Estados Unidos deportó a Cuba a un agente de inteligencia de la dictadura que se infiltró entre exiliados

Estados Unidos deportó a Cuba a Fernando Armando Valdés Pérez, un ciudadano cubano de 61 años señalado por las autoridades federales de haber trabajado durante décadas para los servicios de inteligencia de La Habana y de haberse infiltrado en círculos de exiliados y opositores cubanos. Su expulsión, concretada el 7 de agosto, ocurrió después de que una investigación concluyera que ocultó esos vínculos cuando tramitó y obtuvo la residencia permanente estadounidense.

Valdés, quien residía en Kendall, Florida, también poseía ciudadanía guatemalteca, condición que figuraba en los antecedentes oficiales utilizados durante la investigación migratoria federal.

Valdés fue detenido el 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de Miami durante un operativo migratorio en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Tras su arresto, quedó sometido a un proceso de expulsión y finalmente fue enviado a Cuba.

De acuerdo con la investigación citada por ICE, Valdés habría actuado como un agente de inteligencia cubano desde mediados de la década de 1990. Su tarea consistía en acercarse a comunidades de exiliados y disidentes, obtener información sobre sus actividades y transmitirla a las estructuras de inteligencia del régimen cubano. Las autoridades estadounidenses sostienen que esa actividad se desarrolló tanto dentro de Estados Unidos como en otros países de América Latina.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la capacidad del acusado para integrarse en determinados sectores de la comunidad cubana del sur de Florida. Según ICE, Valdés consiguió ganarse la confianza del fallecido Luis Posada Carriles, conocido por su oposición al castrismo, y mantuvo relaciones cercanas con otras figuras destacadas de la comunidad cubanoamericana hasta poco antes de ser arrestado.

La investigación también se concentró en su historial migratorio. Las autoridades determinaron que Valdés no informó sobre sus supuestos vínculos con los servicios de inteligencia cubanos cuando solicitó la residencia permanente en Estados Unidos. Para los investigadores, esa omisión fue deliberada y permitió que obtuviera un beneficio migratorio al proporcionar información incompleta o falsa a los funcionarios encargados de evaluar su solicitud.

“Las personas que ocultan sus vínculos con servicios de inteligencia extranjeros y se aprovechan de nuestro sistema migratorio representan una grave amenaza para la integridad de ese sistema y para nuestra seguridad nacional”, afirmó Matthew Elliston, director de la oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE en Miami.

El funcionario agregó que la agencia continuará coordinando acciones con otras dependencias federales para detectar casos similares. “ICE continuará trabajando con nuestros socios federales para identificar, detener y expulsar a quienes obtengan beneficios migratorios mediante fraude”, señaló Elliston.

El caso se produce en un contexto en el que las autoridades migratorias estadounidenses han utilizado procedimientos de expulsión contra extranjeros señalados por su participación en estructuras represivas o por haber ocultado información relevante al obtener beneficios migratorios. En agosto, Estados Unidos también deportó a Venezuela al ex coronel venezolano Rafael José Quero Silva, después de que un juez de inmigración ordenara su expulsión.

Quero Silva había comandado el Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto y fue señalado en investigaciones incorporadas a su proceso migratorio por abusos contra manifestantes opositores y detenidos. Según esos antecedentes, la unidad bajo su mando estuvo involucrada en actos de tortura y represión durante protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.

En el caso de Valdés, las autoridades estadounidenses no informaron sobre eventuales investigaciones contra otras personas ni precisaron si existen procesos adicionales relacionados con sus presuntas actividades de inteligencia. Tampoco divulgaron públicamente detalles sobre la información que habría recopilado durante sus años de permanencia en Estados Unidos y América Latina.

La deportación quedó así vinculada principalmente a dos elementos establecidos por las autoridades: las acusaciones de colaboración con los servicios de inteligencia cubanos y la supuesta ocultación de esos vínculos durante su proceso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.