La mayor planta de carne de Estados Unidos prepara una huelga que amenaza los precios: claves del conflicto y razones de la protesta

Casi 4.000 trabajadores de la mayor planta procesadora de carne de Estados Unidos preparan una huelga que podría alterar los precios de la carne y complicar la situación política de Donald Trump ante el descontento social por el alto costo de vida. La protesta, programada para el 16 de marzo en la instalación de JBS USA en Greeley, Colorado, representa la primera huelga de su tipo en la industria cárnica estadounidense en décadas.

La magnitud de la protesta, programada para el 16 de marzo, se refleja no solo en los 3.800 empleados convocados, sino también en el contexto económico: el precio de la carne molida aumentó un 15% durante el último año. La acción sindical, organizada por UFCW Local 7, llega tras nueve meses de negociaciones fallidas sobre un nuevo contrato.

El apoyo fue prácticamente unánime: el 99% de los empleados representados por UFCW Local 7 votó a favor de autorizar la huelga, dejando en evidencia la profundidad del conflicto y la demanda por mejoras laborales.

La planta de JBS en Colorado: epicentro de las tensiones laborales

Kim Cordova, presidenta de UFCW Local 7, señaló que desde la sindicalización de la planta en la década de 1990, nunca se había producido una acción de este tipo. Cordova explicó a The Guardian que, según su percepción, la industria “no ha tenido una disputa laboral desde hace mucho tiempo porque contrata mano de obra muy vulnerable y la expectativa es que no protesten”.

La dirigente acusa a JBS de alargar deliberadamente el proceso de negociación, presentar aumentos salariales anuales inferiores al 2% y omitir mejoras en los costos de salud, además de enfrentar denuncias de robo sistemático de salarios. Según Cordova: “Han cometido prácticas laborales desleales. Despidieron a miembros del comité de negociación y trataron de eliminar opciones sobre la mesa, como un bono de pago”.

Muchos trabajadores de la planta son inmigrantes, incluidos refugiados y personas con protección migratoria. En la fábrica se hablan hasta 57 idiomas distintos.

Cordova detalló que JBS llegó a cobrar a los empleados la reposición del equipo de protección personal: “Algunos equipos cuestan USD 1.100 y les descuentan el valor total de su salario”. También afirmó que la empresa presionó con contratos poco atractivos y buscó eliminar primas si los empleados no aceptaban las propuestas mínimas del empleador.

Reacciones sindicales y testimonios

Las tensiones laborales han llevado a la presidenta de UFCW Local 7 a denunciar que JBS despidió a integrantes del comité de negociación y que las prácticas de la empresa atentan contra los derechos de los trabajadores.

Al ser consultada por el periódico británico The Guardian sobre el trasfondo de la protesta, Cordova enfatizó que existe una cultura de represión dentro de la compañía, cuyas consecuencias afectan especialmente a empleados migrantes y vulnerables.

Según Cordova, la presión sobre los salarios y el endurecimiento de condiciones laborales han profundizado el malestar entre los trabajadores, quienes aseguraron que “el costo de vida supera ampliamente los ingresos, y muchas familias apenas pueden adquirir la carne que procesan a diario”.

Demandas, antecedentes y vínculos con la administración Trump

Las tensiones en Greeley aumentaron tras una demanda que acusa a JBS de discriminar a empleados haitianos incrementando la velocidad de las líneas de producción específicamente para ellos, bajo supuestos engaños en la contratación.

De forma paralela, compañías tercerizadas de limpieza recibieron sanciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos por emplear a menores de edad en la planta. JBS acordó en enero de 2025 el pago de una multa de USD 4.000.000 para resolver el caso de trabajo infantil, aunque no admitió responsabilidad.

Cordova establece una relación directa entre la postura empresaria y los vínculos políticos de JBS: “Creo que se sienten envalentonados por su relación con la administración. Fueron el mayor donante para la investidura de Trump”.

De acuerdo con los registros, Pilgrim’s Pride, filial de JBS en Estados Unidos, aportó cinco millones de dólares al comité inaugural de Trump y J.D. Vance, la mayor contribución individual a ese evento.

En septiembre de 2025, el copropietario de JBS, Joesley Batista, se reunió con Trump. Según la agencia de noticias Reuters, este encuentro suavizó la postura del presidente estadounidense hacia Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario de Brasil.

La administración Trump propuso recientemente una norma para permitir el aumento de la velocidad de las líneas en plantas avícolas y porcinas, justificando que reduciría los costos para las familias. La UFCW Local 7 cuestionó duramente la iniciativa al considerar que la seguridad laboral de los empleados tanto de esta planta como del resto de la industria cárnica estadounidense quedaría en peligro.

Las cifras del conflicto y los acuerdos sindicales

Desde la empresa, un portavoz equivalente de JBS USA aseguró que la planta de Greeley “opera en pleno cumplimiento de todas las leyes laborales y de empleo federales y estatales”. La compañía adelantó que, si la huelga se concreta, relocalizará temporalmente parte de las operaciones para minimizar las interrupciones a los clientes.

JBS destacó en su comunicado a The Guardian que, “Pese a nuestros continuos esfuerzos por alcanzar un acuerdo justo y responsable, Local 7 optó por poner fin a las negociaciones y cancelar el contrato que teníamos vigente”.

La firma sostiene que su propuesta se ajusta al convenio nacional firmado en 2025 junto a UFCW International, que, según la empresa, ya ha proporcionado “mayores salarios, pensión segura y estabilidad financiera a largo plazo para los empleados en nuestras otras instalaciones principales”. El portavoz señaló que UFCW Local 7 se ha negado a permitir que los trabajadores voten la oferta actual.

Las cifras fortalecen la posición empresarial: JBS Beef North America obtuvo ingresos récord por USD 7.200 millones en el tercer trimestre de 2025.

Pese a esos resultados, el sindicato asegura que los empleados apenas pueden comprar la carne que ellos mismos procesan y denuncia que la empresa registra el mayor número de muertes de trabajadores durante la pandemia de Covid en el sector cárnico de Estados Unidos, así como acusaciones de tráfico de personas y sobrecarga laboral por el aumento de los ritmos de producción.

La disputa en la planta de Colorado surge tras acuerdos alcanzados en 2025 entre JBS y otros sindicatos locales de UFCW, lo que beneficia a 26.000 trabajadores. Hasta ahora, ningún dirigente ni portavoz de JBS se ha pronunciado sobre la demanda de discriminación ni sobre las acusaciones de robo de salarios en la planta de Greeley.