La Universidad Nacional de Salta investiga un posible desvío de fondos millonarios hacia una fundación

La Universidad Nacional de Salta enfrenta una crisis institucional sin precedentes luego de que una auditoría interna detectara que al menos $634 millones de fondos públicos destinados a la institución fueron administrados fuera del circuito oficial a través de una fundación privada vinculada a la universidad.

Este peculiar hallazgo forma parte del Informe General Analítico de Gestión presentado por las actuales autoridades de la UNSa (encabezadas por el rector Miguel Martín Nina y la vicerrectora María Rita Martearena) ante el Consejo Superior (hoy a cargo de Angélica Elvira Astorga) que expone el estado institucional, financiero, académico y administrativo de la Universidad durante los primeros meses de la actual gestión.

Esta revelación abrió la puerta a posibles denuncias penales y sumarios administrativos contra integrantes de la anterior gestión, encabezada por el exrector Daniel Hoyos y su vice, Nicolás Innamorato.

El informe reveló que el monto en cuestión provino originalmente de un canon de $200 millones proveniente del Banco Patagonia, agente financiero de la universidad, transferido a la Fundación de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Salta (Fundaltes) el 1 de agosto de 2023.

Según el informe, estos fondos se invirtieron en instrumentos financieros, generando intereses por $434.316.754, hasta conformar la cifra actualmente investigada. Además, la fundación -con personería jurídica independiente, pero vinculada estrechamente a la UNSa- está liderada en simultáneo por quienes ocupan la rectoría, la vicerrectoría y la secretaría administrativa de la universidad.

El informe coloca a Fundaltes bajo un “foco de prevención” y observa posibles desviaciones del circuito habitual y deseado de los fondos universitarios, señalando la urgencia de auditoría profunda, posible encuadre legal de su actividad y la necesidad de establecer controles más estrictos de las fundaciones vinculadas. La resolución de la situación será para la UNSa un caso testigo sobre transparencia, legalidad y administración financiera responsable.

Movimientos de fondos: ingresos y egresos

Según el reciente informe, Fundaltes recibió ingresos relevantes por un total de $634.316.754, discriminados en $200.000.000 provenientes del contrato con el Banco Patagonia para el pago de sueldos (a través de licitación pública) y $434.316.754 generados por renta financiera a partir de colocaciones en plazos fijos.

En materia de egresos, las salidas de fondos más significativas estuvieron asociadas a los casi 70 millones de pesos, en materia de contratación de pauta publicitaria, y 15 mil dólares (abonados íntegramente) por mejoras en la página web, sin que conste recepción final del trabajo efectuado, lo que implicó un alerta administrativo y de transparencia.

Ante esto, el informe menciona explícitamente que, por la naturaleza y origen de los fondos (derivados de mecanismos institucionales de la Universidad), los mismos debieron ingresar a las cuentas oficiales de la UNSa. Como resultado, señala una probable irregularidad en el manejo de los fondos universitarios por parte de Fundaltes y un posible apartamiento de la política institucional de uso de fondos públicos.

Actualmente (al momento de cierre del informe) se lleva adelante un análisis exhaustivo de los desembolsos realizados por la fundación con el objetivo de “brindar información completa sobre las operaciones que implicaron salida de fondos y deslindar responsabilidades”.

Alberto Mariscal, secretario general de la UNSa, expresó a El Tribuno que “la primera observación es por qué ingresó esta plata a Fundaltes y no a la universidad. Yo, a las luces, creo que sí hubo un desvío de fondos”, apuntó. Además, señaló la confusión que genera la coexistencia de dos personas jurídicas y la superposición de autoridades. Actualmente, las investigaciones buscan establecer la legalidad del trayecto de los fondos y la eventual responsabilidad de la gestión anterior.

La auditoría interna fue activada por la Universidad Nacional de Salta y se espera su resultado en un período de 30 a 45 días. El objetivo es esclarecer los hechos y determinar si existió o no un desvío de fondos.

Los movimientos observados violan principios fijados en la Ley de Educación Superior: “El inconveniente es que, en vez de buscar fondos externos, la fundación tomó -en este caso- fondos de la propia universidad para administrarlos por fuera”, señaló por su parte Daniel Mansilla Muñoz, titular de Asuntos Jurídicos de la casa de altos estudios al medio salteño.

Déficit millonario y frágil estructura financiera

La gravedad del caso se potenció cuando, al asumir el nuevo rector Miguel Martín Nina en mayo de 2025, la universidad reportó ante el Consejo Superior una situación financiera crítica. La disponibilidad en caja y bancos era de $370.721,35, lo que amenazaba la continuidad operativa de la UNSa.

El déficit estructural proyectado solo en gastos de personal era de $3.085 millones para 2025, con riesgo de superar los $4.000 millones en 2026, de acuerdo con el informe publicado en el sitio oficial de la universidad.

El déficit acumulado se vincula, entre otros motivos, a la continuidad de carreras como Medicina y diversas tecnicaturas utilizando fondos propios, ante la falta de financiación nacional específica.

Pese a la situación, el Consejo Superior logró aprobar los presupuestos correspondientes a 2025 y 2026 -los primeros después de dos años sin que existiera ese mecanismo fundamental-, e implementó medidas excepcionales para asegurar el pago de haberes, como transferencias internas y uso directo de instrumentos financieros.

La auditoría interna identificó, entre los gastos cuestionados, el pago de USD 15.000 a una empresa de Córdoba para el desarrollo de la página web institucional, un servicio que nunca fue entregado, pese a advertencias técnicas previas. Mariscal puntualizó a El Tribuno: “¿Cómo puedo pagar un servicio que no me ha sido prestado nunca?” y consideró que los hechos exceden el mal desempeño administrativo, aludiendo a la posible comisión de delitos.

Además, la investigación constató que tres vehículos fueron adquiridos sin licitación pública, en infracción a la ley de administración financiera, y registrados a nombre de la fundación a pesar de su uso universitario. Así, la responsabilidad civil recaía sobre la universidad en caso de accidentes o siniestros, pero los activos no figuraban en su patrimonio.

Otro caso es el de un parque solar de 60 kilowatts, cuya incorporación al sistema energético sigue paralizada y cuyo costo final muestra una diferencia cercana al 50% respecto del presupuesto original.

La investigación interna también detectó numerosas rendiciones pendientes, lo que llevó a fortalecer los mecanismos de control y a poner en marcha un Portal de Transparencia Institucional.

El interrogante sobre por qué los fondos terminaron en la fundación y no en la institución universitaria sigue sin aclararse. Para Mariscal, “esa es la gran pregunta”, y su resolución dependerá del avance de las auditorías internas y de un eventual accionar judicial.