de personas, tal como reflejó la sentencia que en 1985 condenó a los jefes de las tres primeras juntas militares de aquella dictadura.

La presión del poder militar intentaba, a veces con éxito, decidir el nombramiento de ministros y funcionarios. A inicios de febrero de 1976 Videla había hecho designar jefe de la Policía Federal al general Albano Harguindeguy, que sería luego su ministro del Interior. La intención con la que el gobierno justificó esa jugada en el tablero político, si no fue una excusa, era colocar a un jefe militar al frente de la Policía para que el Ejército asumiera la responsabilidad total de combatir a la guerrilla. El entonces ministro de Defensa, José Deheza, pidió a Videla una terna de candidatos. Videla se la dio con una recomendación: “Si de mí dependiera la decisión, nombraría al general Harguindeguy”. Y Harguindeguy fue jefe de la Federal.

En el gobierno no había renuncias y si las hubo no fueron aceptadas. El 19 de febrero todos los ministros se la presentaron a la presidente, que las rechazó. Las renuncias se daban donde se suponía que no debía haberlas: cinco jugadores de River Plate, Leopoldo Luque, Juan José López, Norberto Alonso, Daniel Passarella y Ubaldo Fillol, habían dicho adiós a la selección que dirigía César Luis Menotti, presionados por la institución, por los hinchas, por lo que fuere. El 23 de febrero, el equipo nacional viajó a Asunción, el 25 vencería 3 a 2 a Paraguay por la Copa Atlántico, con un equipo de emergencia y la comprensión del técnico: “Si los jugadores renunciaron –dijo Menotti– yo no puedo hacer nada. La situación de ellos era muy difícil y la comprendo. Habrán recibido todo tipo de presiones. Y al fin de cuentas, River es el empleador”. Esa comprensión hubiese calzado de maravillas en otros ámbitos. Los argentinos que sospechaban o avizoraban una intervención militar sin imaginar sus terribles alcances, se preguntaban: si había golpe, ¿qué podía pasar con el torneo mundial de fútbol Argentina 78, que se iba a disputar en casa?

El martes 24 de febrero se conoció el resultado de una “cumbre” del peronismo celebrada el día anterior entre la presidente, el Consejo Nacional del Justicialismo, la CGT, las “62 Organizaciones” y los presidentes de los bloques peronistas del Congreso: no hubo acuerdo. Fue una reunión tensa. Entre lágrimas, y por momentos muy nerviosa, Isabel Perón, que en ocasiones parecía incapaz de dominar sus emociones, criticó a la conducción partidaria a la que acusó de “no dejarme gobernar”.

La contraparte atacó al “entorno” y a las figuras más cercanas a la presidente; la dirigencia sindical señaló que la gran crisis económica amenazaba con llevar al país “al borde del caos”. Advirtieron también que sólo una drástica reacción del gobierno, que era lo que pedían a la presidente, podía evitar el “riesgo del quiebre constitucional”. Un dato revela la profundidad de la crisis en el justicialismo. El dirigente gremial del seguro, José Genaro Báez, que era además vicepresidente del PJ, no pudo participó del encuentro porque, según contó en sus memorias José Deheza, la presidente “ordenó al jefe de la Casa Militar, capitán de navío Fernández, en mi presencia, que no permitiera la entrada a la Casa de Gobierno a ese individuo”.

“La presidente no respondió al planteo justicialista”, tituló Clarín en portada el martes 24. Ese mismo día, el ministro Mondelli envió al Congreso un nuevo proyecto de presupuesto general que preveía un déficit fiscal de treinta y tres mil billones de pesos, contra los dieciocho mil billones calculados por su antecesor, Antonio Cafiero. Las cifras figuran en La Conspiración, el libro de Juan Bautista Yofre que radiografía aquellos días dramáticos. En 1975, el ministro que había precedido a Cafiero, Alfredo Gómez Morales, había calculado un déficit de “sólo” mil ochocientos billones, pero la inflación se lo comía todo. Los legisladores del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) que se habían retirado de la alianza con el FREJULI (Frente Justicialista de Liberación) habían avisado: “El país se encuentra virtualmente al borde de la destrucción del sistema monetario”. Al tiempo que enviaba el presupuesto al Congreso, Mondelli inició negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Ese mismo día, martes 24, otra “cumbre” celebrada el día anterior quedó en total secreto. No era una cumbre política, era militar. Los tres comandantes se habían sentado alrededor de una mesa, en la “habitual reunión de los lunes”, sin que trascendiera nada de lo tratado, salvo el eufemismo que hablaba del “análisis de la situación nacional a la luz de los últimos acontecimientos”. Se habían reunido después de que el viernes anterior, los altos mandos del Ejército debatieran a puertas cerradas durante doce horas.

