El incendio que devasta la costa de Los Ángeles desde la semana pasada ha dejado una estela de destrucción sin precedentes. Con pérdidas que superan los 50.000 millones de dólares, este desastre natural se ha convertido en el más costoso en la historia de Estados Unidos, de acuerdo con información de The Wall Street Journal.
Su impacto ha expuesto la fragilidad del mercado de seguros en California, pues miles de residentes se enfrentan ahora a un futuro incierto, dependiendo de programas estatales y federales insuficientes, ayuda caritativa y sus propios recursos para reconstruir lo perdido.
State Farm anunció el año pasado que no renovaría las pólizas de 30.000 habitantes de California, incluido el 69% de los residentes en el vecindario de Pacific Palisades, una de las áreas más afectadas por los recientes siniestros, según reportó el periódico.
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Cómo se pagará la reconstrucción de California
El plan estatal de último recurso de California, conocido como Plan FAIR, contaba con 451.000 pólizas residenciales en septiembre, es decir, 40% más que el año anterior. Este limita los daños a las viviendas a 3 millones de dólares y cuenta con 1.430 pólizas en Pacific Palisades, donde el costo promedio por hogar alcanza los 3.4 millones de dólares, según WSJ.
La solvencia del plan también está en tela de juicio. Aunque una portavoz asegura que puede cubrir todas las reclamaciones, su sostenibilidad a largo plazo se ve amenazada por la creciente frecuencia de incendios.
La ayuda federal: una red limitada
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) proporciona apoyo inmediato en casos de desastres, incluyendo refugio temporal y suministros básicos. Sin embargo, los fondos asignados son insuficientes para enfrentar catástrofes de esta magnitud. El máximo permitido por FEMA para reparaciones de vivienda es de 43.600 dólares por familia, un monto que apenas cubre las necesidades básicas.
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“Incluso si recibes la cantidad total de asistencia para la vivienda, eso no va a ser suficiente para reconstruir una casa”, explicó Madison Sloan, directora de proyectos de recuperación en Texas Appleseed, una organización sin fines de lucro, a The Wall Street Journal.
Grupos como la Cruz Roja Estadounidense también están movilizándose para proporcionar ayuda humanitaria. Sin embargo, las necesidades de las comunidades devastadas superan ampliamente las capacidades de estos programas.
El papel del Congreso y la incertidumbre política
El papel del gobierno federal podría extenderse más allá de la asistencia de emergencia, pero esto dependerá del Congreso. Históricamente, los legisladores han tardado meses o incluso años en asignar fondos significativos para la recuperación. Por ejemplo, la asignación de recursos tras la supertormenta Sandy en 2012 tomó tres meses, y la reconstrucción de Lahaina, Hawái, sigue en marcha más de un año después de los incendios forestales ocurridos en agosto de 2023.
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Los costos recaen en los propietarios
Cuando los seguros y la asistencia gubernamental no logran cubrir las pérdidas, los propietarios se ven obligados a asumir el resto de los costos. Tras el incendio Marshall de 2021 en Colorado, un estudio citado por el periódico reveló que el 36% de los arrendatarios descubrieron que sus pólizas cubrían menos de tres cuartas partes de los costos de reemplazo de sus viviendas.
En áreas afectadas como Altadena y Pacific Palisades, donde los precios de las propiedades se han duplicado en la última década, muchos propietarios podrían decidir vender sus terrenos aún valiosos. Este fenómeno ya se ha observado en otros desastres. En Nueva Jersey, después de la Sandy, los terrenos devastados fueron adquiridos por compradores adinerados en búsqueda de segundas viviendas, transformando comunidades de clase trabajadora en zonas exclusivas.
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“En algún momento, esa era una comunidad de gente común y corriente que trabajaba duro”, recordó Jody Stewart, residente de Nueva Jersey, donde casi todas las propiedades de su calle cambiaron de manos tras el desastre.
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