La tragedia de la barcaza en Miami expuso varias lagunas legales

El choque de una barcaza contra un velero en la Bahía Biscayne, que provocó la muerte de tres niñas y dejó a otra gravemente herida, ha puesto en el centro del debate las lagunas legales que permiten la operación de remolcadores menores de 26 pies sin la supervisión de un capitán con licencia. El accidente, ocurrido poco después de las 11:00 del lunes de la semana pasada entre las islas Hibiscus y Monument, frente a Miami Beach, ha generado cuestionamientos sobre la regulación y la seguridad en una de las zonas náuticas más transitadas del sur de Florida. La investigación, liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos, sigue en curso mientras expertos y familiares exigen respuestas y cambios normativos, según reportó el Miami Herald.

El trágico incidente involucró una barcaza que transportaba una grúa y materiales de construcción, empujada por un remolcador cuyo operador no ha sido identificado públicamente. La embarcación colisionó con un Hobie Getaway de 17 pies en el que viajaban cinco niñas, participantes de un campamento de verano del Miami Yacht Club, y una consejera de 19 años. Las víctimas mortales han sido identificadas como Mila Yankelevich, de 7 años; Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman, de 10, quien falleció días después en el Hospital Jackson Memorial. De las otras ocupantes, una fue dada de alta y otra recibió atención médica en el lugar, junto con la consejera. Todas llevaban chalecos salvavidas al momento del accidente, de acuerdo con la Guardia Costera.

La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade determinó que Mila y Erin murieron por ahogamiento. Las pruebas de sobriedad realizadas al operador del remolcador, a otro tripulante de la barcaza y a la consejera del campamento arrojaron resultados negativos para drogas y alcohol, según informó la Guardia Costera. Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres del operador, la tripulación ni la empresa propietaria de la barcaza o el remolcador.

La barcaza implicada en el accidente operaba bajo una normativa federal que exime a los remolcadores de menos de 26 pies de la obligación de contar con un capitán con licencia. Esta laguna legal, confirmada por expertos marítimos y por una revisión de las normas de la Guardia Costera realizada por el propio medio, permite que operadores sin la formación y certificación requeridas para embarcaciones mayores conduzcan remolcadores comerciales en aguas congestionadas. Un capitán retirado de ferry, barcaza y remolcador, con amplia experiencia en el sur de Florida, explicó que las empresas suelen aprovechar esta excepción para reducir costos y requisitos, llegando incluso a publicitar vacantes con la frase “¡No se requiere capitán con licencia!” para este tipo de embarcaciones.

El mismo experto señaló que la barcaza transportaba una grúa de gran tamaño, lo que probablemente obstruía la visibilidad del operador desde la cabina del piloto. Fotografías y análisis de inteligencia artificial estiman que el remolcador involucrado mide menos de 26 pies, aunque la Guardia Costera se negó a confirmar la eslora cuando fue consultada. El capitán retirado subrayó la necesidad de que la Guardia Costera reevalúe estas regulaciones para evitar que tragedias similares se repitan.

Más allá de la cuestión de la licencia, las normas de la Guardia Costera exigen que toda embarcación mantenga una vigilancia adecuada, tanto visual como auditiva, para evaluar el riesgo de colisión. No está claro si la barcaza contaba con un vigía dedicado en el momento del accidente. Brett Rivkind, abogado especializado en lesiones personales marítimas, declaró que “debería haber habido una vigilancia adecuada y haberse mantenido una velocidad adecuada para no acercarse lo suficiente como para tener que tomar una acción evasiva como esa”. Testigos presenciales, entre ellos tres trabajadores que se encontraban en el techo de una casa en Hibiscus Island, relataron que no escucharon ninguna señal acústica de advertencia antes del impacto, a pesar de que las normas exigen el uso de bocinas cuando dos embarcaciones se aproximan y existe duda sobre las intenciones de una de ellas.

Los mismos testigos afirmaron que, en los minutos previos a la colisión, tanto la consejera como las niñas a bordo del velero gritaban y hacían señas para alertar a la barcaza, mientras que los trabajadores también intentaban advertir al operador.

William Cruz, uno de los techeros, relató: “Gritamos y gritamos, pero estábamos demasiado lejos; no nos iba a oír. Se dirigían directamente hacia los niños y, para cuando el hombre se dio cuenta, la barcaza ya estaba justo encima de ellos”. El capitán retirado consideró que, aunque el operador probablemente no podía oír desde la cabina, el vigía debió haberle informado de inmediato sobre la presencia de los niños y los gritos de advertencia.

El debate sobre la responsabilidad y la necesidad de cambios regulatorios ha cobrado fuerza tras el accidente. El capitán retirado enfatizó que el operador tenía el deber de evitar la colisión, independientemente de quién tuviera el derecho de paso, y comparó la situación con la conducción defensiva en carretera. Por su parte, Stuart Ratzan, abogado civil de Miami con más de treinta años de experiencia, aseguró que el accidente es parte de un problema mayor en las vías fluviales del sur de Florida, donde la actividad náutica ha aumentado desde la pandemia, incrementando la congestión y los accidentes. Ratzan afirmó: “Es indignante que un buque comercial impulsado por un remolcador operara en una zona donde navegan niños. Esto es una negligencia flagrante. Al fin y al cabo, tenían una obligación con los niños”.

Florida, con más de un millón de embarcaciones registradas, lidera el país en número de naves, según el informe anual de 2024 de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado. La Bahía Biscayne, en particular, se ha vuelto cada vez más concurrida, lo que agrava los riesgos para navegantes recreativos y campistas.

La investigación oficial sobre el accidente continúa, mientras la Guardia Costera ha evitado responder preguntas específicas sobre la aplicación de sus normas y los detalles del caso. El suboficial de tercera clase Nicholas Strasburg pidió paciencia al público mientras avanza la investigación formal. La falta de respuestas y la persistencia de vacíos regulatorios mantienen la preocupación entre expertos y familiares de las víctimas, quienes insisten en la urgencia de revisar y reforzar las normas para proteger a los más vulnerables en las aguas del sur de Florida.

El dolor de las familias y la indignación de la comunidad han evidenciado la urgencia de que las autoridades revisen y apliquen con rigor las regulaciones marítimas, con el objetivo de evitar que tragedias como esta se repitan.