El gobierno de Guatemala rechaza negociar tras motines penitenciarios

Una serie de motines coordinados sacudió hoy a tres centros penitenciarios de Guatemala, movilizando a las fuerzas de seguridad y situando al Ministerio de Gobernación en el centro de la respuesta estatal. El ministro Marco Antonio Villeda confirmó en conferencia de prensa que la administración descarta cualquier negociación con los grupos responsables y aseguró que la estrategia desplegada buscará restablecer la autoridad penitenciaria mediante el uso de la fuerza si fuera necesario. Estas medidas, afirmó, constituyen una respuesta directa ante los intentos de los internos por recuperar privilegios previamente eliminados.

En la fase más reciente de la crisis, funcionarios indicaron que, pese a los disturbios y la toma de rehenes, hasta el momento no se ha reportado ningún herido ni fallecido entre el personal ni los privados de libertad.

El director de los centros penales detalló que los rehenes ascienden a un total de nueve guardias y un psicólogo en el sector once, nueve guardias en Renovación uno y veintiocho agentes penitenciarios en otra instalación, corroborando que las personas retenidas se encuentran en buen estado.

La urgencia por recobrar el control, enfatizó el ministro, no cede ante presiones, pero sí prioriza la vida y la integridad de los secuestrados: “El tiempo que sea necesario para resguardar la vida de nuestra persona. El tiempo que sea necesario”, subrayó.

Durante la conferencia de este sábado, el titular de Gobernación, Marco Antonio Villeda, atribuyó la serie de motines al “grupo terrorista del barrio dieciocho”, señalando que existe un diseño planificado en la acción, orientada primordialmente a presionar por el traslado de su líder, Aldo Dupuy Ochoa, alias El Lobo, a otro recinto penitenciario.

El ministro reveló que este recluso ha demandado en el pasado condiciones tales como la instalación de un aire acondicionado en su celda, una cama king size y acceso a comida de restaurantes, prevenciones que las autoridades se niegan a conceder y cuya negativa habría fungido como detonante de la protesta generalizada.

Call centers dedicados a la extorsión

El funcionario ahondó en las operaciones desarrolladas en los últimos meses para limitar privilegios y desarticular células delictivas al interior del sistema penitenciario. Villeda afirmó que se han realizado amplios operativos de requisa, resultando en la desarticulación de “auténticos call centers” dedicados a la extorsión, así como el control riguroso de visitas y encomiendas.

Estas estrictas medidas, dijo, han motivado la reacción violenta y coordinada de los internos. “Este gobierno… no va a pactar con ningún grupo terrorista, no voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarles los privilegios con el objeto que evocan sus acciones”, expresó con firmeza el ministro.

El despliegue operativo cuenta con el respaldo de la Policía Nacional Civil, unidades de seguridad penitenciaria y colaboración del Ejército, que mantiene anillos de seguridad alrededor de los recintos para evitar fugas y garantizar la seguridad de la población.

Las autoridades ratificaron que el Estado usará toda su capacidad operativa disponible hasta restablecer el orden, dentro del marco legal. Según el ministro, la única apertura al diálogo queda supeditada a la liberación y la integridad de los rehenes, sin que ello implique cesión de privilegios ni modificación de condenas.

Sobre el desarrollo de disturbios externos sincronizados con los motines, Villeda confirmó que familiares de los reclusos instalaron vallas humanas en la ruta al Pacífico, bloqueando el tránsito e incendiando un vehículo como parte del plan para crear caos.

El ministro también advirtió sobre la existencia de un plan orquestado para atacar a las fuerzas de seguridad con el propósito de facilitar la liberación del líder del grupo criminal. Como contramedida, el Estado reforzó la vigilancia tanto en los entornos inmediatos de los centros como en las diferentes rutas del país.

Al ser consultado por periodistas, el titular del ministerio negó cualquier “cortina de humo” gubernamental vinculada a los incidentes, rechazando la especulación sobre alguna maniobra política que explique los acontecimientos. Asimismo, atribuyó la tenencia de armas de fuego por parte de los reclusos tanto a sustracciones durante el motín como a la colusión previa entre miembros de la guardia penitenciaria y los privados de libertad, lo que ha motivado recientes detenciones de funcionarios penitenciarios implicados.

Respecto al incendio del área administrativa en un centro de reinserción juvenil, el ministro confirmó que toda la información esencial está respaldada y “no se ha perdido absolutamente nada” en términos documentales, pese a la destrucción física del archivo.

El Ministerio reiteró que estos sucesos son cíclicos, consecuencia histórica de concesiones y negociaciones del pasado que propiciaron la generación de privilegios inaceptables para los internos.

Las autoridades recalcaron su propósito de reformar profundamente el sistema penitenciario, con un enfoque en el rigor de la guardia, la eliminación de la corrupción interna y la construcción de nuevas cárceles bajo un modelo de máxima seguridad. El ministro señaló que “necesitamos reformar el sistema penitenciario de manera profunda, y esa reforma pasa por [una] guardia penitenciaria mucho más entrenada, una guardia jerarquizada, una guardia mucho más motivada”.

El mensaje a la ciudadanía, en palabras de Villeda, es inequívoco: “No nos van a amedrentar, no nos van a intimidar, ni vamos a ceder ante estas negociaciones que ellos proponen”. Aseguró que la autoridad estatal se mantiene firme y que se implementarán todas las medidas preventivas para evitar el desborde de la violencia fuera de los recintos penitenciarios.

El recuento final de personas retenidas en los diferentes motines quedó así: nueve guardias y un psicólogo en el sector once, nueve guardias en Renovación uno, y veintiocho agentes penitenciarios en otra instalación. Todas estas personas, según informes oficiales, se encuentran en buen estado hasta el cierre del reporte.