Organizaciones sociales exigen al Ministerio Público esclarecer el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala

Diversas organizaciones sociales y comunitarias de Guatemala se concentraron frente a la Plaza de la Constitución para exigir el esclarecimiento del asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa y del ciudadano Gustavo Aguilar Gamarro.

La movilización ciudadana denunció la persistencia de estructuras clandestinas incrustadas en las instituciones del Estado y demandó una investigación penal independiente que identifique a los autores materiales e intelectuales del crimen.

Integrantes del Frente Amplio por la Democracia (FAD), la Asamblea de Organizaciones Sociales y la plataforma Alianza Reformas se apostaron ante las oficinas centrales de la Fiscalía General, en Ciudad de Guatemala, para manifestar su repudio por el atentado.

Los colectivos señalaron que la agresión armada representa una práctica criminal de corte contrainsurgente destinada a acallar a los operadores de justicia y a los sectores opositores, a tres décadas de la suscripción de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno.

Los colectivos denuncian la operación de estructuras clandestinas y emplazan al Gobierno

Durante el pronunciamiento, Sandra Morán, integrante del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente y exdiputada en el Congreso, no dudó en afirmar que el asesinato de Solórzano Foppa fue planificado con el fin de callarlo.

“No dudamos que este crimen fue planificado y ejecutado por actores antidemocráticos que se integran por grupos empresariales, del narcotráfico, políticos de derecha y extrema derecha y poderes extranjeros interesados en profundizar el despojo y el dominio sobre nuestro país con el fin de callar su denuncia”, aseveró.

La activista remarcó que el homicidio pretende sembrar zozobra en las voces críticas antes del proceso electoral fijado para el año 2027.

Por su parte, Misael Méndez, delegado del Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado, dirigió su demanda hacia las autoridades del Ejecutivo.

“Demandamos al presidente Bernardo Arévalo de León profundizar en el desmantelamiento de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Si esto no se logra, se corre el riesgo de que retomen el control del mismo Ejecutivo, del Ministerio Público y se consoliden en el control del Organismo Judicial”, advirtió.

Las agrupaciones instaron también a los tribunales de justicia a resolver los procesos con autonomía y frenar la impunidad.

Solórzano Foppa, de 43 años, ejerció la jefatura de la Dirección de Análisis Criminal en el Ministerio Público y colaboró con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Desde esa posición participó en la pesquisa del caso La Línea, una estructura de defraudación aduanera que forzó en 2015 la dimisión del presidente Otto Pérez Molina. P

osteriormente, lideró la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entre 2016 y 2018, etapa previa a una serie de procesos penales impulsados durante la gestión de la fiscal general María Consuelo Porras, calificados por defensores de derechos humanos como actos de persecución judicial.

El doble homicidio en el Campo Marte y la detención de siete policías por alterar evidencias

El ataque armado ocurrió la mañana del sábado 17 de octubre en las instalaciones deportivas del Campo Marte, en la zona 5 de la capital guatemalteca, donde Solórzano Foppa presenciaba un partido de fútbol infantil.

En el mismo hecho murió por heridas de bala el árbitro aficionado Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 53 años. Aunque la Policía Nacional Civil (PNC) arrestó horas después a dos repartidores en motocicleta bajo sospechas de transportar armas, un juzgado ordenó su liberación inmediata ante la ausencia de pruebas que los conectaran con el ataque.

Las pesquisas cobraron un nuevo rumbo cuando el Ministerio Público ordenó la captura de siete agentes de la Policía Nacional Civil acusados de implantar pruebas falsas para desviar las pesquisas.

Los uniformados enfrentan imputaciones por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte ilegal de armas de fuego. Posteriormente, los fiscales coordinaron 16 allanamientos en inmuebles de la capital para rastrear los vehículos utilizados por los sicarios, sin que hasta el momento se hayan registrado detenciones de los responsables materiales e intelectuales.