La reelección de Walter Mazariegos al frente de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha provocado una ola sostenida de acciones jurídicas, cuestionamientos públicos y demandas de investigación que exhiben la magnitud del conflicto institucional.
En este contexto, diputados de la bancada VOS en el Congreso citaron a representantes de la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación para indagar sobre posibles ilegalidades en el proceso, así como la ausencia de finiquito —constancia de estar libre de responsabilidades administrativas— de parte de Mazariegos, una condición indispensable para ocupar cargos públicos en el país de acuerdo con la legislación vigente.
Tres denuncias penales fueron presentadas ante el Ministerio Público tras auditorías en la Usac
Durante la sesión convocada por la bancada VOS, el representante de la Contraloría Roberto De León informó que en marzo de 2026 se interpusieron tres denuncias penales ante el Ministerio Público como resultado de auditorías practicadas en la Universidad de San Carlos, según declaraciones recogidas por el propio Congreso.
Las denuncias fueron identificadas bajo los números DAJ-D-18-2026 (24 de marzo), 212026 (27 de marzo) y 222026 (27 de marzo), y están actualmente sujetas a reserva, como explicaron los funcionarios ante los diputados.
El criterio de inhabilitación se apoya en el artículo 16 inciso B de la ley aplicable, que establece la imposibilidad de ejercer funciones públicas para quien no cuente con la constancia de solvencia o finiquito de la Contraloría.
La bancada legislativa enfatizó que, en este caso, la Contraloría General de Cuentas había notificado a Walter Mazariegos desde febrero de hallazgos dentro de la Usac, los cuales no fueron desvirtuados por el rector, según relató De León.
Lourdes del Pilar Samayoa, jefa de la Abogacía del Estado Área Penal de la Procuraduría General de la Nación, afirmó que se están preparando “varias acciones”, entre ellas un amparo, para impugnar la elección. Los representantes de la Contraloría también señalaron que siguen pendientes nuevas auditorías sobre diferentes aspectos de la gestión universitaria.
La presentación de las denuncias y su procesamiento bajo reserva ha generado debates en torno al cumplimiento de los plazos legales: el diputado Orlando Blanco cuestionó que la reserva debe limitarse a diez días según el Código Procesal Penal, pero los funcionarios respondieron que el Ministerio Público ha extendido este plazo en la práctica, lo que obstaculiza el acceso a información detallada del caso.
El manejo presupuestario y la exclusión de la Usac de sistemas públicos de control están en el centro del debate
En el periodo entre 2022 y 2026, la Universidad de San Carlos de Guatemala tuvo a disposición más de 15 mil millones de quetzales, de acuerdo con los datos ventilados en el Congreso.
La dirigencia universitaria es acusada de haber sustraído a la Usac de los sistemas públicos de transparencia, como Guatecompras, limitando gravemente la fiscalización de sus gastos. Entre los señalamientos realizados durante la citación, se incluye la existencia de viajes internacionales por un monto que supera los dos millones de quetzales a destinos como Costa Rica, España y Colombia, sin evidencias de informes o resultados concretos.
El retiro de la Usac de los sistemas de control público se consolidó con una resolución del Consejo Superior Universitario en 2022, también bajo la rectoría de Mazariegos. Adicionalmente, se identificó la permanencia irregular de aproximadamente 35 miembros del Consejo Superior Universitario, algunos de los cuales habrían perdido las condiciones legales para ocupar sus cargos al haber completado su graduación, en contravención de la normativa universitaria que exige nuevas elecciones.
El presidente Bernardo Arévalo negó cualquier pacto con Mazariegos y defendió su papel frente a la crisis universitaria
La controversia se agudizó tras conocerse que el presidente Bernardo Arévalo aprobó en diciembre de 2025 una exoneración del pago de multas e intereses por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la Universidad de San Carlos, según un documento presentado por el diputado José Chic. Ante preguntas de periodistas en una conferencia de prensa, Arévalo rechazó cualquier alianza con Mazariegos y calificó los rumores de pacto como “absolutamente falsos”.
Sobre las críticas que lo acusan de inacción frente a la crisis de la Usac, Arévalo sostuvo: “Este gobierno no ha entrado en ningún tipo de pacto y todo lo que se dice alrededor de eso es especulación sin ningún sustento real”, según recogió la prensa nacional. Además, el presidente solicitó a las autoridades de justicia nacionales que profundicen en la investigación de las múltiples denuncias presentadas desde la elección del rector y adopten las resoluciones que correspondan en derecho.
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