Estados Unidos sancionó a otros 3 funcionarios y 9 entidades del régimen de Cuba, incluido el Ministerio de Construcción

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado sancionaron este jueves a nueve entidades estatales cubanas y a tres altos cargos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en una nueva ronda de designaciones contra la isla. Entre las entidades incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados figura el Ministerio de la Construcción (MICONS), organismo de la Administración central del Estado creado el 23 de mayo de 1963.

Las designaciones se adoptaron al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, que autoriza castigar a quienes Estados Unidos considera responsables de la represión en Cuba o de amenazas a su seguridad nacional. La medida bloquea todos los bienes de los designados que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de personas de ese país, y extiende el bloqueo a cualquier sociedad participada en un 50% o más por un sancionado.

Junto al MICONS, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporó a la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, situada en Moa (Holguín); la comercializadora de metales MetalCuba; Acinox Comercial; el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal); la agencia de contratación de mano de obra Acorec; Transimport, dedicada a equipos de transporte pesado; Consumimport y Coratur, las dos últimas vinculadas al Grupo Empresarial del Comercio Exterior.

Los tres sancionados a título individual son el presidente del ICAP, Fernando González Llort; la primera vicepresidenta del organismo, Noemí Ramona Rabaza Fernández, y la directora para América del Norte, Leima Martínez Freire. El ICAP, fundado el 30 de diciembre de 1960, ya había sido designado el 4 de junio. González Llort integró la Red Avispa, desmantelada por el FBI en Florida en 1998, y cumplió condena en Estados Unidos hasta 2014.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el instituto patrocina, según su declaración escrita, “una vasta red subversiva en Estados Unidos dirigida a identificar, cultivar y radicalizar” a ciudadanos estadounidenses, y afirmó que La Habana aprovechó el centenario del nacimiento de Fidel Castro para trasladar a la capital cubana a una nueva brigada de simpatizantes extranjeros. El Gobierno cubano no había reaccionado al cierre de esta edición.

En una nota técnica difundida junto a las designaciones, el Tesoro precisó que no tiene intención de perseguir a personas extranjeras, incluidas entidades financieras, que realicen operaciones necesarias para liquidar sus negocios con el MICONS o con sociedades participadas por el ministerio en un 50% o más, siempre que ese proceso concluya antes del 19 de septiembre de 2026. Quienes no puedan cerrarlo en plazo deberán dirigirse a la línea de cumplimiento de la OFAC.

El organismo advirtió, no obstante, que devolver activos a un sancionado o trasladarlos a otra jurisdicción para su eventual uso expone a sanciones. Para quienes están sujetos a jurisdicción estadounidense, esa ventana no autoriza nada prohibido por el Reglamento de Control de Activos Cubanos, vigente desde 1963, salvo las excepciones humanitarias ya previstas.

La designación del MICONS y de las empresas del níquel y los metales alcanza a dos de las escasas fuentes de divisas que le quedan al país. La producción de la mina de Moa operada por Sherritt International, minera canadiense, en sociedad con el Estado cubano cayó a 25.240 toneladas de níquel en 2025, frente a 30.331 el año anterior, según datos de la propia compañía, que atribuyó el retroceso a los apagones y a la falta de insumos.

Las sanciones se suman a una secuencia iniciada el 7 de mayo con el conglomerado militar GAESA y continuada el 4 de junio, cuando fueron designados el dictador Miguel Díaz-Canel y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el 6 de agosto, con trece objetivos vinculados a compras de armamento. El bloqueo petrolero impuesto tras la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela agravó la crisis energética cubana.

El calendario fijado por el Tesoro convierte el 19 de septiembre en una fecha decisiva para los proveedores europeos, canadienses y asiáticos que aún mantienen contratos de obra pública en la isla. La eventual retirada de esos socios dejaría el sector constructivo cubano, ya paralizado por la escasez de cemento y combustible, más expuesto a la única alternativa que hoy sostiene la industria minera del país: el capital chino.