Adriana Smith, enfermera de 30 años y madre de un niño de cinco, fue declarada con muerte cerebral en febrero tras sufrir coágulos en el cerebro. Sin embargo, continúa conectada a soporte vital en un hospital de Georgia, no por decisión médica o familiar, sino debido a la estricta ley estatal contra el aborto, que impide interrumpir embarazos una vez detectado el latido cardíaco del feto.
Smith tenía doce semanas de gestación cuando fue declarada legalmente muerta. Hoy, el feto ha alcanzado las 21 semanas. Su familia asegura que los médicos del Emory University Hospital les informaron que no pueden retirar los aparatos que mantienen el cuerpo de la mujer por el riesgo de que el procedimiento provoque la muerte fetal, lo cual estaría prohibido por la legislación estatal.
La llamada ley del “latido del corazón”, aprobada en 2019, pero puesta en práctica tras la anulación de Roe v. Wade por el fallo Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization en 2022, ha generado situaciones de alta complejidad como la de Smith. Su madre, April Newkirk, declaró a la cadena WXIA que su hija había acudido al hospital por intensos dolores de cabeza, fue medicada y enviada de vuelta a casa. Al día siguiente, su pareja la encontró jadeando. Fue entonces cuando se determinó su muerte cerebral.
La interpretación médica y legal de la ley de aborto en Georgia deja sin opciones a la familia
La situación ha llevado a que la familia Smith viva una pesadilla de más de tres meses, atrapada en un limbo jurídico que les impide tomar decisiones sobre el cuerpo de su ser querido. “Ella está embarazada de mi nieto, pero puede nacer ciego, con discapacidades motoras o incluso no sobrevivir”, declaró Newkirk en una entrevista. La mujer no ha confirmado si desean retirar el soporte vital, pero sí ha expresado su frustración ante la falta de alternativas.
En un comunicado enviado a medios, Emory Healthcare señaló que no puede comentar casos específicos debido a leyes de privacidad, pero afirmó que sus tratamientos se basan en “consenso clínico, literatura médica y orientación legal”, y que cumplen con la legislación vigente en Georgia. El hospital Northside, donde inicialmente fue atendida Smith, no respondió a solicitudes de comentario.
Según la ley estatal, los abortos están prohibidos una vez que se detecta actividad cardíaca fetal, lo que suele ocurrir alrededor de la sexta semana de embarazo. Existen excepciones cuando la vida de la madre está en peligro, pero el caso de Smith —legalmente muerta— representa un vacío legal no contemplado de forma clara. Lois Shepherd, profesora de derecho y bioética en la Universidad de Virginia, opinó que no cree que la ley obligue al hospital a mantener el soporte vital, pero admite que, desde Dobbs, el panorama legal se ha vuelto incierto: “Antes, un feto no tenía derechos. Ahora no sabemos”.
Un embarazo con complicaciones que podría prolongarse más de seis meses en un cuerpo sin vida
El caso podría convertirse en uno de los embarazos más largos registrados en una mujer con muerte cerebral. Según una revisión médica de 2021 dirigida por el doctor Vincenzo Berghella, especialista en medicina materno-fetal de la Universidad Thomas Jefferson, sólo se documentaron 35 casos similares en literatura médica. En promedio, los embarazos pudieron prolongarse por siete semanas. Smith fue declarada muerta mucho antes, lo que aumenta las complicaciones médicas y el riesgo de infecciones graves o fallos orgánicos.
Berghella advirtió que mantener vivo un cuerpo en estas condiciones es extremadamente complejo: “Es difícil mantener a la madre libre de infecciones o fallos cardíacos”. El estudio también documenta un caso en Alemania donde se logró un nacimiento vivo después de que la madre fuera declarada muerta a las nueve semanas de gestación, un antecedente similar al de Georgia.
Políticos, activistas y expertos se enfrentan en torno a los derechos del feto y la familia
Monica Simpson, directora ejecutiva de SisterSong, organización que ha liderado una demanda contra la ley de aborto en Georgia, criticó lo que calificó como una revictimización legal: “La familia merecía el derecho a tomar decisiones médicas. En su lugar, han soportado más de 90 días de sufrimiento, costos médicos exorbitantes y la crueldad de no poder cerrar este ciclo y comenzar a sanar”, declaró.
Por el contrario, el senador estatal republicano Ed Setzler, autor de la ley de 2019, defendió la postura del hospital: “Es completamente apropiado que se haga lo posible por salvar la vida del niño. Este caso es inusual, pero resalta el valor de la vida humana inocente”. Setzler agregó que si bien acepta que en ciertos casos se retire el soporte vital, la ley “es un control adecuado” cuando la madre está embarazada.
Georgia es uno de los estados que ha conferido “personalidad jurídica” al feto, lo que implica que un embrión o feto tiene derechos similares a los de una persona nacida. Según el Guttmacher Institute, doce estados prohíben el aborto en todas las etapas del embarazo, mientras que Georgia y otros dos aplican restricciones desde la sexta semana.
Casos anteriores y precedentes legales no bastan para guiar este dilema
El caso recuerda al de una mujer en Texas hace más de una década, que fue mantenida con soporte vital durante dos meses por estar embarazada. En esa ocasión, un juez determinó que el hospital malinterpretó la ley estatal y ordenó el retiro del soporte. A pesar de ese precedente, los cambios tras Dobbs han debilitado los marcos legales anteriores.
La familia de Smith continúa visitándola. Su hijo de cinco años ha sido testigo del deterioro de su madre, mientras su cuerpo es mantenido vivo artificialmente. El futuro del feto, como reconocen los propios médicos, sigue siendo incierto.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha ofrecido una vía legal alternativa para resolver el conflicto. Mientras tanto, Georgia permanece en el centro del debate sobre los límites de la ley, el poder del Estado y la autonomía familiar en decisiones médicas complejas.
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