El Ministerio Público de Guatemala investiga denuncias por narcopolítica y prepara estrategia de delitos electorales

El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, confirmó a periodistas que lo entrevistaron que el Ministerio Público (MP) investiga varias denuncias por narcopolítica y evitó precisar cuántas son, mientras la institución prepara una estrategia con la Fiscalía de Delitos Electorales para el ciclo que desembocará en los comicios de 2027.

La respuesta del funcionario llegó en un año preelectoral y quedó ligada a una advertencia central: el MP revisará las denuncias con criterio jurídico penal y descartará las que no tengan sustento. El mensaje apunta a frenar el uso de la institución como herramienta de disputa entre aspirantes a cargos públicos.

“Sí, hay denuncias y se están investigando”, dijo García Luna ante una consulta directa de periodistas que lo entrevistaron sobre la existencia de expedientes por narcopolítica. Cuando se le pidió una cantidad aproximada, respondió que no podía ofrecer una cifra exacta, aunque admitió que son varias.

El fiscal general sostuvo que el MP no se prestará “a juegos entre actores o personas interesadas en los puestos de elección”. También marcó distancia de administraciones anteriores al afirmar que la institución no servirá para “atacar a contrincantes”.

La Fiscalía de Delitos Electorales capacita al resto de fiscalías para 2027

García Luna explicó que la Fiscalía de Delitos Electorales ya comenzó una fase de capacitación dirigida al resto de fiscalías del país. El objetivo es que todas las unidades conozcan los delitos que pueden cometerse en un contexto electoral y puedan reaccionar con rapidez cuando reciban denuncias.

“Ahora es la capacitación de todas las demás fiscalías para que todas tengan el conocimiento sobre este tipo de delitos, si se diera el caso”, señaló. Según el funcionario, cada caso será analizado “jurídica penalmente, no de forma política”.

En esa misma línea, advirtió a quienes busquen competir en 2027 que el principal riesgo para una candidatura está en los vínculos con el crimen organizado. Mencionó tanto a financistas como a personas del entorno de campaña y remarcó que esa relación puede comprometer la viabilidad de una postulación.

“Si yo voy a ser candidato... tengo que estar o evitar o tener la precaución de que no haya crimen organizado de parte de financistas ni de gente que me apoya, porque eso es lo que me pone en riesgo mi candidatura”, afirmó.

La discusión sobre narcopolítica se agravó tras una denuncia de amenazas contra República GT

Las declaraciones del fiscal se producen después de una controversia abierta desde la segunda quincena de agosto por el portal digital República GT. Su presidente editor, Rodrigo Arenas, denunció un plan para atentar contra su vida y la de su equipo editorial, y atribuyó la amenaza a “políticos y financistas vinculados a la narcopolítica” que, según indicó, habían sido investigados y expuestos por el medio.

“Me quieren matar. Con preocupación, pero con determinación, denuncio la planificación de un atentado en contra de mi vida y la de mi equipo editorial. La intención es firme y el plan es real. Está confirmado, sabemos quiénes son”, escribió Arenas en un comunicado público.

El directivo vinculó esa amenaza con una reunión reciente de líderes criminales convocada para definir acciones contra el portal y sus periodistas. Añadió que esa información ya fue entregada a autoridades y a gobiernos aliados.

La reacción política fue inmediata. El diputado Luis Aguirre, de la bancada Cabal, calificó la denuncia como falsa y anunció acciones penales en Guatemala y en Estados Unidos contra Arenas y el equipo del portal.

“Es una denuncia falsa. Vamos a actuar penalmente... vamos a obligar que muestren las pruebas que dicen tener”, declaró el legislador. Aguirre agregó que el lugar al que hace referencia la publicación dejó de funcionar el 11 de mayo.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala también se pronunció sobre el caso. En sus redes sociales, la misión calificó como “alarmantes” los reportes sobre políticos ligados al narcotráfico y recordó que Washington mantiene “cero tolerancia con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política”, con un mensaje dirigido al proceso electoral de 2027.

Desde el plano partidario, Oscar Rodolfo Castañeda, dirigente del partido PODER, advirtió sobre la presencia del narcotráfico en alcaldías y diputaciones. También ubicó a la narcopolítica entre los principales riesgos del próximo ciclo electoral.

“No podemos permitir que el narco se apropie del Estado, porque cuando ese momento se dé, entonces ya no tienen que esconderse de él, porque ya lo cooptaron”, afirmó Castañeda, quien interpretó la postura de la embajada como una señal de respaldo frente a ese riesgo.