La investigación interna del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló durante el cierre de 2025 una serie de prácticas corruptas en los procesos de registro sanitario, entre las que destacan la falsificación de certificados, suplantación de identidad y aprobación exprés de expedientes en la instancia encargada de la vigilancia y control de medicamentos y productos afines.
Esta trama, que afecta el sistema regulatorio guatemalteco, pone en evidencia tanto la magnitud del fraude institucional como el riesgo sanitario que significa la circulación de productos sin control adecuado, informó el titular de la cartera, Joaquín Barnoya, en conferencia de prensa transmitida por el mismo ministerio.
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En el marco de la denuncia presentada este día ante el Ministerio Público, el jefe de la Unidad de Asuntos Internos del MSPAS, Mynor Alberto Melgar, precisó que uno de los hallazgos más alarmantes fue el faltante de 392 certificados de buenas prácticas de manufactura, los cuales podrían haber sido utilizados fuera de regulación oficial.
Además, el análisis técnico permitió identificar que al menos 189 expedientes fueron tramitados sin los requisitos legales y desaparecieron de los archivos. De acuerdo con Melgar, 21 expedientes recibieron aprobación en menos de 24 horas, algunos incluso antes del inicio de la jornada laboral, lo que evidencia manipulación deliberada del sistema.
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Al consultar el impacto en la salud pública guatemalteca, la investigación interna determinó que una directora técnica, identificada como química farmacéutica, lideró una red que sustrajo y falsificó documentos oficiales para acelerar trámites de inscripción sanitaria.
El MSPAS presentó múltiples denuncias entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 ante el Ministerio Público por uso de certificados falsos, manipulación informática y sustracción de expedientes. Estas acciones comprometen la seguridad de los productos distribuidos y la integridad de los controles sanitarios en el país.
Una funcionaria vinculada a más de 2,100 registros sanitarios y empresas ficticias
La magnitud del fraude salió a la luz cuando el equipo de Asuntos Internos confirmó que la funcionaria principal involucrada figuraba como responsable de más de 2,100 registros sanitarios, con conexiones directas a diversas empresas.
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Además, se identificó que miembros de su familia gestionaban solicitudes y permisos, fortaleciendo la hipótesis de una red organizada dentro de la institución, según Melgar.
El modus operandi consistía en presentar expedientes como trámites regulares, acelerar su resolución utilizando credenciales internas, alterar registros electrónicos para evitar alertas y, finalmente, hacer desaparecer los documentos físicos para borrar el rastro de las irregularidades.
Parte de las empresas relacionadas no existen físicamente y otras incumplen normas sanitarias, lo que representa una amenaza directa para la salud pública.
Denuncias formales y medidas de control reforzadas por el Ministerio de Salud
El MSPAS interpuso las denuncias formales por los delitos de falsificación, manipulación informática y desaparición de expedientes durante los meses de noviembre de 2025 a febrero de 2026.
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Las autoridades comunicaron, la activación de procesos administrativos internos y la revisión global de los mecanismos de control, con el objetivo de digitalizar y reforzar la supervisión para impedir la repetición de este tipo de hechos.
Joaquín Barnoya afirmó: “La corrupción es reconocida como una amenaza constante, por ende, no debe cesar nuestra lucha por desenmascararla”, recalcando el compromiso institucional para mantener la vigilancia y la transparencia en la gestión pública.
Las pesquisas continúan y se prevé que puedan surgir nuevos implicados conforme avance la verificación. El caso expone la existencia de una estructura extendida de corrupción administrativa que pone en riesgo la vida de los guatemaltecos debido a la circulación de productos sin la debida certificación sanitaria, como destacaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
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La institución indicó que la diligencia buscaba preservar posibles indicios para peritajes y precisó que su personal de seguridad no intervino, mientras la Policía Nacional Civil acompañó el procedimiento bajo sus competencias
