La tasa de femicidios en Guatemala supera el promedio regional en 2024 y 2025

El número de femicidios en Guatemala subió 14.4 % en 2025 respecto al año anterior, alcanzando 206 víctimas y consolidando la tendencia al alza tras la pandemia. Mientras los homicidios totales descendieron a 204 casos en enero 2026—48 menos que el mismo mes del año previo—el fenómeno específico de la violencia letal contra mujeres mantiene una evolución preocupante, superando el promedio regional latinoamericano e incrementando las exigencias a las instituciones del sistema de justicia, según la presentación del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, en conjunto con FUNDESA y Crime Stoppers.

En 2024, la tasa de femicidios en Guatemala se ubicó en 1.9 por cada 100.000 mujeres, por encima del promedio regional de 1.3 —una diferencia que evidencia la magnitud del desafío local frente a los 16 países latinoamericanos con estadísticas comparables. El departamento de Chiquimula encabezó la lista departamental en 2025 con una tasa de 12.50, seguido por Escuintla con 8.49, ubicando a las regiones sur y sur-oriente como los territorios de mayor riesgo para las mujeres.

La investigadora de CIEN, Corinne Dedik, detalló: “respecto al año anterior, en 2025, los femicidios aumentaron 14.4% y las muertes violentas de mujeres aumentaron 6%”. El año pasado, cerca de una de cada tres muertes violentas de mujeres correspondió a un femicidio.

La legislación guatemalteca y el desempeño del sistema de justicia especializada

Desde la tipificación en 2008 hasta el cierre de 2025, 3.248 mujeres murieron víctimas de femicidio y 848 hombres fueron condenados por este delito. De acuerdo con CIEN, “entre 2021 y 2025, en promedio, 82% de las personas procesadas por femicidio resultó condenada y el 18% fue absuelta”. En 2025, las condenas llegaron al 84%, superando la media de los últimos cinco años.

El mismo reporte indica que, aunque el “archivo” sigue siendo la salida más frecuente en los casos de femicidio, las sentencias judiciales representan casi el 37% del total, y las resoluciones en estos procesos aumentaron 21% frente a 2024.

Guatemala integró el delito de femicidio a su Código Penal en 2008, convirtiéndose en el tercer país latinoamericano en hacerlo mediante la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Esta norma, conforme a acuerdos internacionales, define el delito como la muerte de una mujer causada por un hombre motivado por una relación de desigualdad de poder y la condición de género de la víctima. Además, la legislación guatemalteca estipula la creación de órganos jurisdiccionales y fiscalías especializadas, sumando actualmente 49 tribunales distribuidos en los 22 departamentos y fiscalías completas en la capital y siete regiones más.

Reducción de homicidios brinda contraste, pero persiste la violencia de género letal

En materia de seguridad ciudadana, David Casasola, investigador de CIEN, informó que en enero 2026 se registraron 204 homicidios en todo el país, 48 menos que en enero 2025. Este descenso situó la tasa nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes en 17 para finales de enero 2026, respecto a la anterior de 17.3. Casasola precisó que “la cantidad de homicidios de víctimas mujeres (un 11.3% del total) bajó casi a la mitad, de 40 en diciembre 2025 a 23 para enero 2026 y que el 62.3% de las víctimas tenían entre 18 y 35 años”.

A pesar de la disminución en el número total de homicidios, las muertes violentas de mujeres se incrementan desde la pandemia, revirtiendo la tendencia a la baja sostenida desde 2013. Para 2025, el crecimiento fue de 6 % en muertes violentas de mujeres y 14.4 % en femicidios respecto a 2024.

El reporte recomienda profundizar en el estudio de los delitos basados en género para fortalecer la prevención y la respuesta institucional, intensificar medidas preventivas ante denuncias reiteradas o factores de riesgo detectados y fortalecer la profesionalización y calidad del servicio a víctimas y sus familias. También solicita asegurar una distribución equitativa de recursos entre todas las instituciones que intervienen en la persecución penal del femicidio.