Policía de Guatemala en alerta por elecciones 2027: atentados, choque de simpatizantes y una brecha de agentes frente a miles de pandilleros activos

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala identificó municipios y zonas capitalinas bajo la presión de las pandillas que podría poner en riesgo a los políticos y organizaciones que participarán en las Elecciones Generales de 2027.

El director de la policía, David Custodio Boteo afirmó en una citación en el Congreso que ya fueron detectados focos de alto riesgo en Villa Canales, Amatitlán, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc y Chinautla, además de las zonas 6 y 18 de la capital, incluido el sector de Canalitos, en la zona 24.

En esos puntos, cubiertos por las comisarías 12 y 15, la PNC dijo que maneja “información de que pudiera andarse algún hecho criminal con algún partido político”.

La preocupación central es impedir agresiones y evitar que las pandillas condicionen el desarrollo del proceso electoral antes de la jornada de votación.

El diputado José Chic advirtió en esa misma reunión que el proceso político “ya está instalado ahorita”, por el avance de asambleas y jornadas de afiliación en distintas regiones. Ese despliegue empieza a chocar con el control territorial que ejercen las maras en las calles, razonó.

El legislador habló de una “posibilidad real, de una alianza de partidos políticos con maras o pandillas”, aunque aclaró que no presentaba una denuncia formal. “No señalo a nadie porque no debo investigarlo yo, lo debe investigar tanto el Ministerio de Gobernación, PNC y el Ministerio Público”, dijo.

Chic también denunció una restricción territorial de hecho para determinadas fuerzas políticas. Según afirmó, existe “como cruz y calavera para algunos partidos y algunos próximos candidatos y candidatas de que no pueden entrar en lugares de algunas zonas sobre todo zonas 18, 7, 3”.

Piden activar un plan de riesgo al Congreso

La PNC pidió al Congreso activar un plan de resguardo preventivo para los partidos políticos de cara a las elecciones de 2027, después de atentados armados, amenazas y choques entre simpatizantes que, según la institución, muestran un riesgo de violencia y posible incidencia de pandillas en actividades proselitistas en zonas bajo control criminal.

La alerta se apoya en una brecha operativa que la propia Policía describió durante una citación legislativa: el Ministerio de Gobernación calcula entre 11.500 y 12 mil integrantes activos del Barrio 18, la Mara Salvatrucha y White Fence en el país, mientras la PNC dispone de entre 6 mil y 7 mil agentes operativos por turno para cubrir todo el territorio nacional.

El director general de la institución, David Custodio Boteo, explicó que la propuesta no nació de conjeturas, sino de hechos recientes.

Mencionó un enfrentamiento entre simpatizantes en la colonia Bethania, zona siete de la capital, un atentado contra un candidato en Jutiapa y otro ataque armado en los límites entre Fraijanes y Santa Cruz Naranjo, en Santa Rosa, además de solicitudes de protección presentadas por aspirantes políticos.

Según detalló durante la citación, la Policía remitió el 2 de septiembre un oficio al Congreso de la República para plantear que las agrupaciones políticas compartan con anticipación sus planificaciones y agendas proselitistas. Con esa información, la fuerza de seguridad buscaría coordinar un acompañamiento “neutral” e imparcial en áreas de riesgo.

Las pandillas financian su operación con negocios ilegales y control desde las cárceles

El cuadro descrito durante la citación incluyó la estructura económica que sostiene a esos grupos.

De acuerdo con la exposición policial, las maras obtienen recursos a través de empresas ilegales de cable e internet, como “Fibralet” en la zona 18, que les generan más de Q500 mil (USD 64.935) al mes en efectivo para lavado de dinero.

A eso se suma la cooptación de mototaxis y taxis piratas, una actividad que, según la PNC, les permite captar Q200 mil (USD 25.974) por semana en sectores considerados clave. Ese flujo de dinero financia logística y capacidad de operación en los territorios donde la Policía prevé riesgos para la actividad partidaria.

La institución también vinculó ese control criminal con mandos recluidos en centros penitenciarios.

Custodio Boteo sostuvo que “los jefes de estas estructuras criminales son los únicos que autorizan un homicidio los que autorizan una extorsión; por lo tanto nada sucede en las calles si no es una autorización directa desde los recintos”.

En ese contexto, las autoridades investigan la operación de empresas ilegales de cable e internet presuntamente cooptadas por pandillas.

El caso más reciente fue detectado en la colonia El Limón, zona 18, donde la PNC retiró 12 cámaras y cableado, mientras la Superintendencia de Telecomunicaciones reconoció que no tenía conocimiento de esa instalación.