Salida de Consuelo Porras pone fin al control de redes corruptas en el Ministerio Público, afirma presidente de Guatemala

El fin de la gestión de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público marca, según el presidente Bernardo Arévalo, el final de un ciclo de “secuestro institucional” y el inicio de un proceso de renovación democrática en Guatemala. El mandatario atribuyó esta transformación a una lucha colectiva contra las estructuras de corrupción que, durante años, utilizaron la justicia para perpetuar la impunidad y perseguir disidentes. La llegada de Gabriel Estuardo García Luna al frente de la fiscalía centra las expectativas de la administración, que insiste en el apego al marco legal como único camino para consolidar el cambio institucional.

Arévalo, en su mensaje a la nación mediante una cadena televisiva este domingo 17 de mayo, remarcó que el mandato iniciado en 2023 fue el resultado de una movilización social sostenida. “Defendimos juntos este mandato, los liderazgos ancestrales de los pueblos originarios y las miles de personas que se volcaron a las calles del país y sostuvieron la democracia con su presencia”, afirmó el presidente. Este movimiento permitió resistir presiones que amenazaban el proceso democrático y dio continuidad a una agenda de reformas institucionales.

El relevo en el Ministerio Público no se produjo sin resistencias internas. Arévalo recordó que, tras asumir el cargo, pidió sin éxito la renuncia de Consuelo Porras y presentó ante el Congreso una iniciativa para que la funcionaria rindiera cuentas. “Se negaron a conocerla”, indicó. El presidente denunció bloqueos sistemáticos: “Bloquearon procesos, persiguieron de manera cobarde y montaron falsedades para obstaculizar nuestras acciones, incluyendo persecución directa a los funcionarios de mi gobierno”.

Durante la gestión de Porras, el presidente argumentó que el Ministerio Público fue empleado para facilitar actividades del crimen organizado y reprimir a quienes denunciaban corrupción. Enumeró casos concretos, como los de la exfiscal Virginia Laparra, el periodista José Rubén Zamora y decenas de personas encarceladas o exiliadas bajo acusaciones infundadas. La criminalización de líderes indígenas que participaron en manifestaciones durante 2023 también formó parte de las acciones señaladas por el mandatario.

Según Arévalo, parte de la sociedad exigió que el gobierno utilizara medidas extraordinarias, incluso al borde de la legalidad, para remover a Porras. No obstante, rechazó esa vía: “Ni tampoco haremos que se restablezca el respeto al derecho si estamos dispuestos a tomar atajos para alcanzar nuestros objetivos”, y destacó la perseverancia en los caminos institucionales aunque ello demorara la concreción de los cambios.

Gabriel Estuardo García Luna, nuevo jefe del Ministerio Público, asume el cargo en un contexto de alta expectativa social. Arévalo destacó el nombramiento como “un cambio anhelado por todos, que constituye un importante logro en esta lucha colectiva por hacer avanzar Guatemala”, resaltando que el cargo implica “responsabilidades constitucionales que el país entero espera ver honradas”.

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, anunció el cese de Consuelo Porras como fiscal general y la asunción de Gabriel Estuardo García Luna en el Ministerio Público en un mensaje nacional del 17 de mayo. El mandatario atribuyó la transformación institucional a la movilización popular y enfatizó el compromiso con la legalidad para restaurar la confianza pública en la justicia.

Arévalo subrayó la importancia de mantener la esperanza y la disposición a construir un país más justo, animando a la ciudadanía a continuar el proceso iniciado.