
(Desde Washington, Estados Unidos) El embargo comercial de Estados Unidos a Cuba es la respuesta directa a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que el régimen totalitario ejecuta desde la llegada de Fidel Castro al poder.
No es una decisión política contra la sociedad cubana, es un recurso diplomático que se inició durante la presidencia Dwight Eisenhower para disuadir los actos de represión ilegal que siempre se ordenan desde la nomenclatura comunista.
Como los tres dictadores de Cuba -Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel- multiplicaron los casos de violencia paraestatal, Washington replicó con mayores sanciones económicas que involucran a terceros países.
John F. Kennedy avanzó tras la Crisis de los Misiles en 1962, Barack Obama no levantó el embargo en 2014 -pese al restablecimiento de relaciones diplomáticas-, y Trump en 2017 ordenó nuevas medidas porque Raúl Castro y Díaz-Canel transformaron a Cuba en un campo de concentración.

La ONG Prisoners Defenders denunció hace seis meses que hay 1.100 presos políticos en Cuba. El dato supone un aumento en el número de personas privadas de su libertad por razones políticas, que están a merced del régimen que lidera Díaz-Canel.
“Con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2024, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.100 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional”, denunció el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo.
Y completó: “En los últimos 12 meses, del 1 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2024, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 180 nuevos presos políticos, un promedio de 15 presos políticos nuevos cada mes”.

La represión ilegal implica presos políticos, trabajos forzados en las cárceles, torturas sistemáticas, control a los medios de comunicación, ausencia de libertad sindical, listas negras de docentes y académicos y censura a los contenidos culturales.
En Cuba no existen los derechos humanos. Díaz-Canel heredó la política de Estado de Raúl Castro, que a su vez continuó con la secuencia represiva que inició su hermano Fidel a principios de 1959.
La represión sistemática permite a la nomenclatura marxista controlar -todavía- el poder en Cuba. Sólo así se justifica que la sociedad no haya reaccionado pese a los cortes de luz, la inflación, la ausencia de combustible, la falta de alimentos básicos y el constante exilio de familiares, amigos y vecinos.

Además de la sistemática violación a los derechos humanos, el régimen comunista tiene una agenda geopolítica que incluye vínculos estrechos con China, Rusia, Irán y Corea del Norte. La situación económica en Cuba es asfixiante, y Vladimir Putin y Xi Jinping aportan fondos suficientes para mantener con un respirador a la dictadura de Díaz-Canel.
El apoyo de Putin y Xi -junto a Corea del Norte e Irán- no es un acto de fraternidad diplomática. Cuba está a noventa millas de Estados Unidos, y si en un momento de la historia contemporánea Nikita Khrushchev instaló misiles en la isla caribeña, esa perspectiva estratégica aún permanece vigente en Moscú y Beijing.
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) votó este miércoles a favor de levantar el embargo comercial a Cuba, y sólo Estados Unidos e Israel se opusieron. Este rechazo tiene su lógica global: Cuba está plegada a la política exterior de los principales enemigos de Washington y Jerusalén.

A lo largo de 65 años de dictadura, el régimen comunista perfeccionó su aparato de inteligencia y represión ilegal. Este conocimiento que viola todas las normas de la ONU fue exportado desde La Habana a Caracas, adonde Nicolás Maduro rige con puño de acero y el asesoramiento directo de oficiales cubanos que envió Díaz-Canel.
Maduro tomó la decisión de cometer fraude electoral junto a sus asesores cubanos, quienes además le enseñaron a perseguir, torturar, secuestrar y asesinar a los referentes de la sociedad civil que enfrentaron a su aparato represivo. Venezuela es proxy de Cuba, y desde La Habana se controla al régimen chavista.
El embargo comercial de Estados Unidos sólo pretende condicionar a la dictadura de Cuba. El embargo termina, cuando caiga el régimen iniciado por Fidel Castro.
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