El Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil ordenó la intervención del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora tras más de diez años de ocupación irregular por parte de la empresa la empresa Constructores y Consultores Viales, Sociedad Anónima (COCVISA), que mantuvo la explotación del espacio sin contrato vigente y generó una deuda acumulada que supera los Q30 millones.
Esta acción, coordinada por la Procuraduría General de la Nación, el Ministro Ejecutor y la Policía Nacional Civil, busca poner fin al uso indebido de un bien público, asegurar la transparencia en la administración de recursos y garantizar la prestación estable del servicio a miles de usuarios nacionales e internacionales que transitan por el aeropuerto.
La medida se presenta como un paso inicial en el proceso judicial para la recuperación de espacios estatales y marca una señal de cambio en la gestión de bienes públicos en Guatemala.
Según información del ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la práctica, la intervención no implica la interrupción del servicio de parqueo, sino que pretende asegurar el funcionamiento legal y transparente mientras avanza el litigio.
El objetivo de las autoridades es garantizar que los ingresos que produzca el espacio sean fiscalizados por un interventor judicial y destinados, en primer término, al pago de las deudas pendientes con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Además, la intervención permitirá auditar los contratos y subarrendamientos realizados sin autorización, en los que se detectaron rentas ilegales de cajeros automáticos, bodegas y comercios, y revisar posibles construcciones no habilitadas dentro del área concesionada.
Las irregularidades se remontan a 2014, cuando la empresa COCVISA firmó un contrato para operar dos niveles del parqueo del aeropuerto.
Contraviniendo el acuerdo, la empresa amplió unilateralmente la ocupación a tres niveles y emprendió actividades no contempladas en el contrato, como la construcción y uso de un local para la venta de helados sin permiso de la DGAC.
Paralelamente, COCVISA celebró subarrendamientos con distintas entidades, generando nuevas fuentes de ingresos de manera no autorizada y bloqueando áreas de acceso para los usuarios del aeropuerto.
La persistencia de la ocupación irregular motivó resoluciones judiciales y administrativas desde 2015, año en que se declaró la terminación anticipada del contrato con base en una auditoría que determinó su inviabilidad financiera para el Estado.
Pese a ello, COCVISA interpuso diversos recursos legales, incluyendo un amparo concedido provisionalmente, que dilataron la ejecución de la recuperación.
Estos recursos también fueron rechazados sucesivamente por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. La denuncia presentada por la DGAC ante el Ministerio Público en 2025, bajo cargos de usurpación, hurto de energía eléctrica e intermediación financiera ilegal, robusteció la determinación estatal para actuar y dar curso a la intervención efectiva.
Regularización en marcha y fiscalización reforzada
El procedimiento iniciado por las autoridades persigue la regularización completa de los espacios ocupados y la recuperación de los fondos públicos no percibidos.
El interventor judicial que estará a cargo deberá registrar y fiscalizar cada operación, monitorear el flujo de ingresos y revisar especialmente los subarrendamientos de cajeros, bodegas y locales comerciales instalados sin el aval correspondiente.
En palabras de los organismos involucrados, la acción emprendida en el aeropuerto subraya el compromiso por consolidar la transparencia, la legalidad y la protección de los bienes estatales en Guatemala. Ya en 2024, la DGAC había solicitado la desocupación tras constatar la ausencia de contrato; sin embargo, los procesos judiciales interpuestos por la empresa demoraron la resolución definitiva del conflicto.
La Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional Civil enfatizan que la intervención permitirá evaluar también la infraestructura construida sin permisos y auditar los posibles daños al patrimonio público. Los fondos recuperados por concepto de rentas ilegales contribuirán a fortalecer la gestión de la DGAC y mejorar los servicios en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Impacto esperado para usuarios y gestión estatal
La continuidad del servicio de parqueo ha sido garantizada mientras se resuelve el proceso principal. Las autoridades insisten en que la medida busca resguardar los intereses del Estado y de la ciudadanía, asegurando que ningún particular obtenga ventaja a costa de bienes públicos.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, este procedimiento constituye un hito en la defensa y recuperación del patrimonio estatal, con un mensaje directo: la transparencia y la legalidad son condiciones innegociables en la administración de recursos nacionales.
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