Doce estados de Estados Unidos presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump en la Corte de Comercio Internacional en Nueva York, con el propósito de detener su política arancelaria, la cual califican de inconstitucional y perjudicial para la economía del país. El recurso legal argumenta que los aranceles fueron impuestos de forma arbitraria, sin respaldo legislativo y violando los límites de poder establecidos por la Constitución.
La demanda sostiene que Trump utilizó la Ley de Facultades Económicas en Casos de Emergencia Internacional (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) para justificar una serie de aranceles que, según los demandantes, fueron aplicados según sus “caprichos en lugar del ejercicio razonable de una autoridad legal”, una frase textual incluida en el documento judicial. Los estados solicitan al tribunal que declare las tarifas como ilegales y que impida su aplicación por parte de las agencias gubernamentales.
Los estados que figuran como demandantes son Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont. En conjunto, sostienen que el presidente alteró el orden constitucional al atribuirse poderes tarifarios que, según la demanda, corresponden exclusivamente al Congreso.
Los fiscales generales denuncian un uso “poco sano” de la ley de emergencia
Las autoridades de varios estados expresaron su rechazo al enfoque tarifario adoptado durante el gobierno de Trump. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, emitió un comunicado en el que calificó el esquema como “poco sano” y afirmó que “no solo es económicamente temerario —es ilegal”, una declaración recogida en la cobertura de Associated Press.
Desde Connecticut, el fiscal general William Tong también se manifestó enérgicamente contra las políticas arancelarias del presidente, asegurando que “las tarifas caóticas e ilegales de Trump son un impuesto masivo para las familias de Connecticut y un desastre para los negocios y el empleo en el estado”.
Los demandantes sostienen que, según la ley vigente, la IEEPA solo puede ser invocada cuando existe una amenaza “inusual y extraordinaria” que provenga del extranjero. En opinión de los estados, Trump declaró emergencias sin justificación suficiente para imponer aranceles a una amplia gama de productos importados, afectando tanto a consumidores como a empresas nacionales.
El Congreso, no el presidente, tiene la facultad constitucional para imponer tarifas
Uno de los ejes del argumento legal es que la autoridad para imponer aranceles reside en el Congreso de los Estados Unidos, no en el Poder Ejecutivo. Según la demanda, la Constitución otorga al Congreso el control sobre las tarifas comerciales, y cualquier desviación de ese marco representa una alteración del equilibrio institucional diseñado por los fundadores del país.
“Al reclamar la autoridad de imponer aranceles enormes y cambiantes sobre cualquier bien que entre a Estados Unidos, por cualquier razón que le convenga declarar como emergencia, el presidente ha alterado el orden constitucional y provocado caos en la economía estadounidense”, señala el texto judicial, según citó AP.
En ese sentido, los estados denunciantes piden al tribunal que emita una orden judicial para impedir que las agencias federales continúen implementando los aranceles basados en decretos presidenciales sin autorización legislativa.
California también demanda por el impacto económico en sus ingresos por importaciones
La demanda colectiva de los doce estados no es el único desafío legal contra la política arancelaria de Trump. La semana anterior, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, presentó una demanda separada ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, también centrada en las consecuencias económicas de los aranceles.
Newsom argumentó que su estado, el mayor importador del país, podría enfrentar la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos debido a las tarifas impuestas. Associated Press reportó que esta acción legal apunta a proteger la economía californiana, altamente dependiente del comercio internacional.
Como respuesta a la demanda de Newsom, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la postura del gobierno federal, afirmando que “la administración Trump sigue comprometida con afrontar esta emergencia nacional que está diezmando las industrias estadounidenses y dejando atrás a nuestros trabajadores, utilizando todas las herramientas a nuestra disposición, desde aranceles hasta negociaciones”, según citó AP.
El Departamento de Justicia no se ha pronunciado sobre la demanda
Hasta el momento de la presentación de la demanda, el Departamento de Justicia no había emitido comentarios oficiales respecto al litigio impulsado por los doce estados. No está claro si el gobierno federal presentará una moción para desestimar el caso, o si optará por defender la legalidad de las medidas tarifarias basadas en la IEEPA.
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