El gobierno federal demanda a Minnesota por exigir permisos y esperas para comprar armas de fuego

El Gobierno federal de Estados Unidos presentó una demanda contra Minnesota, Minneapolis y Saint Paul al sostener que las normas estatales para comprar armas de fuego vulneran la Segunda Enmienda de quienes no poseen permiso para portar armas.

La acción judicial apunta a dos requisitos vigentes en el estado: la espera obligatoria que puede extenderse hasta 30 días y la exigencia de obtener un permiso local antes de adquirir una pistola o determinados rifles. La información fue publicada por CBS Minnesota el 24 de septiembre.

La demanda cuestiona las demoras para autorizar la compra de armas

La presentación federal plantea que los residentes de Minnesota deben entregar un informe de transferencia al jefe de Policía o al alguacil de su jurisdicción antes de concretar una compra. A partir de ese procedimiento, la legislación permite una demora de hasta 30 días.

Además, la normativa requiere un permiso de compra emitido por las autoridades policiales locales para acceder a pistolas y a ciertos rifles. El Gobierno federal argumentó que ese sistema impone restricciones incompatibles con el derecho constitucional a poseer y portar armas.

Tal como informó CBS Minnesota, la demanda afirma que los plazos para recibir la aprobación en Minneapolis y Saint Paul suelen superar el máximo previsto por la ley estatal. Algunas personas, aseguró el escrito citado por el medio, habrían esperado cerca de 60 días para obtener el permiso.

El recurso sostiene que esas demoras afectan en particular a quienes no cuentan con una licencia de portación. De acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda, más del 93 % de los habitantes de Minnesota no tiene ese tipo de autorización.

El Gobierno federal afirma que la norma afecta la defensa del hogar

Los demandantes indicaron que quienes desean comprar un arma para proteger su vivienda enfrentan una espera anual de hasta 30 días. La acción judicial sostiene que esa situación se repite aunque la persona no pretenda llevar el arma fuera de su hogar.

“El ciudadano de Minnesota que simplemente desea defender su casa se ve obligado a afrontar un período de espera de 30 días cada año”, plantea la demanda, de acuerdo con la cobertura de CBS Minnesota.

La administración federal solicitó al tribunal una orden judicial permanente que impida aplicar las disposiciones cuestionadas. Si el pedido prospera, quedarían sin efecto los requisitos de espera y de permiso de compra que son objeto del litigio.

La presentación incluye al Estado de Minnesota y a sus dos ciudades más pobladas. Hasta la publicación de la nota original, el medio señaló que había solicitado comentarios a las autoridades de Minneapolis y Saint Paul, sin informar respuestas de las administraciones locales.

Keith Ellison defendió los controles y cuestionó al Departamento de Justicia

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, rechazó la demanda y defendió el sistema estatal de controles previos. En una declaración difundida tras conocerse el caso, vinculó la acción federal con recientes episodios de violencia armada en el estado.

“Dadas las recientes, impactantes y trágicas situaciones de violencia con armas en Minnesota, resulta asombroso que la administración de Trump dedique sus recursos a atacar a los departamentos de Policía y las leyes estatales de verificación de antecedentes”, afirmó Ellison, en declaraciones recogidas por CBS Minnesota.

El funcionario aseguró que las normas fueron aprobadas de forma democrática por los representantes elegidos en el estado. También remarcó que el objetivo de la legislación es garantizar que los permisos para comprar o transferir pistolas y rifles de asalto se otorguen únicamente a compradores que cumplan los requisitos legales.

“Estas leyes existen para asegurar que los permisos de compra o transferencia se emitan solo a adquirentes elegibles”, sostuvo Ellison. A su vez, acusó al Departamento de Justicia de intentar reducir la seguridad pública en Minnesota mediante la demanda.

El proceso judicial abre una disputa entre la interpretación federal de la Segunda Enmienda y las herramientas de control de armas establecidas por las autoridades estatales y municipales. El tribunal deberá resolver si los procedimientos cuestionados pueden seguir vigentes mientras avanza el caso.