Los hermanos Menéndez: disparos de escopeta contra sus padres y la ficción de un asesinato cometido por la mafia

El caso Menéndez, que sacudió a Estados Unidos en agosto de 1989, resalta no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la complejidad de las estrategias legales y la exposición de dinámicas familiares marcadas por acusaciones de abuso.

La noche del 20 de agosto de ese año, Lyle y Erik Menéndez asesinaron a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su lujosa residencia de Beverly Hills, California. La fiscalía sostuvo que el móvil principal fue la codicia: José Menéndez, un ejecutivo de la industria del entretenimiento, percibía ingresos superiores a un millón de dólares anuales y tenía un patrimonio que superaba los siete millones de dólares en propiedades y acciones.

En los días previos al crimen, los hermanos, que por entonces tenían 21 y 18 años desplegaron una serie de acciones que evidenciaron una planificación meticulosa del crimen.

Dos días antes del asesinato, intentaron comprar armas en varias tiendas de Los Ángeles, pero al no poder obtenerlas de inmediato, viajaron hasta San Diego. Allí, recurrieron a identificaciones falsas y direcciones inexistentes para comprar dos escopetas. Tras la adquisición, intentaron practicar en un campo de tiro, pero fueron rechazados porque el lugar no permitía escopetas. Ante este contratiempo, optaron por cambiar la munición de perdigones de ave a buckshot, un proyectil de mayor letalidad, lo que, según el juicio, reforzó la hipótesis de la premeditación.

El día anterior al asesinato, la familia compartió una jornada de pesca en la que reinó la tranquilidad. Los hermanos, pese a afirmar que temían por su vida, convivieron con sus padres y dejaron las armas en casa, ya que no podían ocultarlas durante la salida. La noche del crimen, tras una breve discusión entre ellos, Lyle y Erik tomaron las escopetas y se dirigieron al living donde sus padres veían televisión. Dispararon entre trece y quince veces. José Menéndez murió tras recibir cuatro disparos, mientras que Kitty Menéndez, quien intentó huir, recibió nueve impactos, incluido un disparo final a quemarropa en el rostro, lo que evidenció un acto deliberado y de extrema violencia.

Inmediatamente después, los hermanos pusieron en marcha una coartada. Compraron entradas para la película Batman en un cine local para simular que no estaban en casa durante el crimen, pero descartaron las entradas al notar que el horario impreso no coincidía con el momento del asesinato. Además, eliminaron evidencia: arrojaron los casquillos, la ropa ensangrentada y los zapatos en un contenedor de basura de una estació de servicio cercana. Más tarde, Lyle realizó una llamada al 911 fingiendo haber descubierto los cuerpos, mientras Erik gritaba y lloraba en el fondo, en un intento de convencer a los operadores y a los investigadores de su inocencia.

Durante las semanas siguientes, los hermanos insistieron en la versión de que la mafia había sido la autora del crimen. Con ese argumento, contrataron guardaespaldas y comunicaron a allegados que el asesinato estaba vinculado a negocios de su padre.

Paralelamente, comenzaron a manejar la herencia: manipularon documentos familiares, eliminaron archivos de computadora y buscaron posibles testamentos que los excluyeran como beneficiarios. El gasto ostentoso de grandes sumas de dinero en artículos de lujo, como relojes Rolex, autos deportivos y propiedades, terminó por generar sospechas. Finalmente, fueron arrestados meses después del asesinato, en marzo de 1990.

El primer juicio, celebrado en 1993, se realizó con dos jurados independientes, uno para cada hermano. La defensa argumentó una “defensa propia imperfecta”, alegando que los hermanos actuaron bajo un miedo genuino, aunque irracional, de que sus padres los mataran, tras años de abuso físico, sexual y psicológico.

Ambos testificaron sobre los supuestos abusos: Erik relató que su padre lo había agredido sexualmente desde los seis años y que su madre, además de ser emocionalmente abusiva, permitía el maltrato. Según su versión, días antes del crimen, José Menéndez los habría amenazado de muerte tras confrontarlos por la revelación de los abusos. Los jurados no lograron un veredicto unánime, lo que derivó en dos juicios nulos.

En el segundo proceso, en 1996, ambos hermanos fueron juzgados por un solo jurado. La fiscalía endureció su estrategia y logró excluir evidencia clave de abuso presentada en el primer juicio. Además, Lyle no testificó, lo que debilitó la defensa, ya que no se permitió introducir pruebas de abuso sin su testimonio directo. El jurado los declaró culpables de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes, por lo que recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Los Jóvenes Menéndez habían comenzado a hacer terapia con un siquiatra llamado Jerome Oziel después de ser acusados de robos menores en 1988. Tras los asesinatos, continuaron las sesiones, durante las cuales confesaron los detalles del crimen. Oziel grabó estas confesiones: adujo que estaba preocupado por su seguridad porque temía que Lyle y Erik quisieran silenciarlo para siempre.

El contenido de esas grabaciones resultó crucial para la fiscalía, ya que en ellas se hablaba de la planificación del asesinato. El contenido de las sesiones terapéuticas grabadas por el Oziel, se convirtió en una de las piezas de evidencia más determinantes en el proceso judicial contra Lyle y Erik Menéndez.

Tras la condena, los Menéndez presentaron diversas apelaciones. Argumentaron que la admisión de las grabaciones de las sesiones con Oziel violaba la confidencialidad médico-paciente y el debido proceso, pero en los tribunales se determinó que las grabaciones tenían un propósito terapéutico y no estaban relacionadas con la defensa legal. Sus argumentos fueron presentados ante una Cámara de Apelaciones, y llegaron a la Corte Suprema de Justicia del estado de California. Ante los rechazos reclamaron ante la Corte del Noveno Circuito que es de jurisdicción federal.

También alegaron que la falta de instrucción al jurado sobre la “defensa propia imperfecta” y la exclusión de testimonios que corroboraban los abusos les privó de un juicio justo. Los tribunales rechazaron esos argumentos, concluyendo que no existía suficiente evidencia para justificar tales instrucciones y que los comentarios del fiscal durante el juicio se mantuvieron dentro de los límites legales. Finalmente, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó las sentencias en 2005.

Entre 2005 y 2023 los hermanos Menéndez, no hicieron ninguna petición. A partir de 2023 solicitaron varias cosas, una de ellas es que les modifiquen la sentencia y puedan obtener libertad condicional. En mayo pasado un juez les modificó la sentencia y los habilitó a salir en libertad condicional debido a que cuando mataron a sus padres eran menores de 26 años, algo que prevé la ley en California. Pero esa decisión la debe tomar el Comité de Audiencias de Libertad Condicional. Cada uno de los hermanos se presentará el jueves y el viernes de esta semana para pedir que les den la libertad condicional. Si el Comité otorga el beneficio a los hermanos, todavía queda la instancia de revisión que tiene el gobernador del estado de California: el integrante del Partido Demócrata, Gavin Newson. Él tiene la facultad de permitir o no la libertad condicional.

El caso Menéndez, con sus alegatos de abuso familiar, estrategias de encubrimiento y la utilización de pruebas terapéuticas en el proceso penal, sigue siendo un hito en la historia judicial de Estados Unidos. Lyle y Erik Menéndez aguardan la decisión que podría cambiar el rumbo de sus vidas tras más de treinta y cinco años en prisión.