Las consecuencias de una posible eliminación definitiva de la autoridad federal para regular los gases de efecto invernadero han encendido la alarma entre los gobiernos estatales de Estados Unidos.
Veinticuatro estados, junto a ciudades y condados, han iniciado una demanda contra la administración Trump para revertir la decisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de retirar la base legal que permitía combatir el cambio climático.
El proceso judicial, presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, busca restablecer la determinación de peligro, el dictamen científico emitido en 2009 que permitió a la EPA limitar las emisiones de carbono y otros gases contaminantes provenientes de automóviles, centrales eléctricas y pozos petroleros.
Según la agencia, dirigida por el gobierno de Donald Trump, la Ley de Aire Limpio solo autoriza restricciones sobre contaminantes que causan daños inmediatos y directos a la salud, excluyendo a los gases de efecto invernadero por su impacto global.
La eliminación de la determinación de peligro dejaría sin herramientas legales a la EPA en futuras administraciones, impidiendo restaurar límites mediante nuevas normas federales.
Los argumentos de los estados y el contexto legal
Los gobiernos estatales sostienen que la EPA actuó de manera ilegal al revocar la conclusión científica de 2009, fundamento de la regulación federal sobre gases de efecto invernadero.
Andrea Joy Campbell, fiscal general de Massachusetts y líder de la demanda junto a California, Nueva York y Connecticut, explicó que “el hallazgo de peligro es imprescindible para proteger la salud y el bienestar de nuestras familias y niños”, y señaló al organismo por “violaciones flagrantes de la ley”.
La demanda también exige que se anule la eliminación de los límites a las emisiones de vehículos, que son el mayor foco de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, responsable de más de un tercio de la contaminación climática nacional.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, afirmó: “En todo el país, las comunidades ya sufren desastres climáticos. En vez de ayudar a los estadounidenses a enfrentar esta nueva realidad, la administración Trump optó por la negación y el desmantelamiento de protecciones esenciales”.
El objetivo es que la EPA recupere la autoridad para regular la contaminación, lo que obligaría al gobierno federal a mantener la capacidad de limitar los gases responsables del calentamiento global, incluso si no ejerciera esa facultad a corto plazo.
El conflicto se remonta al fallo de la Corte Suprema de 2007, Massachusetts v. EPA, que estableció que los gases de efecto invernadero son contaminantes atmosféricos según la legislación vigente y que la agencia tiene la responsabilidad de actuar si estos representan un peligro para la salud o el ambiente.
Dos años después, la EPA publicó un análisis científico concluyendo que seis gases, incluidos el dióxido de carbono y el metano, suponían una amenaza para las generaciones presentes y futuras.
El trasfondo científico y político
Diversos estudios científicos documentan que la quema de combustibles fósiles eleva las temperaturas globales, acidifica los océanos y provoca fenómenos como olas de calor, sequías e incendios.
Estados Unidos es responsable de más del 20 % del dióxido de carbono emitido desde 1751, ubicándose como el segundo mayor emisor actual tras China.
La administración Trump, que definió el cambio climático como “un engaño”, evitó usar ese argumento en la reciente revocación y centró su defensa en razones jurídicas.
La portavoz de la EPA, Brigit Hirsch, precisó: “En ausencia de autoridad legal, la agencia no puede mantener las regulaciones derivadas de la determinación de peligro”.
En la actualidad, la desaparición de este fundamento legal abre la puerta a desmontar la regulación climática desde su origen. Si los tribunales convalidan la medida, gobiernos futuros no podrán reinstaurar restricciones por la vía de regulaciones convencionales.
El futuro del litigio y sus posibles repercusiones
Expertos como Richard Lazarus, profesor de derecho ambiental en la Universidad de Harvard, consideran que los estados podrían lograr una victoria inicial en tribunales inferiores.
El objetivo de la administración Trump sería escalar el caso a la Corte Suprema, que, tras los cambios en su composición desde 2007, presenta un escenario incierto.
El resultado de este litigio determinará si el gobierno federal mantiene la facultad de actuar contra la contaminación que contribuye al calentamiento global.
El fallo podría redefinir el alcance de la regulación ambiental en Estados Unidos y establecer un precedente para las próximas generaciones.
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