Las autoridades migratorias de Estados Unidos han solicitado a propietarios de viviendas y administradores de propiedades la entrega de datos personales de sus inquilinos, incluyendo contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío, documentos de identificación y otros datos personales.
Esta medida ha generado preocupaciones legales entre expertos, ya que las solicitudes no cuentan con la firma de un juez y podrían violar la Ley de Vivienda Justa (“Fair Housing Act”), que prohíbe la discriminación basada en raza, color u origen nacional.
De acuerdo con información obtenida por The Associated Press, los requerimientos han sido realizados mediante citatorios administrativos firmados por funcionarios de la Unidad Antifraude de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Los documentos piden detalles no solo del inquilino principal, sino también de otras personas que residen en el mismo domicilio.
Eric Teusink, abogado inmobiliario en la zona de Atlanta, explicó a NBC News que varios de sus clientes han recibido en las últimas semanas citatorios solicitando archivos completos sobre sus inquilinos. “Una solicitud de alquiler puede incluir historial laboral, estado civil y vínculos familiares”, puntualizó Teusink.
Según el letrado, las solicitudes han generado confusión entre los propietarios, acostumbrados a recibir citatorios judiciales por otros motivos, como entrega de grabaciones de videovigilancia o cooperación con investigaciones policiales. Sin embargo, en esos casos, los documentos sí llevan la firma de un juez.
Teusink concluyó, tras consultar a abogados de inmigración, que “cumplir es opcional. Mientras no estén firmados por un juez, estas cartas son básicamente una solicitud de información por parte de un funcionario”. Agregó: “Parecía que estaban en una expedición de pesca”.
Stacy Seicshnaydre, profesora de Derecho en la Universidad de Tulane especializada en legislaciones de vivienda, advierte sobre los riesgos de que algunos propietarios asuman que deben cumplir sin cuestionar. “El peligro aquí es la sobreactuación. Que un propietario reciba un citatorio no significa que sea una solicitud legítima”, afirmó.
Por su parte, Lindsay Nash, profesora de Derecho en la Universidad Yeshiva en Nueva York, resaltó que muchas personas al recibir este tipo de citatorios “piensan que parecen oficiales y que parte del lenguaje resulta amenazante, por lo que responden, incluso cuando, desde lo que puedo observar, algunos de estos citatorios han sido excesivamente amplios”.
Práctica controvertida y respuesta oficial
El proceso de uso de citatorios administrativos por parte de USCIS y el ICE no es nuevo. Históricamente, estos requerimientos se dirigen mayormente a cuerpos policiales estatales y locales, no a propietarios de vivienda.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, vocera de la agencia, defendió el uso de citatorios a propietarios, aunque no confirmó la existencia de un operativo masivo.
McLaughlin declaró que “es falso decir que se pueden ignorar simplemente los citatorios del ICE. El ICE está autorizado para obtener registros o testimonios a través de autoridades administrativas específicas. No cumplir puede derivar en graves sanciones legales. Los medios necesitan dejar de difundir estas mentiras”.
No obstante, expertos como Nash explican que, para convertir esos citatorios en obligaciones legales, el ICE debería presentar primero una demanda en una corte federal y conseguir la firma de un juez, paso imprescindible para obligar al destinatario a cumplir y para que éste pueda oponerse formalmente.
Impacto y reacción de propietarios
Anthony Luna, director ejecutivo de Coastline Equity, una empresa que administra unas mil unidades residenciales en el área de Los Ángeles, comentó que, ante rumores sobre los citatorios, varios encargados de propiedades locales han manifestado que no planean entregar información solicitada a menos que exista una orden judicial.
“Si realmente buscan delincuentes, ¿por qué no acuden a los documentos judiciales? ¿Por qué necesitan archivos de los proveedores de vivienda?”, cuestionó Luna en entrevista con NBC News.
En Boston, la abogada Jordana Roubicek Greenman relató que un propietario recibió una llamada confusa de un agente del ICE solicitando datos de un inquilino. La recomendación fue clara: “Le dije a mi cliente que no regresara la llamada”.
En este contexto, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes enfatizan campañas de “Conozca sus derechos”, que recomiendan rechazar la entrega de información o el acceso al domicilio en ausencia de una orden firmada por un juez.
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