Miami aprueba acuerdo que permite a su policía colaborar con ICE en controles migratorios

La ciudad de Miami aprobó el martes un acuerdo que autoriza a policías locales a actuar en funciones limitadas de control migratorio bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La medida, conocida como acuerdo 287(g), fue votada en la Comisión de la Ciudad con tres votos a favor y dos en contra, en medio de un amplio rechazo por parte de residentes y organizaciones comunitarias.

El acuerdo permite a agentes seleccionados del Departamento de Policía de Miami interrogar, arrestar y detener a personas sospechosas de estar en el país sin autorización legal. Según informó NBC Miami, los comisionados Joe Carollo, Miguel Gabela y Ralph Rosado votaron a favor, mientras que Christine King y Damian Pardo lo hicieron en contra. La votación se produjo tras más de cinco horas de intervención pública en la que ningún ciudadano expresó apoyo al acuerdo.

El programa federal 287(g) forma parte de una política nacional que delega funciones migratorias en autoridades locales. Aunque no existe obligación legal federal para que la ciudad participe, las autoridades estatales han presionado a los gobiernos municipales para que colaboren con ICE, una estrategia respaldada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, según informó Axios.

¿Qué es el acuerdo 287(g) aprobado por la ciudad de Miami?

El acuerdo 287(g) es un programa federal creado tras una enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996. Permite que agentes locales de policía reciban capacitación y certificación de ICE para actuar como agentes migratorios bajo supervisión directa de personal federal. Según CNN, el acuerdo concede acceso a bases de datos de ICE y permite a los oficiales locales realizar funciones de detención y traslado de personas con presunta situación migratoria irregular.

En el caso de Miami, el jefe de la Policía, Manuel Morales, declaró ante los comisionados que solo tres oficiales serían designados inicialmente y que actuarían exclusivamente bajo coordinación directa de ICE. Morales advirtió que no firmar el acuerdo podría tener consecuencias legales o presupuestarias, como la posible pérdida de fondos federales, según indicó Axios.

El asesor legal de la ciudad, George Wysong, coincidió en que el rechazo al acuerdo podría generar repercusiones, aunque reconoció que no existe claridad total sobre cómo se aplicarían dichas consecuencias a nivel estatal o federal.

¿Qué dijeron los comisionados de Miami sobre el acuerdo con ICE?

Durante la sesión del martes, los comisionados expresaron posiciones diferentes sobre la colaboración con ICE. Ralph Rosado justificó su voto afirmativo afirmando tener “confianza en el Departamento de Policía” y señaló que el alcance del acuerdo es más limitado de lo que se creía inicialmente, según reportó Axios.

Por su parte, el comisionado Damian Pardo se opuso al acuerdo y propuso postergar la votación hasta que se resolvieran demandas legales relacionadas con la aplicación del programa en otras ciudades del estado. Pardo afirmó que “Miami es una ciudad compuesta por inmigrantes” y que el acuerdo genera un “clima que no favorece” a la comunidad, de acuerdo con declaraciones recogidas por Axios.

La comisionada Christine King también votó en contra. Según el mismo medio, expresó su preocupación por los efectos que tendría el programa en la relación entre la policía y sus electores, afirmando que la policía local no debería involucrarse en funciones federales a menos que esté expresamente obligada por la ley.

¿Qué opinan los residentes de Miami sobre la participación de la policía en operativos migratorios?

Durante la audiencia pública, decenas de residentes de Miami manifestaron su rechazo al acuerdo 287(g). Según CBS News Miami, ningún ciudadano se pronunció a favor durante el espacio de comentarios. Los asistentes expresaron temor a que el programa aumente la desconfianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales.

El residente Abel Delgado afirmó que el acuerdo pone a los oficiales en una posición “imposible”, al pedirles que arresten a sus vecinos por “perseguir el sueño americano”. Otra residente, citada por CBS, denunció abusos por parte de ICE y sostuvo que la medida no está alineada con el “estado de derecho”.

La maestra Madison Rodríguez dijo a CNN que muchos de sus estudiantes tienen miedo de asistir a clases o salir de sus casas ante la posibilidad de que sus familiares sean detenidos. Otros ciudadanos, como Amber Shapiro, alertaron sobre los costos legales que podría implicar una detención indebida y advirtieron que el acuerdo no es obligatorio ni está vinculado a la recepción de fondos federales.

¿Qué dice la ley estatal de Florida sobre la colaboración con ICE?

La legislación de Florida establece que los sheriffs o jefes de correccionales que operan cárceles de condado deben firmar acuerdos con ICE para participar en el programa 287(g). Sin embargo, no obliga a los departamentos de policía municipales que no gestionan centros de detención, según explicó el alcalde de South Miami, Javier Fernández, en declaraciones a CNN.

Fernández, abogado de profesión, demandó al gobernador Ron DeSantis y a la fiscal general del estado para obtener una sentencia que aclare si los municipios están legalmente obligados a firmar el acuerdo. Advirtió que involucrar a agentes locales en funciones migratorias podría generar demandas por detención indebida y representar un riesgo económico significativo para las ciudades.

De acuerdo con Axios, el gobernador ha presionado a los gobiernos municipales para adherirse al programa, llegando a advertir que podría suspender de sus cargos a funcionarios electos que se nieguen a colaborar con ICE. Tras un caso similar en Fort Myers, donde el concejo votó inicialmente contra el acuerdo, las autoridades locales terminaron aprobándolo por unanimidad tras una carta de advertencia del fiscal general estatal.

¿Cuántas ciudades en Estados Unidos participan en el programa 287(g)?

Según el sitio web oficial de ICE, hasta el 16 de junio de 2025 se han firmado más de 700 memorandos de acuerdo bajo el programa 287(g) en al menos 40 estados. Florida encabeza la lista de estados con mayor número de convenios, incluyendo ciudades como Doral, Hialeah, Homestead y Coral Gables, además de entidades estatales como universidades y agencias administrativas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describe el programa como un “multiplicador de fuerza” que permite ampliar el alcance de las autoridades migratorias sin necesidad de aumentar el personal federal, según reportó CNN.