Según lo anunciado por el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, en abril podría comenzar la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Izabal, Guatemala.
El complejo, diseñado para albergar a 2,000 privados de libertad, ya cuenta con fondos asignados y un diseño avalado por expertos, a la espera de la ratificación de la ley de presupuesto en los próximos días.
Sáenz explicó que el convenio con el Ministerio de Gobernación se firmará en breve y que la meta es colocar la primera piedra en una obra pensada para transformar la gestión de los reclusos más peligrosos y para aislar a los líderes criminales.
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La destrucción parcial de la cárcel de etapa uno en Izabal, Guatemala, demostró la magnitud del desafío. Un 60% de la infraestructura fue inutilizada por los internos, quienes lograron romper paredes y generar boquetes gracias al acceso a martillos y otras herramientas.
Sáenz destacó en Prensa Libre Radio que, en condiciones normales, una pared debería ser una barrera difícil de superar, pero la entrada de instrumental prohibido facilitó la devastación.
El funcionario identificó la raíz del problema en la colaboración de agentes penitenciarios y de la Policía Nacional Civil con los reclusos. Explicó que la precariedad laboral, los bajos salarios y la falta de profesionalización permiten que el personal facilite el ingreso de objetos ilícitos.
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Para Sáenz, la solución exige rehacer el sistema institucional para formar funcionarios con principios y valores sólidos, evitando así el rápido quiebre de su función.
Como respuesta inmediata a la crisis, el cuerpo de ingenieros del Ejército adaptó furgones reforzados para contener a los internos más peligrosos.
El ministro relató que estos módulos permitieron aislar y segmentar a los líderes de las maras, garantizando su reclusión mientras se reconstruye la infraestructura penitenciaria. Las unidades de mantenimiento del sistema penitenciario ya están listas para iniciar las reparaciones, con los reos asegurados en los nuevos espacios.
En el esquema actual, el rol del Ejército queda limitado al “círculo tres”, es decir, la vigilancia y patrullaje perimetral de los centros de detención.
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Sáenz insistió en que la presencia militar no será permanente ni sustituirá la función de la administración penitenciaria, pero persistirá hasta que las cárceles sean seguras.
Mientras tanto, el Ejército implementará acciones activas para impedir la comunicación y el ingreso de objetos prohibidos, en busca de restablecer el control institucional y legal sobre el sistema penitenciario.
El Ejército de Guatemala reafirma su compromiso en la gestión de la crisis penitenciaria. De acuerdo con Sáenz, cada soldado, especialista y oficial mantiene la responsabilidad de contribuir a condiciones seguras para que las familias puedan salir a trabajar y los niños ir a la escuela.
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El ministro remarcó la continuidad de los patrullajes y operativos conjuntos, especialmente después del estado de sitio, como medida para preservar la tranquilidad social.
Gobierno de Guatemala proyecta construir dos cárceles de alta seguridad
La administración de Bernardo Arévalo, proyecta la construcción de dos cárceles de alta seguridad como respuesta a la crisis del sistema penitenciario y el avance de la criminalidad organizada desde las prisiones.
La primera cárcel se ubicará en Izabal, Guatemala, y estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con asesoría técnica internacional y el acompañamiento del Gobierno de Estados Unidos. Los fondos para esta obra ya están incluidos en el presupuesto nacional y se prevé el inicio de la construcción este año, una vez ratificada la ley de presupuesto.
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El segundo centro penitenciario de alta seguridad estará en Masagua, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este proyecto está listo para iniciar la licitación y, según lo proyectado por el Gobierno, estará habilitado en 2027, ampliando así la capacidad y el control del sistema penitenciario nacional.
La decisión de construir estas nuevas prisiones responde a una serie de crisis recientes, entre ellas motines, asesinatos de agentes y tomas de rehenes en cárceles que operan con una tasa de hacinamiento superior al 340% y una infraestructura colapsada.
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