Una nueva legislación en Texas faculta a sus residentes a demandar a personas sospechosas de fabricar, distribuir o enviar píldoras abortivas dentro o fuera del estado. Esta norma, que entró en vigor el jueves 4 de diciembre, impone sanciones económicas mínimas de 100,000 dólares a proveedores de servicios de aborto por enviar estos medicamentos al territorio texano.
Los fabricantes de comprimidos abortivos también pueden ser demandados. La ley excluye explícitamente a las mujeres que consumen los fármacos de cualquier responsabilidad civil.
El texto legal se convierte en el primer desafío legislativo a las denominadas “leyes escudo”. Estados como Massachusetts y Nueva York implementaron estos estatutos tras la derogación del caso Roe v. Wade, con el objetivo de proteger a médicos y proveedores de servicios de aborto de procesos judiciales provenientes de otras jurisdicciones.
De acuerdo con el proyecto #WeCount de la Society of Family Planning, para finales de 2024 los proveedores de estos estados facilitaban más de 12,000 abortos mensuales en lugares donde el procedimiento está prohibido, entre ellos Texas.
El presidente de Texas Right to Life y uno de los principales impulsores de la ley, John Seago, declaró que estos agentes “están excediendo su jurisdicción y autoridad al entrar en Texas y dañar a las mujeres de Texas, además de matar bebés texanos con píldoras abortivas”.
Seago afirmó que espera desencadenar un enfrentamiento legal que podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos: “pensamos que se producirá una especie de enfrentamiento entre Texas y Nueva York. Me interesaría mucho ver ese caso. De hecho, queremos provocarlo”.
Similitud con la Ley SB8
La nueva ley texana guarda similitud con otra de 2021, la llamada SB8, que permitía a ciudadanos comunes presentar demandas civiles contra quienes “auxiliaran o promovieran” abortos, incluso desde otras jurisdicciones. Aunque esa normativa detuvo la operación de clínicas abortivas locales, pocas personas presentaron realmente demandas.
Desde la caída de Roe v. Wade hace tres años, los grupos antiaborto han concentrado sus esfuerzos en frustrar la expansión de leyes escudo y el uso de la telemedicina, que responde por una cuarta parte de los abortos en Estados Unidos. Paradójicamente, el uso de píldoras abortivas ha incrementado, elevando la cantidad total de procedimientos en el país pese a las restricciones.
Hasta el momento, las acciones judiciales emprendidas por activistas contrarios al aborto han arrojado pocos resultados concretos. El fiscal general texano, Ken Paxton, presentó demandas en Nueva York contra una doctora acusada de enviar estos medicamentos y contra un funcionario local que alegó que la ley escudo de su estado le impedía ejecutar una multa impuesta por Texas.
Un juez de Nueva York desestimó en octubre la demanda contra el funcionario, sosteniendo que simplemente acataba la legislación estatal. Casos similares en Louisiana y California tampoco han avanzado.
La ley texana impacta directamente a personas como Amelia, una residente del estado que usó las píldoras proporcionadas por Map. “La nueva ley me repugna”, relató Amelia tras experimentar gran angustia al saber que estaba embarazada. Narró que el aborto en sí fue simple: “tomé las pastillas, descansé con mi esposo, comí sushi para cenar… Me siento bendecida de tener esa opción. Si algún día decido tener un hijo, sé que habré tomado la decisión correcta para mí”.
Sin embargo, Amelia admite que la situación actual la hace considerar la posibilidad de mudarse: “Esto me enfurece. Es muy desalentador. Da miedo para mí, para todas las mujeres, para todas las personas capaces de gestar, para las familias”.
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