
El FBI allanó la casa del excongresista Eric Swalwell en Washington D.C. el domingo 16 de agosto. La operación ocurrió un día después de que agentes federales interceptaran al político en el aeropuerto de San Francisco para incautar sus dispositivos electrónicos. Estos procedimientos forman parte de una investigación federal por agresión sexual que mantiene bajo escrutinio al exrepresentante demócrata.
El operativo en el aeropuerto respondió a la necesidad de asegurar pruebas digitales críticas antes de que pudieran ser alteradas o borradas. Al portar una orden judicial de registro, los agentes del FBI confiscaron su teléfono móvil y otros equipos electrónicos personales para obtener evidencias directas sobre las denuncias de conducta sexual inapropiada. Esta acción fue el paso previo necesario para completar el registro de su domicilio en la capital.
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Investigaciones federales y denuncias por agresión sexual
La labor de los agentes se centra en analizar el contenido de los equipos confiscados. El FBI utiliza esta información para contrastar los testimonios recibidos, mientras las autoridades trabajan bajo la premisa de obtener pruebas técnicas que respalden los relatos de las víctimas. La gravedad de las acusaciones escaló cuando se expusieron los hechos en abril.
En ese momento, cuatro mujeres acusaron a Swalwell de violación y conducta inapropiada. Una exempleada del excongresista alegó haber sido violada en dos ocasiones, en 2019 y 2024, mientras que otras tres mujeres reportaron a CNN haber recibido mensajes explícitos y fotografías sin su consentimiento. Las víctimas, tras prestar declaración ante agentes federales, subrayaron la persistencia de los abusos en distintos entornos.
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El impacto legal de estas acusaciones activó investigaciones criminales en múltiples jurisdicciones. La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles confirmaron la apertura de expedientes para evaluar la veracidad de los testimonios. Ante estos señalamientos, el exlegislador calificó las acusaciones de “falsas” y cuestionó su temporalidad al ocurrir cerca de un proceso electoral.
A pesar de su defensa, figuras clave del Partido Demócrata, como Hakeem Jeffries, retiraron su apoyo político al excongresista. La presión interna y social forzó su salida de la contienda por la Gobernación de California y su posterior renuncia al cargo legislativo.
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Diferenciación con el caso de inteligencia extranjera
Es fundamental distinguir la actual causa criminal por agresión sexual de una investigación previa de contrainteligencia del FBI que vinculó al excongresista con la ciudadana china Christine Fang, apodada “Fang Fang”. Entre 2011 y 2015, Fang operó en el área de la Bahía de San Francisco como presunta agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) para infiltrarse en círculos políticos.
El vínculo con Eric Swalwell comenzó en 2012, cuando este ejercía como concejal. En 2014, el FBI abrió un expediente para determinar si existió un esquema de soborno o pago por favores (quid pro quo), marco en el cual indagó si Fang ofreció donaciones de campaña o pasantes a cambio de acceso e influencia política. Sin embargo, tras recibir una sesión defensiva (defensive briefing) por parte de las autoridades en abril de 2015, Swalwell cortó de inmediato todo contacto con ella.
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La agencia cerró la causa formalmente en mayo de 2017 sin presentar cargos en su contra al descartarse cualquier tipo de corrupción o conducta ilícita.

En marzo de 2026, la Casa Blanca emitió el memorando oficial que autorizó la desclasificación del expediente del FBI. Según consta en los informes oficiales de interrogatorio FD-302 del FBI (Seriales 89 y 160 de la investigación), Swalwell admitió ante los agentes en mayo de 2015 haber sostenido encuentros físicos ocasionales con Fang entre 2012 y marzo de ese mismo año, además de haber rechazado ofertas para viajar a China organizadas por la presunta operadora. Tras la investigación, las autoridades estadounidenses prohibieron a Fang el reingreso al país.
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Ambos asuntos responden a causas y motivos totalmente independientes: el expediente Fang se centró en la seguridad nacional y el financiamiento electoral en un caso cerrado hace casi una década, mientras que las acciones recientes de la justicia se concentran exclusivamente en denuncias por delitos de índole sexual.
Postura de la defensa y análisis de expertos
La abogada del exrepresentante, Sara Azari, sostiene que los documentos sobre Fang no presentan novedades. La defensa declaró a ABC7 que su cliente nunca cometió delitos y que la difusión de estos registros obedece a intereses políticos. Según Azari, “el gobierno confirmó que él no hizo nada malo” en aquel expediente hace una década.
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Por su parte, expertos como el exfiscal Anthony Brass señalan que este caso subraya los riesgos de seguridad que enfrentan quienes ocupan puestos de poder. El especialista destacó que, independientemente de la investigación actual por agresión sexual, la trayectoria del político sigue bajo revisión.
La situación del excongresista continúa en desarrollo a medida que los investigadores procesan el material incautado.
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