La renovación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala avanza con la recepción de expedientes para la elección de magistrados titulares y suplentes por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en el contexto de un proceso que involucra a varias instituciones y que definirá la integración del tribunal para el periodo 2026-2031.
Para abril de 2026, se prevé que quedará conformada la nueva Corte, cuyo papel está definido por la Constitución Política de la República de Guatemala como órgano permanente e independiente encargado de resguardar el orden constitucional.
Los trabajos del Tribunal Electoral del CANG se centran en la calificación y evaluación de los 13 expedientes para magistrado titular y siete para suplente recogidos durante la convocatoria reciente, según informó su presidente, Francisco Arturo Peña.
Este proceso, que culminará con la notificación de procedencia o rechazo de las inscripciones, incorpora un llamado especial a los abogados del país para actuar bajo principios éticos. Peña subrayó: “La idea es mantener la elección en armonía de manera correcta, con los principios de la ética”.
<b>Congreso convoca a sesión el lunes 19</b>
En el último tramo, el Congreso de la República ha definido que los aspirantes a ocupar una magistratura ante la Corte de Constitucionalidad podrán presentar sus expedientes del 2 al 20 de febrero en la Dirección Legislativa, en horario de 8:30 a 16:30, de acuerdo con las bases propuestas por los jefes de bloque y lo comunicado por Luis Contreras, presidente de la Junta Directiva.
Para facilitar este trámite, se ha convocado una sesión plenaria para el lunes 19 de febrero, con el propósito de aprobar el Acuerdo Legislativo que formalice la recepción y consideraciones del proceso.
La designación de magistrados para la Corte no se circunscribe únicamente al Congreso: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala están a cargo de la elección de sus respectivos representantes, aunque aún se desconoce la modalidad concreta que aplicarán en esta ocasión.
Por su parte, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, señaló que el Organismo Ejecutivo ya ha iniciado la revisión y selección interna, recordando que en este caso la designación es directa.
La Constitución indica de manera precisa que la Corte de Constitucionalidad funciona como órgano colegiado, con independencia económica asegurada por un porcentaje de los ingresos del Organismo Judicial.
Según lo establecido en la Carta Magna de Guatemala, la integración de la Corte responde a criterios de representación institucional. El Congreso de la República elige magistrados titulares y suplentes mediante votación plenaria con mayoría calificada de 81 legisladores.
La Corte Suprema de Justicia selecciona de una terna propuesta, aunque en este ciclo podría optar por designación directa. Mientras tanto, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala nombra un titular y suplente. El Colegio de Abogados y Notarios postula después de una elección mediante voto secreto por los agremiados y el presidente de la República designa de manera directa a un magistrado.
El procedimiento para la renovación de la Corte evidencia la intervención coordinada de los poderes del Estado y la comunidad jurídica, bajo el objetivo de garantizar la protección de la Constitución y la independencia del máximo tribunal en materia constitucional del país.
La elección de magistrados titulares y suplentes de este alto órgano de Estado, también se constituye en un proceso relevante, debido a que es una instancia que cada día recibe expedientes de inconstitucionalidades de normas ordinarias del país, por cual se constituye en un proceso de elección de segundo grado como es el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
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