El sector privado de Guatemala pide acelerar una agenda de seguridad y justicia para fortalecer la inversión

El sector privado de Guatemala pidió agilizar la aprobación de una agenda de seguridad y justicia que incluye reformas sobre arbitraje, protección de datos, ciberseguridad, amparo e infraestructura, con el argumento de que esos cambios son necesarios para mejorar la calidad de vida, fortalecer la inversión y avanzar hacia la meta de generar 2,5 millones de empleos para 2032.

La discusión se planteó con una referencia concreta sobre el deterioro de la seguridad: Guatemala registra 16 homicidios por cada 100.000 habitantes y la meta de Fundesa de cara a Enade 2026 es reducir esa tasa a ocho en los próximos diez años.

En el departamento de Guatemala, el indicador se acerca a 32 por cada 100,000 habitantes, el doble del promedio nacional.

La propuesta fue presentada durante el Foro Agenda Legislativa para Fortalecer la Seguridad y la Justicia en Guatemala, realizado el martes 8 de septiembre, como parte de las actividades previas al Encuentro Nacional de Empresarios 2026, previsto para el 8 de octubre. El planteamiento proviene de la Mesa de Certeza Jurídica del plan Guatemala No Se Detiene.

La agenda empresarial vincula reformas legales con inversión, empleo y reducción de homicidios

Ana Isabel Antillón coordinadora de la Mesa de Certeza Jurídica expuso que el objetivo central es mejorar la administración de justicia, combatir la corrupción y frenar el abuso de los recursos legales. Según explicó, esa combinación apunta a crear condiciones para el crecimiento económico sostenible y el bienestar de la ciudadanía.

Antillón distinguió entre certeza jurídica y seguridad jurídica a partir de la Constitución y de interpretaciones de la Corte de Constitucionalidad. “Mientras la certeza jurídica se refiere al cumplimiento de los procedimientos legales para la creación de normas, la seguridad jurídica es la confianza que tiene el ciudadano en sus instituciones y el resultado de la aplicación de la ley”, afirmó.

La coordinadora añadió que esos dos conceptos, junto con la seguridad física de las personas y sus bienes, son condiciones necesarias para el desarrollo. En su exposición sostuvo: “A mayor seguridad y certeza jurídica vamos a tener mayor desarrollo”.

Entre los rezagos que identificó figuran la resolución pronta de conflictos y la eficacia del sistema penal. También señaló que Guatemala ya superó discusiones que en otros países de la región todavía comienzan, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En infraestructura crítica destacó la ley del sistema portuario, la ley de alianzas de infraestructura económica y la ley de infraestructura vial prioritaria, ya aprobadas por el Legislativo. Antillón afirmó que esas normas “no son solamente motores económicos”, sino que “tienen un componente alto de seguridad en fronteras”.

La respuesta concreta que plantea el sector privado es acelerar tres grupos de reformas: leyes para fortalecer la infraestructura y el control estatal, normas para ordenar el entorno digital y cambios procesales para resolver conflictos con más rapidez. En ese paquete aparecen la ley de protección de datos personales, la ley para la transformación digital del Estado, una ley de ciberseguridad y reformas a la ley de arbitraje, al Código Procesal Civil y a la ley de amparo.

Sobre los mecanismos alternativos de resolución de disputas, Antillón sostuvo que las reformas al arbitraje y al proceso civil permitirían descongestionar el Organismo Judicial y usar mejor los recursos. “El arbitraje permite resolver disputas entre particulares o con el Estado en mucho menos tiempo, evitando largos procesos judiciales”, dijo.

La reforma a la ley de amparo fue presentada como otra prioridad. Según Antillón, “el abuso del amparo en los diferentes procesos provoca no solo costos para los ciudadanos, para el Estado”, y lamentó que no exista un estudio sistemático sobre ese fenómeno.

El foro sumó reclamos por prisión preventiva, costos del crimen y bloqueos

Después de la presentación de la agenda se desarrolló un conversatorio con el diputado Álvaro Arzú Escobar presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, Mario García Lara director ejecutivo de Fundación 2020, Lisardo Bolaños coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene y Francisco Quezada asesor jurídico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

Arzú Escobar defendió la iniciativa 6493, que reforma el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva. Sostuvo que la propuesta respeta la presunción de inocencia y ayudaría a reducir la saturación carcelaria, donde más de la mitad de las personas privadas de libertad están detenidas sin condena.

García Lara incorporó el costo económico de la criminalidad a la discusión. Citó datos del Banco Interamericano de Desarrollo según los cuales los costos directos del crimen en América Latina equivalen al 3.4% del PIB, y datos del Banco Mundial que ubican ese impacto para Guatemala en 3% del PIB.

El directivo añadió que, si ese costo disminuyera, el país podría pasar de crecer 3.5% a crecer entre 6% y 7% al año. A su juicio, los sistemas de seguridad y justicia deben ser entendidos como infraestructura económica, con una importancia comparable a la de carreteras y puentes, aunque advirtió que las reformas legales no bastan sin capacidad institucional para aplicarlas.