La administración de Donald Trump planea presentar al menos 250 casos de desnaturalización antes de octubre, una aceleración de la ofensiva para revocar la ciudadanía a personas naturalizadas en Estados Unidos que, según el Departamento de Justicia, ocultaron información durante el trámite o la obtuvieron de manera fraudulenta, informó CNN.
La iniciativa amplía una agenda migratoria que ya no se limita a quienes están en el país sin autorización y podría derivar en la pérdida de la ciudadanía, el retorno al estatus migratorio previo y, en algunos casos, procedimientos de deportación, indicó CBS News.
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Los antecedentes y el salto en la cantidad de casos
En la última década, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reportó casi 8 millones de personas se convirtieron en ciudadanos estadounidenses naturalizados. Aunque 250 casos representan una fracción pequeña de los 24 millones estimados de ciudadanos naturalizados en el país, el plan marca una escalada drástica en el uso de la desnaturalización, subrayó CBS News.
Incluso, el ritmo ya superó con amplitud los antecedentes recientes. La administración de Joe Biden presentó 24 casos en cuatro años. Entre 2008 y el 12 de junio de 2026 se presentaron 166 demandas de desnaturalización, con un promedio anual de menos de 10, según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, citado por CNN.
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En menos de dos meses de 2026, el Departamento de Justicia presentó 29 casos. El objetivo es alcanzar al menos 250 expedientes en el año fiscal 2026, que finaliza el 30 de septiembre, precisaron CNN y CBS News.
La administración anticipó esta prioridad en un memorando de junio de 2025 del fiscal general adjunto Brett Shumate. El documento enumeró 10 categorías prioritarias, entre ellas personas consideradas un riesgo para la seguridad nacional, implicadas en crímenes de guerra, fraude o delitos graves no revelados durante el proceso de naturalización.
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El memorando aclaró que esas categorías sirven para orientar prioridades, pero no limitan a la división civil ni están ordenadas por importancia, aclara el texto citado por CNN.
A su vez, la medida alcanza a ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero que se naturalizaron después de llegar al país. No se aplica a quienes adquirieron la ciudadanía por nacimiento.
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La ley permite quitar la ciudadanía por fraude o por obtención ilegal
De acuerdo con CNN, el gobierno federal puede pedir la revocación de la ciudadanía si una persona hizo declaraciones falsas relevantes para la naturalización o si la ciudadanía se obtuvo de manera ilegal porque no cumplía los requisitos.
Un alto funcionario del Departamento de Justicia defendió ese uso y dijo al medio: “Esta es una herramienta legal que el Congreso ha tenido vigente durante décadas”. Agregó que estos casos deben priorizarse “para proteger la integridad de la ciudadanía estadounidense y garantizar que las personas que están presentes en este país y han disfrutado de los beneficios de la ciudadanía lo estén haciendo legalmente”.
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Los casos ya iniciados por la administración incluyen personas acusadas de fraude, abuso sexual de un menor o de haber expresado apoyo al terrorismo antes o durante el proceso de naturalización. Funcionarios del Departamento de Justicia sostienen que el foco está puesto en personas que ocultaron antecedentes penales o actos delictivos en curso cuando solicitaron la ciudadanía.
El mismo funcionario afirmó a CNN: “Las personas que recibieron una multa de estacionamiento no serán alguien en quien vayamos a concentrar nuestros recursos y puede que ni siquiera reúnan los requisitos para una desnaturalización bajo la ley”. Luego añadió: “Se trata realmente de encontrar personas que hayan cometido fraude grave contra Estados Unidos, identificarlas y avanzar tan rápido como podamos”.
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El Departamento de Justicia reasignó abogados para ampliar los casos
Detrás de ese aumento, el Departamento de Justicia retiró litigantes civiles de varias divisiones, incluso de áreas dedicadas a investigar fraude, para concentrarlos en causas de desnaturalización, según el alto funcionario citado por CNN.
La unidad de desnaturalización está integrada por 12 abogados que revisan casos pendientes mientras reciben remisiones del Departamento de Seguridad Nacional. Ese atraso incluyó expedientes por fraude de identidad, condenas previas, crímenes de guerra y terrorismo.
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En paralelo, las fiscalías federales comenzaron a recibir expedientes y a asignarlos en distintos distritos del país conforme a la jurisdicción de presentación. El alto funcionario del Departamento de Justicia sostuvo que esas oficinas podrían impulsar “varios cientos de casos más”.
Este tipo de expedientes suelen ser complejos y demandan plazos largos de litigio, por ello administraciones anteriores concentraron la desnaturalización, sobre todo, en casos vinculados con crímenes de guerra y terrorismo, detalló CNN.
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Expertos advierten que el proceso judicial limita una expansión masiva
Stacey Young, exfuncionaria del Departamento de Justicia y fundadora y directora ejecutiva de Justice Connection, advirtió a CNN que el litigio seguirá como un obstáculo central: “Puede que logren agilizar el proceso para iniciar estos casos, pero independientemente de las medidas que tomen antes de que se presenten las demandas, el proceso judicial en sí mismo seguirá siendo un gran impedimento para su objetivo de desnaturalizar a un gran número de personas”.
Daniel Kanstroom, profesor de la Facultad de Derecho de Boston College, explicó a CNN que las fuertes garantías procesales existen por decisiones de la Corte Suprema: “La razón de la solidez de las protecciones, la razón por la que el estándar es la evidencia clara y convincente, entre otras, se debe a las decisiones de la Corte Suprema”.
Kanstroom consideró que el énfasis de la administración en estas causas es “potencialmente preocupante”, aunque señaló que, por ahora, los casos presentados en general encajan en el tipo de expedientes que también impulsaron administraciones anteriores.
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