No había ninguna posibilidad de detener el golpe militar. Días antes, tal vez a inicios del mes, el líder radical Ricardo Balbín se había reunido en total secreto con Videla y con el general Roberto Viola, alma mater del diseño del plan represivo del Ejército. Los detalles de ese encuentro, otra cumbre a su manera, fueron revelados por Yofre en su libro. La entrevista se dio “en la casa de Alberto Jesús “Piqui” Gabrielli, Ombú 3054, en Barrio Parque”. Con la cooperación del general Carlos Dalla Tea, y en total secreto, Videla y Viola llegaron a la cita con Viola al volante de un auto particular común y silvestre. En febrero de 2006, Videla relató a Yofre sus recuerdos de aquel encuentro y así figura en La Conspiración:

Balbín: “General, yo estoy más allá del bien y del mal. Me siento muy mal, estoy afligido. Esta situación no da más. ¿Van a hacer el golpe? ¿Sí o no? ¿Cuando?” Videla: “Doctor, si usted quiere que le dé una fecha, un plan de gobierno, siento decepcionarlo porque no sé. No está definido. Ahora, si esto se derrumba pondremos la mano para que la pera no se estrelle contra el piso”. Balbín: “Si van a hacer lo que pienso que van a hacer, háganlo cuanto antes. Terminen con esta agonía. Ahora, general, no espere que salga a aplaudirlos. Por mi educación, mi militancia, no puedo aceptar un golpe de Estado”.

El 24 de febrero, un mes antes del golpe, a las cuatro de la tarde, Balbín y otros dirigentes del Comité Nacional de la UCR, entre ellos Raúl Alfonsín, presidieron de alguna forma la reunión del bloque de diputados radicales. Balbín habló en tercer lugar y dijo que había hecho toda clase de gestiones “para evitar una crisis que parece irreversible”, pero que no había encontrado eco favorable. Yofre evoca en su libro la versión que, de esas palabras, le dio un legislador al periódico Última Clave: “Cuando lo escuché a Balbín decir aquello de que ‘hace a mi lealtad comunicarles que la decisión militar ya está tomada y es irreversible’ lo primero que atiné a pensar fue: ¡trágame tierra! Don Ricardo cometía un doble error político: por un lado, la indiscreción, y por el otro, se daba por vencido sin esperar el final de la pelea”.

Hasta la presidente sabía que el golpe ya era inevitable. Según cuenta el ministro Deheza en sus memorias, ¿Quiénes derrocaron a Isabel Perón?, él mismo se lo había revelado, blanco sobre negro, el 18 de febrero: si no renunciaba, le dijo, el golpe era inevitable. Y la presidente respondió. “No renuncio ni aunque me fusilen”.

Cuando cayó la noche del martes 24 de febrero de 1976, el ocaso, que a Borges le parecía conmovedor, amenazaba con otras sombras más ominosas. Con todo, los argentinos buscaban un poco de distracción. En el cine, había de todo: el portentoso drama de El Padrino II, con un sensacional duelo actoral entre Al Pacino y Robert De Niro; la comedia en manos de Peter Sellers y El regreso de la Pantera Rosa, y una de las pelis de moda que también causaba sensación, Infierno en la torre: lo llamaban cine catástrofe.

En teatro, la oferta era amplísima porque, como en todas las épocas de grandes crisis, los porteños buscaban y buscan refugio en la cultura y en especial en el teatro. Sin embargo, lo que sobresalía en aquellos días entre William Shakespeare y Jean Anouilh, era una pieza simple y divertida del teatro de revistas. Hacía referencia a una de las últimas concesiones que había hecho el gobierno peronista para aplacar el volátil humor militar y para demorar tal vez el golpe inevitable: las elecciones de 1979 se habían adelantado a 1977, con lo que se reducía en dos años el gobierno de Isabel Perón.

Así que en el Teatro Astros, al 700 de Corrientes, tres entrañables disparatados, Alfredo Barbieri, su partenaire de siempre, Don Pelele y Juan Carlos Calabró hacían reír a los argentinos anonadados y con pocas esperanzas con: “Entre julepe y julepe llegaremos al 77”.

Pero no. No llegamos.