Estados Unidos impuso este jueves nuevas restricciones de visados a familiares y colaboradores cercanos de personas con un probado historial de narcotráfico, en el marco de su estrategia para frenar la entrada al país de drogas como el fentanilo.
Así, la medida impulsada desde el Departamento de Estado, buscará impedir el ingreso de personas asociadas directamente a redes de tráfico ilícito, a la vez que funcionará como un elemento de disuasión ante la continuidad de estas actividades.
“La imposición de restricciones de visado a los narcotraficantes, sus familiares y estrechos colaboradores personales y comerciales no solo impedirá su entrada a Estados Unidos, sino que servirá de elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas”, aseguró el secretario Marco Rubio en un comunicado.
El texto recordó además que Estados Unidos utilizará “todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas que entran al país y perjudican a los ciudadanos estadounidenses”, una de las prioridades del Gobierno.
Desde enero pasado, cuando Donald Trump asumió nuevamente la presidencia, la Administración estadounidense ha convertido la lucha contra el tráfico de droga, y en particular el combate al fentanilo, en uno de los ejes centrales de su estrategia política y migratoria.
A partir de la elevada mortalidad asociada al consumo de opioides sintéticos y la crisis que ha generado en la sociedad, el gobierno consideró prioritario la adopción de medidas excepcionales dentro y fuera del ámbito migratorio.
“La crisis del fentanilo en Estados Unidos no tiene precedentes, y las sobredosis siguen siendo la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años”, expuso Rubio y sumó que en 2024 se han registrado más de “220 muertes diarias por sobredosis”, lo que representa una de las tasas más altas de mortalidad vinculada al consumo de sustancias ilícitas en la historia reciente del país.
En ese contexto y en línea con la política del Gobierno, el Congreso aprobó en junio un proyecto de ley destinado a endurecer las penas asociadas al tráfico de fentanilo.
La denominada Ley HALT Fentanyl recibió 321 votos a favor en la Cámara de Representantes, incluidos unos 100 miembros del bloque opositor demócrata, frente a 104 votos en contra y, dado que el Senado ya había aprobado la propuesta, la norma solo requería la firma de Trump para entrar en vigor.
El texto estableció una pena mínima de 10 años de prisión para quienes sean condenados por traficar más de 100 gramos de fentanilo o de una sustancia análoga.
El impulso detrás de la ley respondió, en parte, a la táctica de los cárteles de modificar continuamente la composición química de los análogos del fentanilo para evadir los controles regulatorios.
Es por ello que la nueva legislación clasificó “las imitaciones ilícitas de fentanilo” de forma permanente en la Lista 1, la categoría que agrupa a las drogas que no poseen un uso médico legítimo y tienen alto potencial de abuso.
Estas sustancias ya figuraban en esa clasificación desde 2018, aunque de manera temporal, por decisión administrativa.
“Cada año mueren más estadounidenses por sobredosis de drogas que los que murieron en toda la guerra de Vietnam”, argumentó entonces el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, en un intento por ilustrar la gravedad de la situación.
El gobierno de Trump ha responsabilizado a Canadá y México por las dificultades para contener la llegada de fentanilo, alegando que ambos países no han desplegado suficientes esfuerzos para contrarrestar el tráfico transfronterizo.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los cárteles mexicanos fabrican fentanilo de forma ilegal usando precursores químicos originarios de China, y que el producto final suele mezclarse con otras sustancias como la metanfetamina y la cocaína antes de cruzar hacia territorio estadounidense.
(Con información de EFE)
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