Acusaron a un sheriff de Massachusetts de usar su cargo para extorsionar a una empresa de cannabis

El sheriff Steven W. Tompkins, titular del Departamento del Sheriff del condado de Suffolk, fue arrestado y enfrenta cargos federales de extorsión, según la Fiscalía del Distrito de Massachusetts. De acuerdo con la acusación formal, Tompkins, de 67 años, está imputado por dos cargos de “extorsión bajo el color de derecho oficial” tras supuestamente usar su posición para obtener ventajas financieras de una empresa de cannabis con sede en Boston. La detención se realizó en el Distrito Sur de Florida, y se anunció que tendría su primera comparecencia ante un tribunal federal este viernes 8 de agosto.

Las autoridades federales informaron que, desde 2019, una empresa identificada como “Company A” buscaba el permiso estatal para abrir un dispensario de cannabis en Boston. La empresa debía asociarse con instituciones locales como parte de los requisitos regulatorios. Para ello, estableció un convenio con el SCSD para recibir candidatos procedentes de su programa de reinserción, como confirmó la carta de aprobación firmada por Tompkins en septiembre de 2019 y remitida a la Massachusetts Cannabis Control Commission.

El proceso de obtención y renovación de la licencia incluyó la reiterada referencia al convenio con el SCSD en la documentación oficial. Una vez superada la etapa de permisos, Company A preparó una oferta pública inicial y buscó inversionistas institucionales y de alto perfil, nunca pequeños inversionistas individuales, según los expedientes judiciales difundidos este viernes.

Cargos y transacciones financieras

Según los documentos federales presentados, Tompkins presionó a un ejecutivo identificado como “Individual A” para obtener acciones de la empresa, recordando su papel en la ayuda para conseguir la licencia. El ejecutivo manifestó temor a que Tompkins pudiera usar su cargo para perjudicar la alianza estratégica y, por tanto, la vigencia de la licencia y la salida a bolsa de la empresa. En noviembre de 2020, Tompkins realizó una transferencia de 50.000 dólares desde su cuenta de retiro al ejecutivo, obteniendo acciones a precio previo a la salida a bolsa. Adquirió 28.883 acciones a 1,73 dólares cada una, equivalentes posteriormente a 14.417 acciones tras una división inversa de valores.

En el lanzamiento público de las acciones a mediados de 2021, el precio llegó a 9,60 dólares por título, con lo que la inversión inicial de Tompkins aumentó de valor hasta aproximadamente 138.403 dólares. Sin embargo, con la caída del precio de las acciones en mayo de 2022, el capital de Tompkins descendió a una suma inferior a los 50.000 dólares originales. Según la acusación, Tompkins exigió entonces la devolución íntegra del importe invertido, a lo que el ejecutivo accedió. Entre mayo de 2022 y julio de 2023, Tompkins habría recibido cinco cheques por el monto, algunos de ellos con el concepto “pago de préstamo” o como “gasto de la empresa” para ocultar la verdadera naturaleza de la operación, según la fiscalía.

Reacciones oficiales y marco legal

La fiscal federal Leah B. Foley señaló que “los funcionarios electos, especialmente quienes forman parte de las fuerzas de seguridad, deben ser éticos, honestos y respetuosos de la ley; no servirse a sí mismos”, y afirmó que perseguirán cualquier caso de corrupción pública. Por su parte, el agente especial a cargo de la FBI – División Boston, Ted E. Docks, sostuvo que “lo que el sheriff consideró una oportunidad fácil de enriquecimiento es corrupción clara bajo la ley federal” y enfatizó que los funcionarios públicos deben regirse por los más altos estándares. La pena máxima por cada cargo es de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.

Tompkins lidera un cuerpo de aproximadamente 1.000 empleados y fue nombrado sheriff en 2013, ganando elecciones en años posteriores. La acusación indica que Tompkins se valió de su influencia institucional para conseguir beneficios personales relacionados con la oportunidad de inversión en la empresa de cannabis. La Fiscalía subrayó que, hasta que no exista una sentencia judicial, el acusado se presume inocente.

Especialistas de la Oficina del Fiscal Federal, fiscales de la unidad contra la corrupción y representantes del IRS colaboran en la investigación y en el procesamiento del caso. Las autoridades reiteraron que mantienen la lucha contra la corrupción como prioridad en la región.