El Departamento de Transporte de Florida revocó los permisos para instalar lectores de patentes de Flock Safety, la empresa de tecnología, en rutas estatales y ordenó retirar los equipos ya colocados en un plazo de 30 días. La medida se basó en denuncias de uso indebido, dudas sobre el manejo de datos y temores por la vigilancia.
La medida quedó formalizada en un documento firmado el lunes 31 de agosto por el director de operaciones y subsecretario de Transporte, Will Watts. El funcionario vinculó la decisión con la rápida multiplicación de los dispositivos a lo largo de las carreteras de Florida.
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El Departamento de Transporte anuló todas las autorizaciones existentes
“Mientras la ley de Florida limita la emisión de permisos para sistemas LPR a agencias del orden, el reciente aumento exponencial de despliegues a lo largo de nuestras carreteras, sumado a reportes preocupantes de mal uso, inquietudes por la privacidad de datos y esquemas de vigilancia, amerita una acción inmediata”, escribió Watts en el memorando citado por ABC News.
El subsecretario sostuvo que la intervención busca preservar “la soberanía y la calidad de vida de los floridanos”. El documento no planteó una suspensión temporal: dispuso que el Departamento de Transporte ya no otorgará permisos ante nuevas solicitudes dentro de su ámbito.
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La resolución alcanza a los lectores automáticos de patentes, conocidos por la sigla LPR, que habían sido autorizados para funcionar en zonas de servidumbre de las rutas estatales.
La decisión no detalla en el material disponible cuántos dispositivos debían ser retirados de esos corredores.
Las denuncias por uso indebido aceleraron la decisión estatal
Según la información publicada por el medio estadounidense, varios miembros de fuerzas de seguridad fueron despedidos en las últimas semanas y afrontan cargos penales por presuntos usos inapropiados del sistema.
Uno de los episodios mencionados ocurrió el mes pasado en una localidad de Massachusetts, donde las autoridades rompieron su relación con Flock Safety y retiraron los lectores tras una supuesta búsqueda de datos sobre una persona conocida por parte de un agente.
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Un departamento de policía de Luisiana también apartó a un oficial en un caso distinto por la presunta utilización de las cámaras para obtener información sobre alguien de su entorno. Flock Safety no respondió de inmediato a la consulta de ABC News sobre la medida adoptada en Florida.
La empresa explica que su tecnología registra las patentes y otras características de cada vehículo que pasa frente a los equipos.
Ese alcance alimentó las objeciones de organizaciones, vecinos y autoridades que reclaman controles más claros sobre el acceso, la conservación y el intercambio de la información reunida.
Ron DeSantis cuestionó el alcance de la red de vigilancia
La orden estatal fue emitida el 31 de agosto, según Tallahassee Democrat, diario local, en medio de críticas del gobernador Ron DeSantis, quien describió el sistema como “fuera de control”.
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El gobernador afirmó que respalda el uso de herramientas para que las fuerzas de seguridad investiguen delitos, aunque rechazó que esa capacidad desemboque en “un Estado de vigilancia”.
La publicación señaló que esa posición se vincula con las discusiones previas sobre privacidad y protección de datos en Florida.
El cuestionamiento no se limitó a las autorizaciones viales. El diario indicó que las críticas incluyeron casos en los que agencias asociadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) habrían usado el sistema para rastrear a inmigrantes.
También pesaron las acusaciones sobre el empleo de datos por parte de decenas de agentes. El memorando del Departamento de Transporte concentró esas preocupaciones en tres puntos: despliegue masivo, posibles abusos y riesgos para la privacidad.
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Más de dos docenas de condados empezaron a apagar sus equipos
La decisión sobre las rutas estatales llevó a numerosas oficinas de sheriffs a suspender o eliminar cámaras situadas también en vías locales.
Tallahassee Democrat informó que más de dos docenas de condados tomaron medidas para apagar, desconectar o retirar sus redes.
En Alachua, la oficina del sheriff Chad Scott anunció el retiro de 27 cámaras. El funcionario sostuvo que la mayoría de los vehículos registrados pertenece a personas que realizan actividades cotidianas y que no deberían ser tratadas como sospechosas.
La oficina del sheriff de Brevard comunicó que dejará de utilizar 19 dispositivos, pese a considerar que la herramienta ayudó a resolver delitos graves.
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Su titular, Wayne Ivey, sostuvo que el programa requiere una pausa hasta que existan límites efectivos para evitar vulneraciones a la privacidad.
En Calhoun, las seis cámaras existentes pertenecían al estado y contaban con financiación estatal, según la oficina del sheriff. La agencia aclaró que no las había comprado ni financiado y anunció que no accedería a sus registros.
Algunas agencias pidieron reglas antes de reactivar la tecnología
En Leon, donde se encuentra la capital estatal, el sheriff Walt McNeil comunicó el 31 de agosto que el condado dejaría de emplear las cámaras hasta que hubiera mayores mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
La oficina del sheriff de Franklin apagó su sistema ese día, aunque descubrió al día siguiente que los dispositivos continuaban tomando imágenes pese a que la cuenta de la agencia estaba desactivada.
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El sheriff A.J. Smith cubrió las cámaras con bolsas y desconectó su alimentación eléctrica, según la información difundida por la propia oficina.
La sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, anunció el 1 de septiembre que su agencia se sumaba al retiro. La funcionaria reconoció beneficios de la tecnología, pero sostuvo que los resultados deben estar acompañados por salvaguardas adecuadas.
En Nassau, las autoridades retirarán 34 cámaras. El sheriff Bill Leeper reclamó normas que limiten el uso de los lectores a investigaciones por delitos graves, búsquedas de personas desaparecidas o en peligro y recuperación de bienes robados.
La medida de Florida dejó en suspenso una herramienta defendida por varios sheriffs como apoyo para resolver delitos.
Abrió una discusión estatal sobre los límites de la vigilancia automatizada, la responsabilidad de los agentes que acceden a los datos y el control público sobre las redes de cámaras.
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