La Suprema Corte de Texas rechaza intervención legislativa y allana el camino para la ejecución de Robert Roberson

La Corte Suprema de Texas ha resuelto que una comisión legislativa no puede usar una citación como medio para detener una ejecución, una estrategia innovadora que los legisladores republicanos y demócratas habían empleado para aplazar la ejecución de Robert Roberson. Según AP, el juez republicano Evan Young afirmó que “la autoridad del comité para compelir testimonio no incluye el poder de anular el proceso legal programado que conduce a una ejecución”. CNN también reportó que esta decisión allana el camino para establecer una nueva fecha de ejecución para Roberson, quien había sido sentenciado a muerte en 2003 por el asesinato de su hija de dos años, Nikki Curtis. Este caso ha generado un debate acalorado debido a la controversia sobre la evidencia de “síndrome de bebé sacudido”, con la posibilidad de que Roberson sea la primera persona en los Estados Unidos ejecutada bajo este cargo.

NBC News destacó que la Comisión de Jurisprudencia Criminal de la Cámara había emitido una citación legislativa para que Robert Roberson testificara antes de su ejecución programada el 17 de octubre. Esto generó una serie de litigios que resultaron en una suspensión temporal de la ejecución, apenas horas antes de que se llevara a cabo. Sin embargo, la Corte Suprema de Texas dictaminó que “priorizar categóricamente una citación legislativa sobre una ejecución programada se convertiría en una herramienta legal potente que podría ser utilizada no solo para obtener testimonio necesario, sino para aplazar una ejecución”.

Los abogados y activistas han cuestionado la validez de la evidencia utilizada en el juicio de Roberson, citando avances en la ciencia forense que podrían sugerir que la niña murió debido a complicaciones severas de neumonía y no por abuso infantil. Telemundo resalta que Roberson siempre ha mantenido su inocencia, y su defensa, liderada por la abogada Gretchen Sween, afirma que el fallecimiento de Nikki fue “una tragedia, no un crimen”. La abogada aún tiene la esperanza de que el estado coopere para permitir que Roberson testifique, diciendo que su ejecución debería posponerse dado el “abrumador nuevo conocimiento de su inocencia”.

Esta situación ha generado tensiones entre la Fiscalía General de Texas y los legisladores, con acusaciones mutuas de desinformación. NBC News informó que estos enfrentamientos públicos incluyeron acusaciones de que los legisladores “han intentado engañar al público, afirmando falsamente que Roberson fue condenado injustamente a través del ‘junk science (ciencia basura)’”. Joe Moody, uno de los líderes en el esfuerzo por detener la ejecución, dijo a los medios que el retraso mediante la citación “nunca fue nuestra intención específica” y subrayó que la corte “reforzó nuestra creencia de que el Comité puede obtener el testimonio del Sr. Roberson” sin detener una ejecución.

La legislación de “ciencia basura” de 2013 en Texas, que permite cuestionar condenas basadas en ciencias forenses desactualizadas, ha sido una parte crucial del argumento para reexaminar el caso de Roberson. A pesar de esto, los tribunales penales más altos del estado han negado las apelaciones de Roberson basadas en esta ley. Según AP, el tribunal concluyó que “las preguntas de si Roberson es culpable o inocente de asesinato capital” deben resolverse en las cortes penales, no en las civiles.

Mientras se contempla una nueva fecha para la ejecución de Roberson, el caso sigue generando debates políticos y legales, especialmente en torno al uso de ciencias forenses modernas para revisar condenas pasadas. La expectativa ahora gira en torno a la posible intervención del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien podría otorgar un indulto de treinta días. Con el enfoque en la legitimidad de la evidencia científica y los derechos de los condenados, el caso de Roberson puede sentar precedentes cruciales para futuras revisiones judiciales.