El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una flexibilización de las sanciones que pesan sobre el sector petrolero de Venezuela al autorizar, mediante una licencia general, una amplia gama de transacciones vinculadas al crudo de origen venezolano.
La medida, formalizada este jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), habilita operaciones que hasta ahora estaban prohibidas, en un intento por impulsar la inversión, aumentar la producción y reinsertar gradualmente el petróleo venezolano en los mercados internacionales bajo un nuevo esquema de control.
La llamada Licencia General N.º 46 permite transacciones que involucren al régimen de Venezuela y a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que sean “ordinariamente incidentes y necesarias” para actividades como la extracción, exportación, reexportación, venta, almacenamiento, comercialización, transporte y refinación de crudo venezolano.
Según el texto oficial, estas operaciones pueden ser realizadas por una “entidad estadounidense establecida”.
“El Departamento del Tesoro emitió una licencia general que autoriza transacciones vinculadas al levantamiento, exportación y refinación de petróleo de origen venezolano”, señaló la dependencia en un comunicado, en el que subrayó que el objetivo es facilitar operaciones energéticas bajo reglas claras y verificables.
La administración del presidente Donald Trump considera que este paso puede contribuir a reactivar una industria clave que durante años operó bajo severas restricciones financieras y comerciales.
La licencia establece que todo contrato con el régimen chavista, PDVSA o sus filiales debe regirse por las leyes de Estados Unidos y prever que cualquier disputa se resuelva en tribunales estadounidenses. Además, cualquier pago monetario a personas o entidades bloqueadas deberá depositarse en fondos especiales controlados por el propio Tesoro, conforme a una orden ejecutiva firmada el 9 de enero de 2026.
El documento también detalla qué operaciones quedan excluidas. No se autorizan pagos “que no sean comercialmente razonables”, ni aquellos realizados mediante canjes de deuda, oro o activos digitales emitidos por el Estado venezolano, incluido el petro.
Tampoco están permitidas transacciones que involucren a personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, ni operaciones relacionadas con empresas controladas por capital chino en Venezuela o Estados Unidos. Asimismo, la licencia no habilita el desbloqueo de activos previamente congelados ni operaciones con embarcaciones sancionadas.
Otro aspecto central es el sistema de reporte obligatorio. Las empresas que exporten o comercialicen petróleo venezolano hacia destinos distintos de Estados Unidos deberán enviar informes detallados al Departamento de Estado y al Departamento de Energía. Estos reportes deben incluir las partes involucradas, los volúmenes y valores de las operaciones, los países de destino final y cualquier impuesto o pago efectuado al régimen chavista. El primer informe deberá presentarse dentro de los diez días posteriores a la transacción inicial y luego cada 90 días mientras continúen las operaciones.
Desde el Tesoro aclararon que la licencia “no exime a ninguna persona del cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales”, como el Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, lo que mantiene vigentes controles adicionales sobre exportaciones sensibles.
La decisión llega semanas después de la captura y extradición de Nicolás Maduro, la instalación del régimen interino liderado por Delcy Rodríguez y la reforma de la Ley de Hidrocarburos en Venezuela, que busca atraer inversión privada y extranjera al sector petrolero.
El presidente Donald Trump ha reiterado que su administración mantendrá el control sobre los ingresos petroleros y que solo serán liberados fondos destinados a proyectos que beneficien directamente a la población venezolana.
Analistas energéticos señalan que esta flexibilización puede facilitar el regreso gradual de compañías petroleras estadounidenses y de otros países aliados, interesadas en aprovechar las vastas reservas venezolanas, estimadas entre las mayores del mundo. Sin embargo, destacan que el marco sigue siendo restrictivo y altamente supervisado, lo que limita maniobras financieras y busca evitar que los ingresos petroleros escapen al control internacional.
La decisión del Tesoro marca uno de los cambios más relevantes en el régimen de sanciones aplicado a Venezuela en los últimos años. Aunque no supone un levantamiento total, redefine el alcance de las prohibiciones y establece un nuevo equilibrio entre presión política y pragmatismo energético en un contexto global marcado por la volatilidad de los mercados de petróleo.
(Con información de AFP, Bloomberg y Reuters)
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