
La incertidumbre sobre el futuro migratorio de miles de salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) plantea un reto que, según la experta en gestión pública Ana Irma Aguilar, debe atenderse desde los territorios. La preparación de los municipios aparece como una de las principales necesidades ante un eventual aumento de retornos desde Estados Unidos.
“Cada municipio debería estar preparado para recibir a los migrantes, porque a cada uno le va a llegar su gente y tenemos que estar listos”, sostuvo Aguilar. La especialista señaló que la respuesta no debe limitarse a la recepción de las personas que regresen, sino que debe incluir mecanismos de reintegración laboral, social y familiar según las condiciones de cada caso.
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Las declaraciones fueron hechas en el programa de entrevista Diálogo 21, donde Aguilar describió la situación de los beneficiarios del TPS como un “limbo” migratorio. Explicó que el programa continúa vigente, aunque no existe una decisión oficial que defina una nueva prórroga ni establezca con claridad los plazos para una eventual finalización.

De acuerdo con su explicación, la falta de una comunicación formal mantiene la protección migratoria bajo disposiciones vigentes y permite, de forma automática, una extensión de seis meses para la autorización de empleo y la protección frente a detenciones migratorias. Aun así, la ausencia de una definición deja a las familias sin certeza sobre su permanencia en Estados Unidos.
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Aguilar consideró que el TPS representa más que un permiso de trabajo. Para muchos salvadoreños, dijo, implica décadas de vida construida fuera del país, con empleos, viviendas, ahorros, familias y redes comunitarias. Por esa razón, un eventual retorno tendría efectos en la economía familiar y en las comunidades de origen de quienes se encuentran bajo esa figura migratoria.
La experta indicó que no todos los beneficiarios regresarían aEl Salvador. Algunos podrían buscar alternativas legales para regularizar su permanencia, según sus condiciones particulares, como procesos de residencia ya iniciados o vínculos familiares que permitan presentar solicitudes ante las autoridades migratorias estadounidenses, los expertos no descartan que los salvadoreños con mejor formación académica busquen terceros países para iniciar su vida. Otros, en cambio, podrían retornar de forma voluntaria o ser deportados.
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Frente a ese escenario, Aguilar planteó que las instituciones deben identificar las capacidades de cada persona retornada. “Cada persona trae diferentes capacidades”, afirmó, al señalar que muchos migrantes han adquirido experiencia laboral, formación técnica, ahorros y contactos comerciales durante su permanencia en Estados Unidos.
La especialista propuso que el país impulse un sistema territorial de reintegración para atender a quienes regresen. Ese esquema, según explicó, debería incluir certificación de habilidades, intermediación laboral, atención psicosocial y acompañamiento desde las alcaldías. También planteó que cada municipalidad disponga de una ventanilla de atención para migrantes retornados.
Aguilar sostuvo que los retornados no deben ser vistos únicamente como receptores de ayuda ni como una fuente de remesas. A su criterio, pueden aportar conocimientos, experiencia y capacidad de emprendimiento si encuentran condiciones para incorporarse a la actividad económica en sus comunidades.
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También pidió diferenciar entre los casos de retorno voluntario y las deportaciones, pues cada persona enfrenta circunstancias distintas. Añadió que quienes regresen deben recibir un trato digno y acceso a rutas de reintegración que consideren su historia, su patrimonio y sus competencias.
La experta afirmó que existen esfuerzos institucionales para conocer la situación de las familias migrantes y preparar respuestas en los territorios. No obstante, señaló que El Salvador aún debe fortalecer la coordinación entre municipalidades, instituciones del Ejecutivo y organismos vinculados a la migración ante la falta de una definición sobre el TPS.
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